El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Hacienda y Administración Pública, ha culminado los trámites para aplicar la bonificación del 95% en los recibos del IBI a más de 3.400 familias que residen en viviendas sociales de la Agencia AVRA de la Junta de Andalucía. El pleno municipal deberá aprobar la propuesta del equipo de gobierno para su aplicación.

Se suman así estos inquilinos a los de Emvisesa que desde 2016 ya tienen esta bonificación y por tanto han visto reducidos el coste de alquiler de sus viviendas desde este año. La bonificación, sin precedentes en el Ayuntamiento de Sevilla, es una propuesta del gobierno ratificada además por el Pleno extraordinario de vivienda del mes de noviembre de 2015 y recogida en las distintas propuestas de ordenanzas fiscales. Así, se establece una declaración de interés social que permite bonificar en un 95%  el IBI a estas viviendas siempre y cuando lo apruebe el Pleno del Ayuntamiento.

En el caso de AVRA, la medida llegará a 3.414 viviendas y a un total de 6.828 recibos (uno por semestre) con un importe total de 660.000 euros de reducción de los ingresos por esta medida. La reducción media de las cuotas que abonan los inquilinos de AVRA será de en torno a 220 euros anuales.


“Se trata de una de las medidas de rebajas fiscales de carácter social de mayor envergadura de las adoptadas en el Ayuntamiento de Sevilla, que es modelo para otras ciudades. Si este acuerdo lo aprueba el Pleno, ningún inquilino de viviendas sociales de Sevilla (ni de Emvisesa ni de AVRA) pagará el IBI, por lo que verá reducidas sensiblemente las cuotas que afronta por los alquileres”, explicó el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

Desde 2016 las viviendas de Emvisesa también están bonificadas en un 95% lo que ha permitido que desde este año 2017 las cuotas que abonan de alquiler se hayan reducido en una media de 200 euros al año contribuyendo así a la adecuación de los alquileres con carácter social planteada por el gobierno de la ciudad desde el inicio del mandato.


La culminación de los dos expedientes (Emvisesa y AVRA) ha sido de una enorme complejidad debido a ser una medida sin precedentes y con un alcance de casi 6.000 viviendas en total entre las dos empresas de vivienda (la municipal y la autonómica).