La eutanasia ni es un derecho, ni es progresista

El pasado 17 de diciembre, el Congreso aprobó por 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones la Ley Orgánica reguladora de la eutanasia. Es un logro ideológico de la bancada Frankesntein, con el apoyo entusiástico de Ciudadanos, digno de mejor causa. Inés Arrimadas se congratuló por el “avance de las libertades” conseguido con la legalización de la eutanasia. “Somos liberales –dijo- y defendemos la libertad”. Libertad para matar, como James Bond. ¡Menuda libertad! Su portavoz, Ednundo Bal –en un lamentable artículo titulado “Ley de eutanasia: una garantía de libertad”- ha afirmado que el Congreso ha dado un paso histórico que pone a España en la vanguardia de Europa en cuanto a derechos y libertades con una ley a favor de la libertad para que cada uno pueda decidir entre morir dignamente o vivir con los menores sufrimientos posibles. Ha afirmado que la ley ha obtenido un amplio consenso, cuando –como buen jurista que es- sabe perfectamente que no se puede hablar de consenso con una oposición del 40% del hemiciclo y de tres partidos: PP, Vox y UPN. La ley aún tendrá que recibir el plácet del Senado y el diputado ha tenido la desfachatez de decir que allí sería de nuevo estudiada y mejorada por los distintos grupos parlamentarios, cuando sabe perfectamente que correrá el mismo triste sino que la LOMLOE y la de los Presupuestos a las que no se ha aceptado ni una sola enmienda.

Elaboración y adopción de la ley

La principal impulsora del engendro ha sido la ex-ministra de Sanidad y médica para más inri, María Luisa Carcedo, quien afirmó eufórica que la eutanasia, tal y como se aplicaría en España, sería “un instrumento al servicio de un proyecto humanizador, un derecho que nos hará más libres” ¿Le sonará de algo el juramento hipocrático? Hasta ahora, cinco Estados han regularizado la eutanasia: los países del Benelux, Colombia y Canadá. Según “El Mundo”, el hecho de que sean tan pocos los que han dado este paso demuestra hasta qué punto se trata de una cuestión de extraordinaria complejidad que exigía muchísimo debate, consenso político y social y un detallado estudio que implicara a una multiplicidad de expertos y de agentes concernidos. “Nada de eso ha ocurrido en nuestro país, antes al contrario. Hemos asistido prácticamente a la tramitación de una ley exprés en la que el Gobierno y sus socios han aplicado el rodillo”. Las prisas de Pedro Sánchez han obedecido al sectarismo y al tacticismo a corto plazo. Pero, “una bancada en pie aplaudiendo la despenalización de la eutanasia como si se tratara de un triunfo incontestable mueve antes a la inquietud que al orgullo, porque, por primera vez en nuestro ordenamiento, la vida deja de ser un bien jurídico supremo y admite sus desdoblamiento entre digna e indigna. Una distinción que nunca puede competer al Estado, sino sólo a la soberanía de la persona”.

A juicio de la Conferencia Episcopal Española, la ley ha sido adoptada de manera “sospechosamente acelerada”, en tiempos de pandemia y estado de alarma, y sin ningún diálogo público. El PSOE ha pretendido desde el principio aprobar esta controvertida ley con alevosía y nocturnidad, y batiendo todos los records de tramitación parlamentaria. Presentó junto con Podemos una proposición de ley, en vez de un proyecto, para eludir el dictamen del Consejo de Estado, lo que es especialmente grave por afectar a los derechos fundamentales de las personas. El PP y Vox presentaron enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas de plano. El primero defendió como alternativa una ley de derechos y garantías ante el proceso final de la vida que incluía la generalización de los tratamientos paliativos, la sedación y el testamento vital. El portavoz popular, Ignacio Echániz calificó el texto de “inconstitucional, inoportuno, frívolo, injusto y chapucero”. Mas melodramática, la portavoz de Vox, Lourdes Méndez, señaló que la ley instauraba “la cultura de la muerte”y el Estado pretendía con ella poder matar a los más frágiles y desvalidos por considerarlos un carga, y declaró que su partido impugnaría la ley ante El Tribunal Constitucional. Más convincente estuvo el diputado de UPN, Carlos García Adanero, quien afirmó que la ley era como el caso del suicida que estaba en el alero, al que se podía enviar la policía y los psicólogos o empujarlo, y “Ustedes lo van a empujar”.

El Gobierno no ha consultado con ninguna institución médica, ética o religiosa, y ha desoído los llamamientos y sugerencias de organizaciones como Colegios Médicos, el Comité de Bioética de España –organismo asesor del Ministerio de Sanidad-, el Foro de Laicos de España, la Plataforma de los 7.000 –integrado por políticos como Marcelino Oreja, Jaime Mayor o Alberto Ruiz-Gallardón-, la Asociación de las Religiones Monoteistas Abrahánicas, la Santa Sede o la Conferencia Episcopal Española. Como ha señalado ésta acertadamente ha habido excesiva aceleración y falta de diálogo.

Pese a lo dicho por Bal, es evidente que la ley tiene una motivación ideológica que, aunque afecte obviamente a las confesiones religiosas, transciende el factor religioso porque tiene un trasfondo ético o simplemente humano, porque afecta a los derechos y libertades de la persona, y a su dignidad como ser humano. El tema viene siendo debatido desde antes que naciera el cristianismo o el islamismo. Ya en el siglo V a.C., el médico griego Hipóractes lanzó su famoso juramento, que fue asumido por la clase médica. Por él se comprometían los galenos a no acceder a las pretensiones que buscaran la administración de venenos o de pesarios abortivos a las mujeres, ni sugerir a nadie hacer cosas semejantes. El juramento hipocrático fue acogida por las Facultades de Medicinas de todo el mundo, y reformulado en el sentido de apartar de los enfermos cualquier daño o injusticia y jamás darles medicamentos mortales por mucho que se lo solicitaran, ni tomar iniciativa alguna de este tipo. En la última revisión elaborada en la Declaración de Ginebra de 1946, los médicos se comprometían a tener sumo respeto por la vida humana desde el instante mismo de la concepción y a no utilizar, ni aún bajo amenazas, los conocimientos médicos para contravenir las leyes de la humanidad. Según Roberto Camberiere, Presidente del Comité de Bioética de la Fundación Favaloro, el juramento estaba en contra de la eutanasia.

Principios en que se basan los contrarios a la Ley

El rechazo a la eutanasia se funda en un principio básico que se encuentra en los textos sagrados de todas las religiones y en los Códigos éticos del mundiales: “No matarás”. Eutanasia es una palabra de origen griego compuesta por los vocablos “eu” –bien” y “tanatos” –muerte-, que configuran el término “buena muerte” o “muerte dulce”, pero muerte al fin y al cabo. La OMS la define como “la procuración intencionada de la muerte de una persona que padece de una enfermedad avanzada o terminal a petición de éste en un entorno médico”, y la encíclica “Evangelium vitae” como “acción u omisión que por su naturaleza e intencionadamente causa la muerte con el fin de eliminar el dolor”. Es un acto contrario a la ética porque se elige el mal al suprimir la vida, que es siempre un bien en sí misma. La tendencia al bien persiste al ser algo inscrito en la profundidad de la conciencia del ser humano y es una decisión externa la que induce a la persona afectada a escoger libre y voluntariamente el mal. La práctica de la eutanasia produce una ofuscación de la sensibilidad ética.

Según el papa Francisco, se debe evitar la tentación de apoyar una posible voluntad de morir del paciente facilitando su suicidio o causando directamente su muerte. Son formas apresuradas de tratar opciones que se presentan como expresiones de la libertad de la persona, cuando lo que encubre es el descarte del enfermo como una posibilidad o la falsa compasión ante su petición de que se le ayude a anticipar su muerte. Es lo que el propio pontífice ha calificado de “cultura del descarte”. “No existe el derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida, por lo que ningún médico puede convertirse en tutor compasivo de un derecho inexistente”. Quien ha aceptado la dimensión sobrenatural del sufrimiento puede caer en la tentación de ofrecer soluciones que no respeten el ritmo razonable de la reflexión y la maduración personales ante la enfermedad. No se pueden forzar las respuestas sobre el sentido de la vida, pero sí acompañar y sostener al enfermo. La eutanasia es una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es la de no abandonar nunca a los que sufren, a no rendirnos nunca, y a cuidar y a amar al paciente para darle esperanza.

La vida humana –según el Papa- no es concebida ya como un valor primario que haya que respetar, cuidar y proteger, sino como un instrumento de lucro en favor de la economía y del consumo. Entran en este concepto de “descartables” ancianos, enfermos graves, discapacitados y no nacidos. En la cultura de la exclusión, todo aquél que no tenga capacidad de producir debe ser descartado, lo que supone la exclusión del ser humano e incluso la de Dios, En esta sociedad, el fin siempre justifica los medios.

Posible agravamiento ulterior de la Ley

Lo más grave de esta tesis es que con la eutanasia se abre un portillo en la muralla de la defensa de la vida. Basándose en casos excepcionales –como los de Ramón Sampedro, que fue divulgado con la película de Amenábar, o de María Jesús Carrasco, al que dieron amplia difusión los medios de comunicación-, se convierte la excepción en la regla general. De exigir unas condiciones extremas del paciente y de su petición libre y voluntaria, se extiende la eutanasia a menores y a personas incapaces, a decisiones médica ajenas a la voluntad del enfermo en una compasión mal entendida que pretende beneficiarlo y a considerarse un procedimiento normal y aceptable para poner fin a la vida de una persona, aunque no se den los requisitos garantista exigido en un primer momento y que se van suavizando con el transcurso del tiempo. Esto se puede ver en la experiencia de los Países Bajos, país pionero en el arte de bien matar.

Cuando reconoció la eutanasia en 2002, Holanda impuso requisitos exigentes: mayoría de edad, pacientes terminales con sufrimientos insoportables y sin esperanza de curación, y petición libre y consciente del interesado. De ahí se ha ido pasando a extenderla a los menores de edad, a los nacidos con enfermedades graves, a los discapacitados sin su consentimiento, a los que padecían anomalías psicológicos y no físicas –antaño conocidos con el nombre políticamente incorrecto de “locos”-, a decisiones de los médicos o a petición de los familiares del paciente sin contar con su consentimiento, por estimar que el descarte iba en interés de la comunidad. No es de extrañar que en una sociedad con una concepción de la vida basada en el pragmatismo utilitarista se prescinda de quienes son vistos como fuentes de gastos e incomodidades. Lo que nació con una normativa sumamente restrictiva se ha ido trivializando hasta convertirse en una cuestión de intereses.

Se ha llegado a autorizar la “muerte digna” a personas no enfermas por motivos tan frívolos como infelicidad senil, pérdida de las ganas de vivir, dolor existencial, insuficiencia de camas hospitalarias, situación insoportable de los familiares o molestias para médicos y enfermeros. En este ambiente deshumanizado, se ha producido una solapada e insidiosa coacción moral sobre enfermos e incapacitados para que soliciten voluntariamente la muerte por considerarse inútiles y una carga para la sociedad. Un grupo de incapacitados adultos se han quejado al Parlamento holandés de sentir sus vidas amenazadas. “Nos damos cuenta de que suponemos un gastos muy grande para la comunidad. Mucha gente piensa que somos inútiles, Nos damos cuenta a menudo de que nos intentan convencer para que deseemos la muerte”.

De esta forma, la liberal Holanda ha ido estableciendo para sus enfermos e incapacitados un régimen eugenésico que coincide en muchos puntos con el adoptado por el nefando Gobierno nazi de Alemania entre 1933 y 1945, como un método para mejorar la raza. La eugenesia ha sido definida como la eliminación de individuos que la ciencia convencional considera como portadores de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos y biológicos por ella fijados. Trisham Engelhardt la ha redefinido como “ingeniería genética del mejoramiento”.

Argumentos a favor de la eutanasia

Los partidarios de la eutanasia han apoyado sus tesis en argumentos como la lucha contra el sufrimiento insoportable y el ejercicio de la compasión clínica, la dignidad de la muerte y la autonomía de la voluntad del paciente. El sufrimiento se ha banalizado y considerado como un mal absoluto que hay que eliminar a toda costa. Se olvida que Dios dijo a Eva que pariría con dolor y a Adán que ganaría el pan con el sudor de su frente y que la tirra le daría espinas y abrojos. A ambos les recordó que morirían porque eran polvo y en polvo se convertirían (Gen. 2.16/19).

La huida del valor y del sufrimiento se convierte en un valor supremo, que supone la negación de la realidad y causa deshumanización y frustración vital. Desde un punto de vista hedonístico, el sufrimiento es considerado como negativo, indeseable y contrario a la dignidad humana. Como ha señalado José Manuel Cansino, se festeja la eutanasia como un triunfo sobre el sufrimiento. El dolor es feo, pero nadie es ajeno al sufrimiento, que es una realidad inherente a la condición humana y un reto al que hay que enfrentarse, asumirlo y sublimarlo. Resulta inconcebible que se promueva la eutanasia en momentos en que la medicina ofrece alternativas como los tratamientos paliativos para atender a los enfermos en la última fase de su vida. Los profesionales de los cuidados paliativos no cesan de reivindicar el desarrollo de esta rama de la medicina en la que los Estados apenas invierten, porque es más expeditivo y menos costoso recurrir a la eutanasia. Por ello, los cuidados paliativos están poco desarrollados y sólo benefician a los que pueden costeárselos y se les niega a los más pobres y desasistidos. Así, el Gobierno de Sánchez ha dejado “ad calendas grecas” el proyecto de ley de cuidados paliativos y dado prioridad a la proposición de ley sobre la eutanasia.

Según el documento de la Conferencia Episcopal Española “Sembradores de esperanza” (2019), quien sufre y está al final de su vida necesita ser acompañado, protegido y ayudado a responder a las cuestiones fundamentales de la existencia, abordar con esperanza su situación, recibir los cuidados paliativos con competencia técnica y calidad humana, ser acompañado por sus familiares y seres queridos y recibir el consuelo espiritual y la ayuda de Dios. La eutanasia que tiene como objetivo facilitar la muerte con el fin de eliminar el dolor no aporta soluciones a la persona que sufre. Como ha señalado la Plataforma de los 7.000, necesitamos con urgencia una Ley de tratamientos paliativos cuyos beneficios alcancen a toda la población. Hay que eliminar el sufrimiento y no a los que sufren.

La Conferencia ha glosado el adagio médico de que la medicina “debe curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre”. A él habría que añadir un cuarto componente: “no matar nunca”. Para afrontar el sufrimiento hay otros medios, como aliviar las molestias, controlar el dolor, consolar al paciente o acompañar y mejorar su situación vital. Los enfermos tiene derecho a no sufrir inútilmente, a que se respete su libertad de conciencia, a conocer la situación en que se encuentren, a participar en la decisiones sobre las intervenciones a que se sometan, a que se respete su privacidad y la presencia de sus familiares, y a recibir asistencia espiritual. Tienen derecho a recibir tratamientos paliativos aunque recorten su vida, a que no se prolonguen las terapias de forma innecesaria, y a eludir el encarnizamiento y la obstinación terapéutica. Como ha señalado el documento pontificio “Samaritanus bonus” (2020), la miseria más grande es la falta de esperanza ante la muerte. La compasión humana no consiste en provocar la muerte del enfermo, sino en acogerlo, sostenerlo en las dificultades y ofrecerle afecto, atención y medios para aliviar el sufrimiento.

Los partidarios de la eutanasia mantienen que el sufrimiento supone una vida indigna y que la muerte asistida es la mejor manera de superarlo. La calidad de la vida vale más que la vida misma ¿Con qué baremo se mide esa calidad para llegar a la conclusión de que no merece la pena ser vivida? Nadie –ni médico, juez o funcionario- tiene derecho a decidir que algunos seres humanos no tengan derecho a vivir y deban morir para conservar su dignidad. Ningún ser humano pierde la dignidad por sufrir. Como señaló San Juan Pablo II en su encíclica “Evangelium Vitae”, “cualquier persona puede llegar a descubrir en la ley natural de su corazón el valor sagrado de la vida humana desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser a ver respetado totalmente este bien primario suyo. En el reconocimiento de este derecho se fundamenta la convivencia y la misma comunidad política”. El papa Francisco ha reafirmado el valor inviolable de la vida, que “es una verdad básica de la ley natural y un fundamento esencial del ordenamiento jurídico”.

No hay que contraponer el sufrimiento con la posibilidad de vivir dignamente y dejar morir cuando la ley natural llame a ese momento. El Foro de Laicos de España ha respaldado el valor absoluto de cualquier vida humana y de su intocable dignidad. En la declaración conjunta de las Religiones Monoteistas Abrahánicas (2019) ha afirmado que “el cuidado de los moribundos representa una forma de asumir con responsabilidad el don divino de la vida cuando ya no es posible tratamiento alguno y muestra la responsabilidad humana y ética con la persona que sufre ante la muerte inminente. El cuidado respetuoso de la persona debe reconocer como objetivo fundamental la dimensión específicamente humana, espiritual y religiosa de la muerte”. Por consiguiente, se ha opuesto a cualquier forma de eutanasia, porque contradice fundamentalmente el valor inalienable de la vida humana

Por último, los defensores de la eutanasia han invocado la autonomía de la voluntad de las personas y su derecho a decidir sobre su propia muerte. “Yo soy dueño de mi vida y moriré cuando y como quiera”, alegan. Pedir la eutanasia no significa que se reconozca la autonomía del paciente, sino bien al contrario, desconocer el valor de la libertad condicionada por la enfermedad y el dolor. Aceptar este argumento supondría justificar el suicidio asistido y el suicidio a secas, así como una eventual legalización de aberraciones como la pederastia o del bestialismo, si la voluntad de cualquier individuo es suprema, con independencia de los derechos y libertades de terceros. Un pensador –creo recordar que André Maurois- decía que los hombres en sociedad se asemejaban a los erizos, que si se mantenían separados no se escuchaban y si se acercaban demasiado se pinchaban. Hay que encontrar una fórmula que establezca la distancia adecuada y fije las normas de comportamiento para que se escuchen y no se pinchen. Esta reflexión es aplicable al establecimiento de las normas sobre el derecho de las personas a la vida

La eutanasia no es un derecho

Como ha señalado el Comité de Bioética de España, la eutanasia no es un derecho, ni un signo de progreso, sino de regresión. Responder con la eutanasia a la deuda que la sociedad ha contraído con sus mayores no parece que sea el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y de la solidaridad intergeneracional. No Hay que confundir lo que es lícito, porque así lo ha decidido el legislador con acabar con la vida de los ciudadanos. Para que un deseo o una pretensión se transformen en un derecho es necesario situar esa pretensión en el marco de las relaciones sociales como algo razonablemente exigible. La existencia del derecho exige razones más allá de los meros deseos del legislador, ya que implica poner en sus manos un poder que le permite controlar la conducta de otras personas, determinar lo que éstas puedan hacer o dejar de hacer, y hacerlo con el respaldo del papá Estado. Con la legalización de la eutanasia y su incorporación a las prestaciones del Estado, éste tendrá en sus manos no ya la salud de sus ciudadanos, sino también sus propias vidas, superando con ello uno de los principales límites del Estado liberal, en virtud de los cuales la vida de los ciudadanos no puede estar sometida a los poderes públicos. Esta legalización de la eutanasia supone una vía devastadora contra la protección de la vida humana. Podrá ser derecho positivo, porque así lo hayan decidido las Cortes, pero no es un derecho legítimo por estar en contra del Derecho Natural, que está impreso en la conciencia de todos los ciudadanos. Habrá que esperar a conocer la opinión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la ley.

Tampoco es una decisión progresista, sino un retroceso en la civilización, ya que, en un contexto en que el valor de la vida humana se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidad familiar o gasto público, la legalización de la muerte temprana añade un obstáculo más al reconocimiento del derecho a la vida. Es llamativa la contradicción de la izquierda que ha luchado por la abolición de la pena de muerte y ha conseguido, a justo título, que se consagre en nuestra Constitución -aún cuando suponga un beneficio para los criminales-, pero promueve la muerte de inocentes nasciturus o enfermos desahuciados al defender el aborto o la eutanasia. La efectiva universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo socio-sanitario debería constituir para el Gobierno, ética y socialmente, el camino a emprender de manera inmediata, en vez de proclamar un derecho a acabar con la vida de los ciudadanos a través de una prestación pública. La muerte provocada no puede ser un hatajo para sanear la Seguridad Social o ahorrar recursos humanos y económicos en los servicios de cuidados paliativos.

El Congreso ha fundamentado la aprobación de la Ley sobre la Eutanasia en el artículo 149-1 de la Constitución, que atribuye al Estado competencias para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles y se ha olvidado de mencionar el básico artículo 15, que establece que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”.

La Ley reconoce el derecho a solicitar y recibir lo que púdicamente se ha denominado “prestación de ayuda para la muerte” (artículo 4), para lo que se requiere ser mayor de edad y español –o residir en España-, “sufrir una enfermedad grave o incurable, o un padecimiento grave crónico e imposibilitante”, hacer dos solicitudes por escrito de manera voluntaria y prestar consentimiento informado (artículo 5). Las prestaciones de ayuda para morir estarán incluidos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y serán de financiación pública (artículo 13), y los profesionales sanitarios podrán ejercer la objeción de conciencia, de forma participada y por escrito, y deberán inscribirse en un registro “ad hoc” (artículo 16).

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta –que además de en Teología es doctor en Medicina- ha afirmado que la práctica eutanásica contradice la razón de ser de la medicina, que siempre a ha sido curar, al menos aliviar y siempre acompañar y consolar. “Ahora se introduce un nuevo objetivo: eliminar la vida del interno”. Ha estimado que hay algunos puntos especialmente chocantes como la consideración de la eutanasia como muerte natural, la dificultad de valorar la capacidad de decisión en estas situaciones –especialmente cuando haya alteraciones psicológicas-, la inscripción obligatoria en registros de los médicos objetores, y la obligatoriedad de ofrecer la eutanasia en todos los centros, incluidos los que estén en desacuerdo con ella. La medicina posee cada día más capacidad para eliminar el dolor y aliviar el sufrimiento de los enfermos y no entra en su razón de ser la eliminación de la vida del paciente. “Las razones esgrimidas para abanderar la eutanasia son de tipo ideológico y no médico”.

El PSOE rechazó hace cuatro años la propuesta de Podemos de legalizar la eutanasia y ahora ha tomado la iniciativa. ¿Acaso tiene algo que ver con la presencia de Podemos en el Gobierno y su alianza con ERC y Bildu? Sánchez debería explicar al pueblo español las causas de este giro copernicano. El Congreso ha rechazado la enmienda podemita de aplicar la eutanasia a los menores de edad, en medio de esta orgía eutanásica en el hemiciclo. Ha adoptado una actitud más propia de la Reina de corazones en “Alicia en el País de las Maravillas”, en el sentido de que, cuando a un enfermo le duele la cabeza, lo mejor es cortársela. El PSOE ha cambiado el mensaje de Jesucristo de que “La verdad os hará libres” (Juan, 8/31) por el de ¡La muerte os hará libres”. Me gustaría conocer la opinión sobre este tema de los diputados, senadores y prohombres cristianos del PSOE, Ciudadanos y el PNV, si es que queda alguno.

Cabe concluir que es contrario al Derecho Natural causar la muerte de un enfermo para evitarle el dolor y el sufrimiento. Ni el paciente, ni la familia del mismo, ni el personal sanitario o burocrático tienen derecho a provocar la muerte de una persona. Acabo recordando las palabras sencillas y entrañables de la madre Teresa de Calcuta: ”La vida es belleza, admírala. La vida es vida, defiéndela”




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