Las normativas de los órganos colegiados exigen que en ciertos asuntos sus decisiones sean tomadas por unanimidad. Pero en otros que ésta no se requiere, pese a tratar sobre cuestiones que admiten fundadas y diversas opiniones, cuando aparece la unanimidad resulta sospechosa de motivaciones interesadas en evitar la mínima discrepancia.

Es lo que ha sucedido recientemente en dos temas complejos. Uno ha sido la sentencia del Tribunal Supremo sobre el «procés» separatista de Cataluña, condenando unánimemente por sedición unos hechos que cabría también calificarlos como rebelión; mas ningún magistrado discrepó.

Y el otro es la unánime aceptación por la Conferencia Episcopal Española de la exhumación del general Franco tal como se está realizando; así como la ausente respuesta ante los atropellos que en el interior de la basílica del Valle de los Caídos (un lugar sagrado tomado por la Guardia Civil) está denunciando su prior. Mas tampoco se conoce que obispo alguno (¡y mira que los hay en España!) haya dicho ni mu.

Si sobre la unanimidad de la sentencia del Supremo se dice que fue para presentar una mayor firmeza por previsibles recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respecto a Franco, que fuera hijo predilecto y gran benefactor de la Iglesia, no parece que sea la firmeza la causa de la silente y miope unanimidad obispal.