Hay una cierta élite muy extendida de neoconversos que ha llegado a la conclusión infundada (falta ver si por carencia de mejor información o por algún otro motivo inexplicable) de que el fraude electoral en España no es posible o mucho más dificultoso que en EE.UU. o en otras democracias.

Resulta inaudito, lo siento, que puedan albergar semejante conclusión si atendieran un poco no a las opiniones, sino a los hechos contrastados y verificables. O no saben bien de lo que hablan, aunque a veces hablan como si hubieran contactado con el OVNI que les ha revelado la verdad verdadera, o han entrado a formar parte de un juego para el que llevo años tratando de encontrar una explicación. Hasta hoy no sólo no la tengo, sino que he visto incorporarse a devotos inesperados de este negacionismo ciego.

Lo cuento del revés, para que se entienda. Hubo un día en que Santiago Abascal quiso conocer de mi viva voz lo que yo, por mi cuenta y riesgo, había descubierto en el transcurso de un proceso electoral cualquiera.

Fue en 2012 cuando acudí a una sesión de escrutinio general de unas elecciones autonómicas en Andalucía y enseguida comprendí que allí no es que no se cumpliera con la ley, sino que la junta electoral se saltaba una parte esencial del proceso, que es la garantía necesaria, taxativa e inexcusable que impuso con acertado criterio el legislador para disuadir y corregir cualquier posible tentación de cometer un fraude masivo.

Una vez que comprendió el fondo del asunto, viajé a Madrid a petición suya y a su equipo le expuse lo que había averiguado hasta aquel instante. Tres años después de aquello, en las autonómicas de 2015, su partido, con Francisco Serrano a la cabeza, acogió la idea de presentar un recurso razonado, que yo mismo redacté, contra la decisión de la junta electoral de dar por celebrada la sesión de escrutinio general aunque en realidad otra vez se la habían saltado a la torera.

La respuesta a aquel recurso rechazó mi argumentario, pero se extendió innoblemente, aunque con una sinceridad que alcanzaba el desparpajo, en reconocer que, efectivamente, se incumplía la ley y el escrutinio no se hacía, de manera inveterada, y suponían que era así en todas las demás, al menos desde el año 2000, cuando habían entrado en juego los ordenadores en el proceso de recuento de los votos, lo cual, según aquella junta electoral, hacía innecesario seguir la norma a rajatabla. De facto, pues, era una confesión de parte en la que se declaraba que la administración electoral llevaba al menos 15 años incumpliendo la legalidad vigente.

Fue muy fácil recurrir de nuevo aquella decisión para que la Junta Electoral Central, la instancia superior, ante tan flagrante confesión de parte, ordenase repetir la celebración de aquel escrutinio en Sevilla, aunque no hizo nada de oficio por interesarse si era cierto que en el resto de España sucedía eso mismo.

La repetición de un escrutinio que ni siquiera se había celebrado resultó otro fiasco y, aunque se detectaron miles de votos errados, incumplió en su proceder otra vez la ley, aunque hicieron un enorme esfuerzo por no aparentarlo.

La opción era apelar de nuevo para llegar hasta el fondo del asunto, y otra vez redacté un recurso en el que denunciaba de nuevo los incumplimientos que dejaban la puerta abierta a algún desastre. Pero ocurrió que la persona encargada de presentarlo en nombre del mismo partido no pudo llegar antes de la hora prevista para la admisión de aquel recurso y fue declarado extemporáneo. Sólo quedaba esperar una próxima ocasión…, que sin duda llegaría.

Hubo municipales y europeas, también elecciones generales, y Vox alentó una campaña que le permitiera contar con el número de interventores suficientes en todas las mesas electorales para conseguir recopilar todas las actas de papel en España, lo cual, mediante una app luminosa y eficiente que había encargado, le permitiría tener un recuento propio la misma noche electoral, al margen de los ordenadores del Ministerio del Interior, y serviría de contraste.

El partido de Abascal no logró ni de lejos el número de apoderados necesarios para ello, aunque insistió mucho en que vigilaría muy de cerca el proceso y exigiría la revisión de cualquier incumplimiento de las normas, pero lo que sí obtuvo de manera coincidente con aquellos hechos fue la entrada con un importante contingente de diputados en los parlamentos, primero en el de Andalucía y más tarde en el de España.

A partir de ese momento, quién sabe si de manera ingenua, parece que decayó todo interés, también en el partido de Abascal, por reclamar que se cumpliera con lo que establece de manera diáfana la Ley y también las resoluciones insistentes de la Junta Electoral Central. Y si ningún partido reclama, la JEC no mueve ni un dedo por averiguar la realidad de lo que sucede.

Había algo en ese cambio de actitud que no logro explicarme, aunque ya lo había visto en años anteriores con otros partidos que también se habían incorporado a la lista de los plácidos neoconversos, como Podemos, que amenazó en su día con una actitud parecida, aunque de forma más silenciosa, hasta que obtuvo también representación parlamentaria.

Sólo digo esto y pongo la mano en el fuego por ello: la Ley no se cumple y el escrutinio general es una puñetera farsa. Amparados en que los tiempos cambian y en que ahora hay ordenadores que evitan una pesada tarea no exenta de problemas, lo cierto es que el recontador de votos, se pongan como se pongan, es de facto una empresa contratada por el gobierno que convoca y organiza las elecciones, y no una administración electoral que guarde al menos la apariencia de imparcialidad en la tarea esencial de toda esta parafernalia a la que llamamos democracia.

Otro día les cuento más y me extiendo en los detalles de lo que se avecina y tienen preparado para las alecciones catalanas de este domingo y, lo que es peor, para las futuras elecciones generales. La suerte está echada.

He dicho.