Marruecos exige explicaciones a España por la hospitalización del presidente de la RASD

La revista tunecina “Jeune Afrique” publicó que el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)  y secretario general del Frente Polisario (FP), Brahim Ghali, había sido internado en secreto en un hospital español víctima de un cáncer el 22 de abril, bajo el nombre de Mohamed ben Batouch, titular de un pasaporte diplomático argelino. En medios marroquíes circuló la noticia de que Ghali había sido gravemente herido en el ataque con un dron israelita el pasado 7 de marzo, en el que fue asesinado el jefe de la Gendarmería de la RASD, Adah el Bandir. Fuentes saharianas desmintieron la noticia y señalaron que Ghali había sido víctima del covid-19 y hospitalizado en Argelia, pero –debido a su gravedad- el Gobierno argelino trató de enviarlo a un hospital alemán, pero el Gobierno alemán no lo autorizó y, ante esta negativa, el primer ministro, Abdel Majid Tebboune, solicitó la colaboración del Gobierno español, quien dio su venia, por razones “estrictamente humanitarias”, para que recibiera atención médica, y fue enviado a Zaragoza en un avión medicalizado.

El periódico “La Rioja” confirmó la noticia e indicó que desde el aeropuerto zaragozano había sido llevado en una ambulancia al hospital San Pedro de Logroño, donde fue ingresado en la UCI en estado grave. El representante del FP en España, Abdulá Arabi, reconoció la presencia de Ghali en España, aunque comentó que su estado no era grave. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya –que insistió en la motivación humanitaria de la decisión del Gobierno español- declaró que la cuestión no debía impedir ni perturbar las relaciones entre los dos países, dado que Marrueco no era sólo un vecino y amigo, sino también un socio privilegiado de España. Según dijo, “somos socios de Marruecos y responsables con nuestras obligaciones humanitarias”. No obstante, el embajador español en Rabat, Ricardo Díez –Hochleitner fue llamado a capítulo por la Cancillería marroquí para que facilitara información y el Gobierno publicó un comunicado crítico con la actitud de España, al tiempo que en las redes marroquíes circulaba la noticia de que “España protege a criminales”.

Al parecer, Tebboune había pedido a Pedro Sánchez que le garantizara que Ghali no sería entregado a la justicia española, que lo tiene imputado desde 2012, cuando la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos presentó ante la Audiencia Nacional una querella contra 28 dirigentes del FP –entre los que se encontraba Ghali- por delitos de genocidio, asesinato, lesiones, torturas, detención ilegal, desaparición de personas y terrorismo cometidos contra varios disidentes -algunos de ellos de origen español- en los campamentos de refugiados en Tinduf. Pese a que los delitos habían sido cometidos en Argelia, el titular del Juzgado nº 5, Pablo Ruz, admitió a trámite la querella basándose  en los principios de la “jurisdicción universal, si bien no dictó una orden de detención internacional contra los encausados. La causa fue archivada provisionalmente en dos ocasiones por la falta de precisión en la filiación de los querellados y de las víctimas. La última vez fue en 2019 mediante un auto del juez en el que indicaba que en el caso se investigaba la existencia de numerosos hechos punibles, involucraba a una gran cantidad de investigados y víctimas, e implicaba la prestación de declaraciones en el extranjero. Al tener conocimiento de la estancia de Ghali en España, la ASADEDH ha pedido a la Audiencia Nacional que reabra el caso.

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha publicado un comunicado en el que ha deplorado la actitud de España al acoger en su territorio al llamado Brahim Ghali, líder de las milicias separatistas del FP, procesado por graves crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos, y expresado su decepción  por este proceder, que era contrario al espíritu de asociación y buena vecindad.

La actitud de España daba lugar a malentendidos y al planteamiento de legítimas preguntas: ¿Por qué fue admitido Brahim Ghali en España a escondidas y con un pasaporte falso? ¿Por qué España consideró conveniente no informar a Marruecos de su presencia en territorio español? ¿Por qué fue admitido con una identidad falsa? ¿Es normal que nos hayamos enterado por la prensa? ¿Por qué no habían reaccionado los tribunales españoles pese a las numerosas demandas presentadas por las víctimas?…

La Cámara Alta marroquí publicó un comunicado en el que condenaba  la hospitalización de Ghali y la consideraba inaceptable, y solicitó la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores, Nasser Bourita, aunque posteriormente lo haya retirado de su web.

Declaraciones a EFE del ministro Bourita

El ministro de Relaciones Exteriores Bourita hizo ayer unas declaraciones al periodista de la Agencia EFE, Javier Otazu, en la que abundaba y profundizaba en las críticas a Españas formuladas en el comunicado de su Ministerio. Señaló que Marruecos no había recibido contestación a las preguntas que había planteado y estaba a la espera de una respuesta satisfactoria y convincente. La situación actual suponía un “test” sobre la fiabilidad de las relaciones hispano-marroquíes y de su sinceridad, que permitiría saber si se trataban de algo más que un eslogan. “Con los socios –ha afirmado- no se maniobra por la espalda con una cuestión que es  fundamental para Marruecos”. Ha planteado si España renuncia a tener unas relaciones cordiales con Marruecos o prefiere alinearse con los criminales del FP.  

Ha lanzado con populismo demagógico un ataque implacable contra Ghali y declarado que España cierra los ojos ante las atrocidades del presidente de la RASD, del que afirma que es un violador que permitió la esclavitud, la tortura, los crímenes de guerra, los niños-soldados y el genocidio, y España lo sabía mejor que nadie. Su caso reflejaba la doble cara del FP. Mientras sus dirigentes tenían derecho a un avión particular, su población secuestrada en Tinduf no tenía mascarillas ni gel hidroalcohólico, mientras eran devorados por el covid en medio de una indiferencia total de los responsables. Al ministro se le ha olvidado decir que los saharauis no están por su voluntad hacinados en los lamentables campamentos de Tinduf, de los que –tras visitarlos en 2015- el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, dijo que el mundo no podía olvidar  al pueblo saharaui, que debía disfrutas de sus derechos humanos y de un mínimo de dignidad, lo que no se podía encontrar en los citados campamentos. Los sarahuis que no aceptaron el dominio marroquí fueron expulsados al desierto argelino por los feroces ataques del ejército real y, sobre todo, de su aviación, que los bombardeó de forma inmisericorde. 

Se necesita tener desfachatez para acusar a Ghali de violar los derechos humanos de los saharauis el representante de un Gobierno que ha construido un infamante muro que impide la libertad de movimiento y que constituye “per se” una flagrante violación de los derechos fundamentales de los saharauis, cuyos tribunales condenaron a los pacíficos manifestantes de Adjaim Izik a penas de 20 años a cadena perpetua por protestar contra el Gobierno ocupante o a Nasser Zefzrafi, líder del Movimiento de Liberación del Rif, Hirak, a 20 años de prisión por manifestarse contra la corrupción, que ha sido condenado por las Naciones Unidas, la Unión Africana y el Parlamento Europeo por su continuada violación de los derechos humanos, y que tiene a dos destacados periodistas, Suleiman Raisuni –director del diario “Akbar al-Youn”- y Omar Radi –prestigioso periodista de investigación- en huelga de hambre para protestar por su injusto encarcelamiento sin juicio.

Ghali no es el monstruo que ha descrito Bourita. Incorporado a las Tropas Nómadas Españolas, participó en 1970 en la manifestación conocida como la “Intifada de Zemla”, por lo que pasó un año en la cárcel. Fue uno de los fundadores del FP en 1974 y su primer secretario general. Dirigió el asalto a Khanga -primer ataque militar del Polisario a las tropas españolas- y lideró  el Ejército de Liberación Nacional Saharaui. Partidario de llegar a un acuerdo con España, participo junto con el-Ualy en las negociaciones de octubre de 1975 con Federico Gómez de Salazar, Gobernador del Sáhara Occidental, para llegar a un acuerdo de paz de última hora, cuando el Gobierno de Carlos Arias ya había decidido pactar con Marruecos y Mauritania para cederles el Sáhara.  Fue ministro de Defensa de la RASD (1976-1989) y representante del FP en España (1999-2008) y en Argelia (2008-2015). En 2016 fue elegido presidente de la RASD y secretario general del FP. 

Pese a sus discrepancias con la metrópoli -en cuanto nacionalista que aspiraba a la independencia de su país-, Ghali estaba bastante identificado con España. En unas declaraciones que hizo a Gemma Esteban, le dijo que -a diferencia de lo que había hecho Francia en Marruecos y Argelia- España había seguido una política acertada al respetar las costumbres y tradiciones del país, y permitir una excelente sintonía entre la población saharaui y la española residente en el territorio hasta 1976. Lo mínimo que se merecía Ghali era un poco de consideración y de respeto al tratarse  un noble adversario, tanto más cuando estaba en una situación de salud grave. Según noticias de última hora, el secretario general del FP ha salido de la UCI e ingresado en planta. Le deseo un rápido restablecimiento. La RASD ha sido reconocida por 83 Estados y es miembro de la Unidad Africana. España no la ha reconocido como Estado y tan sólo mantiene relaciones con el FP, como representante del pueblo saharaui, al que permite la instalación de una oficina en Madrid sin estatuto diplomático.

Bourita ha considerado que la responsabilidad histórica que tiene España sobre el Sáhara Occidental como antigua potencia administradora era un pretexto que ya no se sostenía. España también colonizó territorios como Ifni o el Protectorado del norte de Marruecos y actúa en ellos con absoluta normalidad. ¿Por qué no actuaba de igual manera en el Sáhara Occidental? “No podemos quedarnos prisioneros del pasado español”. El ministro parece ignorar que tanto la independencia de Marruecos –incluida la parte del Protectorado español- como la incorporación de Sidi Ifni a Marruecos se realizó mediante la firma de sendos tratados internacionales entre España y Marruecos, lo que no ha ocurrido en el Sáhara Occidental. No podemos quedar prisioneros de un inexistente pasado marroquí en relación con el Sáhara, de un presente de ilegal ocupación del territorio o de un futuro sin esperanza si Marruecos sigue manteniendo sus tesis anexionistas.

El ministro ha establecido un extraño paralelismo entre el Sáhara Occidental y Cataluña, al afirmar que, cuando España se enfrentaba con el separatismo, Marruecos fue muy claro, pues rechazó contactos e interacciones con los separatistas catalanes e informó a sus socios españoles de los movimientos de aquéllos.. “Cuando desde Cataluña nos pedían que los recibiéramos en el Ministerio sugerimos que alguien de la Embajada estuviera presente” Algunos medios afines al trono han insinuado que Marruecos podría cambiar esta actitud colaboradora si España apoyaba a los terroristas saharauis e incluso un periódico ha informado que Marruecos había concedido asilo político a Carles Puigdemont, lo que supongo que será una “fake news”. Es significativo que, desde los tiempos de Jordi Pujol, Cataluña ha mantenido estrechos lazos con Marruecos .y la Generalitat estableció en Rabat una delegación muy activa, que promocionó la inmigración de marroquíes, en detrimento de otros inmigrantes hispanoparlantes..

Preguntado sobre cuándo se celebraría la Reunión de Alto Nivel entre los dos países, suspendida por decisión unilateral de Marruecos, Bourita contestó que su Gobierno pedía a España claridad, pues lo primero que hay que hacer es aclarar las cosas. Marruecos estaba bastante aislado en sus aspiraciones a anexionarse el Sáhara Occidental y necesitaba la ayuda de España. Este era uno de los objetivos que perseguía en la reunión, por lo que, cuando Donald Trump reconoció “gratis et amore” la ocupación ilegal del territorio, ya no necesitaba a España y suspendió la reunión. Ahora espera que otros países sigan el ejemplo estadounidense para fortalecer aún más su posición. Ya lo han hecho otros 22 Estados que -al solicitar a Marruecos el exequatur para nombrar cónsules en el Sáhara Occidental- han reconocido implícitamente su soberanía sobre el territorio ilegalmente ocupado. Entre ellos figuran 17 Estados africanos –Burkina Faso, Burundi, Comores, Costa de Marfil, Esawtini (Swazilandia), Gabón, Gambia, Guinea-Bisau, Guinea-Conacry, Guinea-Ecuatorial, Liberia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Yibuty y Zambia-, tres árabes –Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Jordania- y dos americanos –Haití y Surinam-. No deja de ser curioso que diez de estos Estados sigan reconociendo a la RASD, por lo que aceptan la soberanía de dos Estados sobre un mismo territorio. 

Ningún país importante ha reconocido la legalidad de la ocupación del Sáhara Occidental, ni siquiera Francia, aliado tradicional y protector de Marruecos. Gran Bretaña ha reiterado su apoyo a los esfuerzos de la ONU para alcanzar una solución política que prevea la libre determinación del Sáhara Occidental, para ser coherente con los principios y preceptos de la Carta, y asegure que el pueblo saharaui la ejerza “a través de un referéndum libre y justo” Marruecos ha tenido un rifi-rafe diplomático con Alemania, que le ha llevado a la chiquillada de prohibir a sus funcionarios que tengan contactos con la embajada germana en Rabat

Ni siquiera Estados Unidos ha consumado hasta ahora los planes de Trump de establecer un gran Consulado General en El Aiún, para canalizar toda la ayuda prometida a Marruecos. No sé si todo ha quedado en la expresión en un “twit” de la voluntad política del ex-Presidente o se ha plasmado jurídicamente en una orden ejecutivo u otro instrumento legal. El “Washington Post” ha comentado que la iniciativa de Trump de reconocer la legalidad de la ocupación del Sáhara Occidental fue una recompensa injusta  e innecesarias para un régimen que, bajo el rey Mohamed VI, se ha vuelto cada vez más autocrático, y veinticinco senadores han pedido a Joe Biden que reconsidere la decisión de Trump. No le va a ser fácil, en caso que estuviera de acuerdo, pero desde luego ha puesto una pausa a la desestabilizadora deriva pro-marroquí de su predecesor. Parece ser que en una reciente conversación entre Anthony Blinken y Naasser Bourita no se habló del Sáhara Occidental, lo que es una buena señal, y que el propio Biden ha dado últimamente un toque a Marruecos por su escaso repeto a los derechos humanos. La portavoz adjunta de la Secretaría de Estado, Galina Porter, ha manifestado en rueda de prensa que su Gobierno estaba llevando a cabo intensos contactos con las partes en el conflicto y con los Estados interesados para tratar de superar el “statu quo” y poner fin al conflicto armado Sería una buena noticia que Estados unidos volviera a adoptar una posición de mayor neutralidad y se reanudara la labor del “Grupo de Amigos del Sáhara Occidental”.

El ministro exige una respuesta de España para el establecimiento de unas relaciones cordiales con Marruecos sobre la base de sacrificar el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui en pro de la solución de la autonomía. ¿En que basa sus exigencias un Estado que ocupa ilegalmente un territorio no autónomo por la fuerza de las armas sin tener derecho algunos sobre el mismo?

Ocupación ilegal del Sáhara Occidental por Marruecos

La única base jurídica parcial para la presencia de Marruecos en el Sáhara Occidental se encontraba en los Acuerdos de Madrid de 1975, que establecieron una administración temporal del territorio por parte de España, Marruecos y Mauritania. Con independencia de la dudosa legalidad y efectividad de dichos Acuerdos, y de sus falta de operatividad en España por no haber sido publicados en el BOE como es preceptivo, su objetivo era establecer un período transicional durante el cual el pueblo saharaui pudiera expresar su voluntad acerca de su futuro, inicialmente a través de la Yemáa, que carecía de cualquier representatividad. La Asamblea General dejó bien claro que dicha voluntad debería ser manifestada a través de un referéndum de libre determinación bajo los auspicios de la ONU.

España re retiró unilateralmente del territorio y declaró que consideraba concluida su responsabilidad internacional sobre el mismo. Tras su retirada, Marruecos y Mauritania se repartieron el Sáhara Occidental y el FP se alzó en armas contra los invasores. En 1979, Mauritania y el FP firmaron un Acuerdo de paz y aquélla se retiró del territorio, que fue ocupado en su mayor parte por las tropas marroquíes. La guerra entre Marruecos y el FP continuó hasta el Arreglo de paz de 1991, que preveía la celebración de un referéndum de libre determinación por parte del pueblo saharaui, que Marruecos impidió que se realizara.

Marruecos ocupaba de  facto la mayor parte del Sáhara Occidental pero no era una “ocupación efectiva” porque para ello –según el profesor Antonio Remiro- era preciso que se tratara de un ejercicio continuado, prologado y pacifico de funciones estatales sobre el territorio por parte de la potencia ocupante. Marruecos tenía una ocupación continuada y prolongada sobre el Sáhara Occidental, pero no era pacífica, porque se había impuesto por la fuerza de las armas y –como establece el principio general del derecho- de la injusticia no puede nacer el derecho. 

Cualquier posible duda al respecto quedó zanjada con el terminante informe del Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la ONU, Hans Corell, en 2002: ”El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio, ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la administración sobre el territorio a Marruecos y a Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sáhara Occidental como territorio no autónomo”. Este criterio fue corroborado por l Asesoría Jurídica de la UA cuando dictaminó en 2017 que la presencia de Marruecos en el territorio era considerada, tanto  por la ONU como por la UA, como una ocupación, pues seguía figurando en la lista de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas después del abandono por España en 1976 de sus responsabilidades administrativas y, como tal, conservaba su status distinto y separado hasta el momento en que el pueblo saharaui hubiera ejercido su derecho a la libre determinación.

Marruecos tenía una posición política bastante fuerte, porque ejercía el control efectivo sobre la mayor parte del territorio, pero una posición jurídica muy débil, ya que ningún miembro de la comunidad internacional había reconocido la legalidad de su ocupación. Según Remiro, se había producido una reivindicación territorial de un tercero manifiestamente infundada de un reclamante al que movían espúreas motivaciones políticas sin fundamento jurídico alguno. Si un territorio era administrado de facto  por un Estado distinto al que tenía el título jurídico, tendría preferencia el detentador del título jurídico. El titular era España, pero el problema radicaba en que ésta no quiere reclamar dicho título, que ha intentado transferir a terceros sin tener derecho a ello. Al principio de efectividad se oponía el derecho a la libre determinación que prevalecía y el pueblo saharaui tiene derecho a ejercerlo, con posibilidad de pronunciarse por cualquiera de las tres opciones previstas en la resolución 1541(XV) de la Asamblea General: independencia, integración en otro Estado o asociación con otro Estado. Marruecos no permite este libre juego al limitar la opción a la autonomízía, que supone la integración en el reino de Marruecos.

La situación cambió de forma dramática el 10 de diciembre de 2020, cuando Trump dio por buena la ocupación de Marruecos, pese a constituir una flagrante violación del Derecho Internacional. A Estados Unidos e Israel se han sumado otros 22 Estados, con lo que Maruecos ha salido parcialmente de su aislamiento jurídico internacional, fortalecido su posición política y endurecido su actitud contraía a una negociación de buena fe. 

Volviendo a la relación bilateral entre España y Marruecos, González Laya ha dicho que éste es un amigo y un socio privilegiado. Este aserto hay que tomarlo –como dicen los ingleses- “with a pinch of salt” o –en leguaje jurídico- a beneficio de inventario. Marruecos es obviamente un vecino, pero es problemático y poco fiable y aprovecha cualquier debilidad de España para tirarle un rentoy. Pese a que Marruecos sea un gran amigo de España y sus reyes sean hermanos, Marruecos saca cuando le conviene su reivindicación irrenunciable sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla -que ahora tiene cercadas y asfixiadas-, permite el asalto de emigrantes a las vallas fronterizas de dichas ciudades y abre o cierra los pasos fronterizos a su antojo; de vez en cuando lanza una marcha verde o invade un peñón deshabitado; Lanza oleadas de emigrantes indocumentados en pateras y cayucos o de marroquíes documentados a Canarias para chantajear al Gobierno español; abre o cierra el grifo el tráfico de estupefacientes o al trato de personas…Con estos amigos no necesitamos enemigos.

Ahora exige de forma insolente información sobre una determinada persona y su entrega inmediata. España es una nación soberana que puede admitir en su territorio a cualquier persona que estime conveniente, sin tener que pedir permiso al vecino ni darle explicaciones, tanto más cuando se hace por motivos humanitarios. España es la primera interesada en tener las mejores relaciones posibles con Marruecos, pero se necesitan dos personas para bailar el tango y Marruecos a menudo prefiere danzar con otras parejas.




 

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