En los últimos días del año que hace poco nos abandonó, se produjo una noticia que, me temo, pasó, para la mayoría de los ciudadanos, totalmente desapercibida. Los pocos medios que la trataron pasaron de puntillas por ella y, por supuesto, no profundizaron en la misma ni en el calado que podría tener.

Se trata de una sentencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaba el pasado 18 de diciembre, en relación a un contencioso conocido como caso Molla Sali (sobre un asunto de herencia en que la viuda que debía heredar vio como perdía dicha herencia por aplicación de la ley islámica), y de acuerdo a la cual, los Estados europeos podrán permitir que sus ciudadanos musulmanes se rijan por la la citada ley islámica, la denominada “sharia”.

La corriente “buenista” dominante en esta Europa políticamente correcta nos está llevando, incluso a instituciones supuestamente prestigiosas como es ese Tribunal Europeo, a adoptar decisiones, políticas y jurídicas, que, empujados por ese multiculturalismo de salón del que hacen exhibición nuestros dirigentes, y ese sentimiento incomprensible de inferioridad de la civilización occidental actual, cuando su superioridad, al menos moral, con respecto a la islámica, es más que evidente. Aunque Teresa Rodríguez no lo crea, llevan irremisiblemente a la liquidación de la cultura europea tal y como la conocemos.

Bien está que lleguen inmigrantes, legales, a nuestra vieja Europa, pero condición indispensable para su permanencia en ella debería ser su respeto a las normas y convenciones por las que en ella nos regimos y a la cultura de la que provenimos. Una sentencia del tipo de la que dictó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 18 de Diciembre pasado abre una peligrosa vía que propiciaría que, en aquellos países con una comunidad islámica lo suficientemente potente, esta pudiera exigir, utilizando para ello dicha sentencia, regirse por tribunales especiales fundamentados en la ley islámica, la sharia, basada en el Corán, que prescribe cosas como que en caso de divorcio, la mujer debe contar con el consentimiento de su marido y, al mismo tiempo, pagarle la dote. O que si la mujer comete adulterio, se enfrenta a la muerte por azotamiento o lapidación. Que la mujer musulmana está sujeta a castigo después del testimonio de cuatro hombres “justos”, o tres hombres “justos” y dos mujeres “justas”. Sin embargo, la palabra femenina no tiene valor ante un tribunal y crímenes que establece la sharia, como la homosexualidad, el adulterio, beber alcohol o combatir contra el régimen islámico, sólo pueden ser probados por los hombres. O que si una mujer presenció una violación o un robo, no tiene derecho a atestiguar y, en caso de hacerlo, será castigada con 80 latigazos….., etc.

En una sociedad como la actual, con  invasión de colectivos feministas radicalizados en cuanto a la reclamación de derechos y, sobre todo, en cuanto a la inculpación, casi la criminalización, del hombre por el mero hecho de serlo y una aplastante profusión de grupos propagando los postulados LGTBI, es totalmente contradictorio y chocante que los mismos partidos de izquierda que sostienen esas asociaciones feministas radicales o esos grupos LGTBI estén, al mismo tiempo, apoyando la islamización progresiva de nuestras sociedades en aras de ese multiculturalismo buenista del que hablaba al principio, legitimando la implantación en el seno de nuestras comunidades, de raíz cristiana, de usos, costumbres y ahora también normas, que relegan y humillan a la mujer o los homosexuales, entre otras cuestiones.

Y habrá quien me responda: sí, pero eso sólo regiría entre ellos. Y así es, pero el efecto expansivo y contaminador que tendría dicho hecho para el resto de la sociedad que conviviera con esa comunidad sería devastador.

O ponemos urgentemente coto a los excesos del multiculturalismo en nuestra sociedad o el fin de Europa está cerca. Un suicidio asistido.