Responsabilidades

Aún no se había aplicado el artículo 155 contra el gobierno traidor que dirigía Cataluña, cuando muchos teníamos la sensación de que tanto Rajoy, como dirigentes del PSOE, eran los primeros que no  deseaban aplicarlo. Querían impedirlo a toda costa; buscaban un camino que les quitase esa “carga” de encima, una “carga” que no era otra que su obligación de defender la unidad de España. Los políticos buscaban un camino muy diferente al que clamaba la inmensa mayoría del pueblo español, que junto a la valiente intervención del rey, no dieron más opción al gobierno que aplicarlo.

Parecía que un miedo generalizado se expandía entre la clase política; algunos comentaristas alegaban que era por el desconocimiento en su forma de aplicación, pues por primera vez se llegaba a este extremo; otros, por los graves efectos que podría tener; sin faltar quienes dudaban de la legalidad de llevarlo a término. En este último argumentario se basa la extrema izquierda para querer anular ahora en los tribunales la aplicación del 155. Históricamente la izquierda radical ha sido antiespañola y, aunque en su discurso reitere la palabra “Patria”, al estilo “bolivariano”, la usa vaciándola de su verdadero valor y contenido.

Pero no nos engañemos, en el fondo no hay miedo alguno a lo que pueda suceder aplicando con todo el rigor de la ley este artículo; se trata sólo de luchas políticas, unos para ganar votos con el que alcanzar el poder; otros, para no perder los sillones que tan rentable son, con sus prebendas y la sustanciosa jubilación que gozarán tras pocos años del ejercicio político.

Actuaban, y continúan actuando, con la vista puesta en las urnas, pues de ellas depende su futuro; miran las posibilidades de sus más cercanos adversarios políticos, de los que pueden quitarles votos, a la vez que estos piden cambios casi imposibles, que le serán rentables a ellos en escaños pero no buenos para España. La efímera vida del 155 y su débil aplicación denuncian estos amaños; como mínima muestra de ello nos vale la no intervención de la televisión catalana; que el ministro de cultura niegue la existencia de adoctrinamiento en las escuelas catalanas; tampoco se ha detenido a los mossos de escuadra, ni a los miles de golpistas, cuya actividad delictiva está recogida en infinidad de medios audiovisuales; se acusa al gobierno de intentar buscar muertes entre los manifestantes sin que se le exijan responsabilidades a quienes lo afirman; y, con toda seguridad, pronto veremos salir de prisión al grupo de golpistas que han arruinada a Cataluña y puesto a España en el más grave trance desde la Guerra Civil.  

Ya es hora de que quienes cobran de nuestro impuesto actúen como verdaderos políticos, personas que dedican su vida al bien común y no al bien propio; si así fuera, no estaríamos viendo el lamentable espectáculo que está dando nuestra clase política en tan graves momentos para nuestra Patria.

Mientras tanto, el ex presidente de la Generalidad, un independentista convencido, se pasea por todos los medios europeos insultando a España, al rey y al gobierno, buscando nuestro desprestigio internacional; quizás sea la forma que busca para pasar a la historia como un “mártir” de la “patria catalana”, antes que como un cobarde que abandonó a los suyos.

Se ha conculcado gravemente la ley mediante una rebelión, un golpe de estado que va a salir gratis a su promotores y a los delincuentes que tomaron las calles cercando a los Cuerpos de Seguridad del Estado y destruyendo los coches patrullas de la Guardia Civil. Esto lo han promovido los dirigentes catalanes que ahora reniegan de sus “principios” con la boca pequeña para salir de la cárcel. Este golpe al estado de derecho ha costado cientos de millones, no sólo por la movilización de las fuerzas de seguridad y mantenerlas durante meses en Cataluña, ni por el coste que supuso la huelga general, sino por la pérdida de miles de empresas catalanas que han salido de esa región buscando la seguridad en otras más seguras.

Pero todo indica que saldrán indemnes; es más, parece que a los independentistas, tras su golpe de estado, se les quiere premiar en lugar de castigar. El gobierno habla ahora de dotar a Cataluña de una hacienda propia, y del cupo vasco para tener contento a los otros separatistas. Hay quienes se preguntan qué hemos hecho los españoles para merecernos a tan irresponsables políticos, la respuesta es bien sencilla: votarles; y, lo que es peor, parece que en las próximas elecciones van a variar poco las cosas.

¿Saldrán indemnes los culpables de este golpe de estado? Si es así, qué legitimidad moral tendría el gobierno para reclamar mínimas deudas con las que la voracidad fiscal de Hacienda estrangula a millones de españoles que no pueden hacer frente a deudas menores; a españoles que tienen que renunciar a su herencia por la desigualdad del trato fiscal según las regiones que, paradójicamente, es mucho mayor en las más pobres. Un dinero que pagamos todos los españoles y que el gobierno reparte a manos llenas entre comunidades autónomas cuyos gobiernos, que no el pueblo, son los peores enemigas de España.


 

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