¿Por qué no celebramos el Día de Andalucía?

Vivimos en unos tiempos extraños en los que se han enraizado en la sociedad unos sofismas absurdos contra los que resulta difícil luchar. La izquierda y los nacionalistas -que son los que marcan la agenda- han hecho creer al conjunto de la ciudadanía que no estar a favor de determinada opción equivale a odiar a los que la defienden. Así, si alguien en su ingenuidad afirma, por ejemplo, que no es catalanista, gran parte de la opinión pública se echará encima de ese deslenguado acusándolo de odiar a Cataluña o tener “catalanofobia”. Y si uno resulta que no es feminista -al menos en el sentido normativo en el que la izquierda lo ha determinado hoy-, se le reprochará que odia a la mujer en general; e incluso si alguien rechaza que le tomen por socialista, algunos dirán que es que le tiene tirria a los obreros. Y así sucesivamente: ese es el nivel.

En VOX confesamos abiertamente que no somos andalucistas pero, antes de que nos lapiden como blasfemos incorregibles, nos apresuramos a declarar que amamos a nuestra tierra andaluza como los que más y entendemos que no es cuestión de entrar ahora a establecer comparaciones. Sencillamente, el amor a nuestra patria chica no nos lleva a ver a un extremeño, a un castellano-manchego o a un murciano como un extraño. Por ahí va la cosa.

Si echamos la mirada hacia el pasado reciente, comprobamos cómo el día 28 de febrero no representa ninguna efeméride digna de orgullo ni de ilusión para los ciudadanos andaluces. La fecha fue escogida hace cuarenta y un años de manera arbitraria para celebrar un referéndum que técnicamente se perdió, pero que los políticos de la época se las ingeniaron para que sirviera al fin que tenían previsto. Básicamente, lo que se está celebrando hoy es un fraude cometido en el Boletín Oficial del Estado, por medio del cual una Ley Orgánica (concretamente la LO 12/1980, de 16 de diciembre) venía a decir justo lo contrario de lo que manda taxativamente la Constitución en materia de acceso a la autonomía. La chapuza jurídica perpetrada por la oligarquía política aún dominante marca un pecado original del que la mayoría de nuestros medios informativos jamás les hablarán.

Desde 1980, Andalucía es una región autónoma; pero nuestros conciudadanos andaluces seguimos habitando uno de los furgones de cola no solo de España, sino de Europa en lo que se refiere a niveles de renta y de servicios. Andalucía sigue siendo maravillosa, por supuesto, porque constitutivamente lo es, pero sigue estando por debajo en su nivel de desarrollo. En términos comparativos incluso ha seguido aumentando la brecha económica que nos separa de las regiones más punteras del país. Si en algo hemos recortado con alguna concreta, se debe exclusivamente al declive que ha acompañado a algunas de estas comunidades, como Cataluña, empecinadas en mirarse el ombligo. Y eso a pesar de que nuestras autoridades autonómicas han manejado presupuestos dignos de países soberanos, atravesando coyunturas económicas verdaderamente irrepetibles, cuando miles de millones de euros vinieron de Europa supuestamente para modernizar nuestras infraestructuras.

Sería tarea imposible hacer un recuento, ni siquiera somero, de los escandalazos protagonizados por el PSOE andaluz, principal beneficiario del chollo autonómico. Hay libros y hasta tesis dedicadas al clientelismo casi lampedusiano que ha dominado en esta tierra de contradicciones desde aquella fecha. La cantidad de paniaguados, rentistas y holgazanes agradecidos que han vivido del tinglado “infantil” (me refiero a Blas Infante, “ideólogo” de la cosa) ha sido ciertamente nutrida, pero en modo alguno hay que incluir en ellos a la inmensa mayoría del honrado y trabajador pueblo andaluz. Al contrario, este ha sido el principal damnificado del sistema.

Es, por tanto, natural que quienes han hecho de la bandera blanca y verde su medio de vida defiendan las instituciones autonómicas a capa y espada. Y es natural también que quienes aspiran a heredar el monumental tinglado se rasguen las vestiduras ante la menor crítica.

Pero los que solo aspiramos a tratar de mejorar un poco la vida de los ciudadanos andaluces tenemos derecho a decir las cosas como las vemos: que la autonomía es un monstruo administrativo económicamente insostenible, que muy pronto va a ser incompatible con el Estado del bienestar, pues no va a haber dinero para tanto despilfarro.

E igualmente tenemos derecho a decir que las autonomías fueron un intento, tal vez demasiado ingenuo pero bienintencionado, de encajar a nacionalistas de otras regiones en la empresa común española. No hace falta explicar ahora a qué nos ha conducido la fórmula del “café para todos”. Un país no puede avanzar ni prosperar en permanente amenaza de balcanización. 

Y, para colmo, la autonomía no ha servido ni siquiera para vertebrar Andalucía. Dense un paseo por sus provincias y comprobarán el grado de aldeanismo, de rivalidades catetas y de rencor permanente contra la capital que existe por doquier. ¿A quién beneficia todo esto?

VOX no ha venido a la política para decir lo mismo que dicen todos o para heredar poltronas. Es el momento de declarar ya que el experimento autonómico ha ido demasiado lejos, y que los españoles tenemos que empezar a desandar el camino que se comenzó, con malas artes, un 28 de febrero de 1980.




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