La “okupación” es un fraude antisocial

Los llamados “okupas” dicen ser unos activistas que están luchando por los derechos sociales. Para ellos el argumento de su proceder es bien sencillo: si la Constitución consagra el derecho a una vivienda digna (art. 47) y resulta que hay casas que están vacías, ellos se toman acto seguido la “justicia por su mano” y se meten en la primera que pillan, tras propinar la correspondiente patada a la puerta. Estamos ante uno de los muchos ejemplos que ilustran cómo a menudo los sofistas de hoy se disfrazan de luchadores por los derechos de los indigentes, con esa sensación de mundo al revés que cada vez nos resulta más frecuente e inquietante. La fórmula que anima a estos supuestos activistas solidarios se podría resumir del siguiente modo: “Quiero gozar de bienes y servicios que no he producido porque ‘yo lo valgo’, y exijo que los pague otro”. Lo malo de este egoísmo es que si todos pensáramos igual, íbamos a repartir miseria.

Plantear esta cuestión como una lucha por los derechos de los pobres es una interpretación completamente torticera de la realidad, una versión de los hechos propuesta por personas aprovechadas que resultan ser muy generosas con los bienes ajenos. El cristianismo había entendido la generosidad como el desprendimiento de los bienes propios; el socialismo -su degradación moderna- consiste en querer repartir “a la fuerza” los bienes de los demás.

Una de las instituciones clave que explican el increíble adelanto económico y social humano a través de los siglos es la de la propiedad privada. Al menos desde el Neolítico, el incesante aumento de bienes de consumo, que permite la acumulación de excedentes y su distribución final a la mayor parte de la población, procede de la garantía de que quien adquiere la propiedad de un bien no va a ser despojado de él gratuitamente. Porque si eso fuera posible -el despojo arbitrario- se reduciría drásticamente el esfuerzo por producir riqueza. Es lo que pasa en los países comunistas, que de pronto desaparece el incentivo de producir de lo que por derecho natural debería ser tuyo. Y es que la riqueza, señores socialistas, no cae del cielo, ni es un “quesito” que se forma espontáneamente y que solo hay que repartir entre su gente, sino que cuesta muchos “riñones” crearla. Si la gente se esfuerza por abrir su tienda bien temprano, atender a su negocio o rendir en su puesto de trabajo, es porque confía en que no va a aparecer un señor diciendo que él también tiene derecho a poseer ese mismo negocio y que el “dueño” es un egoísta por no querer compartirlo con los demás.

Durante muchos años en España, la vivienda habitual se convirtió en la principal inversión vital de millones de españoles. Con muchas dificultades, con hipotecas largas y costosas, con privaciones de otros muchos bienes, son muchísimos los ciudadanos que invirtieron parte de sus salarios o de sus retribuciones en formar ese pequeño capital inmobiliario que uno les podía dejar a los hijos: un pisito, a veces en un barrio popular, una casa en el pueblo, una parcela… Y ha habido españoles, un poco más afortunados, más hábiles o más sacrificados que, por las circunstancias que fuera, se pudieron permitir hacer el esfuerzo de adquirir una segunda o una tercera vivienda. El dinero que emplearon en esa adquisición, en la mayoría de los casos, tampoco es que les sobrara; tal vez esos recursos los podían haber empleado en otras actividades lícitas que les hubieran resultado más gratificantes a corto plazo: viajes, caprichos, bienes perecederos. Pero no, esas personas tuvieron la voluntad de aplazar su disfrute durante años, y se sacrificaron con el objetivo de tener algo para su vejez, o para transmitirlo a sus herederos, o para no depender de la caridad de otros, si les venían reveses. Nadie tiene derecho a arrebatar ese bien por muy necesitado que esté. El Estado tampoco es nadie para penalizar a esos ciudadanos prudentes que ahorraron y se sacrificaron para construir un patrimonio personal. En realidad, el Estado no es nadie para decir a los ciudadanos en qué actividades (siempre que sean lícitas) tienen que emplear los recursos que ellos se han ganado con su actividad. Pero en todo caso, parece que ahorrar y hacer provisiones de futuro tiene un plus de beneficio social que debería ser primado sobre dilapidar el patrimonio, por ejemplo, en actividades consumistas, arbitrarias o presentistas.

De modo que cuando una vivienda está vacía, la presunción que debería guiar a los gobernantes es que, detrás de ella, hay un ciudadano que se ha partido el lomo para comprar dicha vivienda con la intención de usarla cuando y como él estime conveniente. E, insistimos, el Estado no es nadie para juzgar negativamente esa situación.

Lo que en realidad consagra el artículo 47 de la Constitución es solo un principio rector de la política económica del Gobierno, no un derecho subjetivo de los ciudadanos. Los poderes públicos han de velar por que realmente se construyan en el país viviendas dignas y por crear las condiciones socioeconómicas para que el acceso a las mismas sea generalizado. Pero la Constitución no dice cómo hacerlo. Unos creen que es mejor facilitar el acceso a la vivienda por medio de la promoción pública, interviniendo en el mercado del alquiler, penalizando fiscalmente a los propietarios… Otros pensamos que es mucho mejor intervenir menos, abaratar el suelo y permitir que el mercado actúe en condiciones de competencia lo más perfecta posible. Un repaso por las recetas que se aplican en el mundo nos puede dar una idea aproximada de cuáles son los modelos que mejor funcionan y que deberíamos seguir. Eso forma parte del debate democrático, aunque nosotros lo tenemos muy claro.

Pero lo que resulta absurdo es que un grupo de “justicieros” se dedique a robar la propiedad ajena para atribuírsela a sus “clientes”, como han hecho ciertos políticos de renombre. Además del robo directo, ese expolio tiene la virtualidad adicional de ser un baldón para tantos miles de ciudadanos humildes que se toman la molestia de hacer honor al contrato que un día suscribieron, y pagan religiosamente durante años una hipoteca que, con toda seguridad, nunca resulta cómoda. Y todo ello para que después lleguen otros “desaprensivos” y “sabihondos” que acceden a viviendas iguales o mejores que las de ese infeliz por el poco honorable procedimiento de quitársela a un tercero; por supuesto, sin pagar un céntimo por ellas. Porque desgraciadamente, las bienes y servicios prestados por humanos no pueden ser gratis. Cuando algunos dicen que quieren tal o cual servicio gratis, lo que en realidad quieren decir es que exigen que lo paguen otros, normalmente “los ricos”. Pero, desengáñese, la gente verdaderamente rica tiene muchas maneras de pasar desapercibida y quitarse de en medio. Al final el llamado a sufragar la fiesta resultará ser usted, siempre que tenga la costumbre –como es de buena crianza– de preguntar “¿cuánto es?”, cuando alguien le presta un servicio.

En el momento en que los poderes públicos penalizan la honestidad y el compromiso responsable, para premiar la picaresca y el fraude -¡en nombre de la solidaridad! – estamos ya muy cerca de la inversión de todos los valores.




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