Martes 13

Martes 13 de octubre de 2020: PSOE y Unidas Podemos registran en el Congreso su anunciada proposición de ley para reformar de la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Su objetivo es quedarse con la mayoría del poder judicial. Elegir nada menos que la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional. Nombrar al Presidente del Tribunal Supremo, y a sus Presidentes de Sala. Conseguir que los altos tribunales dependan no ya de un pacto gobierno-oposición, sino del gobierno. Finiquitando el mandato constitucional de separación de poderes, ya muy mermado desde que en 1985 el gobierno de Felipe González atribuyera sus mayorías a los partidos políticos. De nuevo la izquierda española demoliendo los fundamentos de la democracia, enseñando los dientes de una vocación totalitaria. 

Este último intento es obviamente una acción inconstitucional, que burla la exigencia de mayorías cualificadas para la remodelación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la postre el órgano clave para la configuración de los altos tribunales. Pero da lo mismo. Aunque esta ley será recurrida, al no suspenderse su ejecución –nunca ha ocurrido en España la suspensión cautelar de una ley- Sánchez nombrará un nuevo Tribunal Constitucional a su imagen y semejanza; el mismo que a continuación dictaminará que su inconstitucional nombramiento es perfectamente constitucional, faltaría más. Y sin pegar un solo tiro. Porque un golpe de estado es eso, el acaparamiento ilegítimo de todos los resortes del poder. Aunque este totalitarismo “democrático” sea, de lejos, mucho peor que los dictadores al uso; porque destruye la democracia desde dentro, pervirtiendo sus mecanismos, y pervirtiendo de paso la dignidad de los ciudadanos. También desde dentro. A su paso, no quedará nada que reconquistar, solo una carcasa muerta en su interior.

El recurso previo de inconstitucionalidad contra una Ley Orgánica, que habría impedido la entrada en vigor del Estatut, y que también ahora resultaría crucial, fue eliminado de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por el rodillo socialista de Felipe González. Por eso ya solo nos queda una vía contra la perversión legal: ¿y si el Rey no sancionara la norma? Existe un precedente, Balduino de Bélgica, por objeción de conciencia. Si el Rey no suscribe, no hay norma, y sería un acto “aconstitucional”, frente al acto inconstitucional y fraudulento del gobierno. Además de legítimo, porque defendería el orden constitucional del ataque gubernamental. Felipe VI, al que Sánchez prohibió ir a Barcelona para hacer su trabajo y mantener su vínculo constitucional con la Justicia –que se administra en su nombre- estaba poco más tarde, el día nueve de este mismo mes, en Barcelona con el propio Sánchez entregando no sé qué premios, y acabó hablando públicamente en catalán. Ojalá me equivoque, y el rey hable con sus actos cuando llegue el momento. Ojalá. 

Tenemos por tanto que mirar a Europa, un continente que ha sufrido no uno, sino dos regímenes totalitarios durante el pasado siglo. El Parlamento Europeo (PE) exige condicionar el acceso a los fondos post- covid al efectivo respeto al Estado de Derecho. Lo hace con la vista puesta en Hungría y Polonia, a los que señala por incumplimiento de los valores democráticos de la UE. El 30 de septiembre la Comisión publicó el informe sobre la situación del Estado de derecho en los estados miembros, donde acusaba a Hungría de falta de independencia del poder judicial, así como de falta de pluralismo mediático, poniendo en peligro la libertad de prensa. El Parlamento Europeo ya le había abierto a Hungría un expediente sancionador del artículo 7 en 2018, que no ha prosperado porque parece imposible sancionar a Hungría con el derecho europeo en la mano. Sin embargo, esta exigencia del PE –avalada por un amplio consenso- de establecer un estricto mecanismo de vigilancia del cumplimiento del Estado de Derecho tiene bloqueada la aprobación del presupuesto de la Unión Europea, lo que atrasará la llegada de los primeros fondos al menos hasta finales de 2021.

En este contexto, basta un vistazo a la Carta Europea de Derechos Fundamentales para constatar que es precisamente España el país que menos la respeta. Y no de ahora. La igualdad ante la ley, o la presunción de inocencia –reforzada con una Directiva de la UE que España ni siquiera ha traspuesto a su ordenamiento- son derechos sistemáticamente violados por la justicia “de género” que se ha implantado en nuestro país; violaciones que hubieran bastado para cuestionar a España igual que se ha hecho con los países mencionados. Ahora, la intentona Sanchista de acaparar el Poder Judicial acaba con cualquier duda, dejando en pañales las acusaciones contra Polonia o Hungría. Por eso Polonia ha alzado la voz exigiendo que se aplique a España el mismo baremo. Igual que ha hecho la Asociación Europea de Jueces. Se han adelantado a toda nuestra pléyade de eurodiputados de la oposición al gobierno de Sánchez que permanece en silencio. Ya vamos tarde para que la verdadera oposición política en bloque denuncie las flagrantes violaciones de los derechos humanos y del Estado de Derecho que se están cometiendo en España

No, no hay por qué elegir entre fondos y Estado de Derecho, como ha dicho la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal. Bien, tomémosle la palabra, ahora que aún estamos a tiempo. ¿Qué mejor moción de censura contra Sánchez que enmendarle la plana en Europa y obligarlo a ceder en su totalitarismo, y que deje de paso de poner en riesgo los fondos? Porque si no, luego ya podrán ilegalizar lo que quieran, encarcelar a quién decidan, destruir los vestigios de dignidad o resistencia que queden con total y absoluta impunidad. Sin olvidar que el Poder Judicial también controla a 8 de los 13 miembros de la Junta Electoral Central. Paremos este totalitarismo ahora, con la ayuda de Europa. Hace falta quien suscriba desde España, y ante el PE, el agravio polaco al totalitarismo que se extiende por España. Y si nadie lo hace, por las razones partidistas o personales que fueren, es que estamos más cerca del fin del Estado de derecho de lo creíamos. No quiero perder la esperanza en que la acción de un solo político justo sirva para salvar esta Sodoma y Gomorra en que nos estamos trasmutando. Porque lo que ahora nos jugamos no es ya ni la monarquía, ni el himno ni la bandera, sino la propia democracia, y la libertad sagrada que en ella se encarna. Por eso espero que este martes 13 se vuelva nefasto para aquellos que, con nocturnidad pandémica y alevosía, persiguen liquidar esa divina libertad, cuyo ejercicio sin miedo es el único antídoto eficaz contra el totalitarismo. 




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