El Gobierno ha abierto la veda contra la transición

En el periódico “El País”, Mar Padilla publicó el pasado 24 de agosto el artículo “Ni tan modélica ni tan pacífica: los años de plomo de la transición”, que es una muestra manifiesta de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus aliados y asociados de desprestigiar y liquidar la Transición. Utiliza como instrumento fundamental para ello las Leyes de Memoria Histórica (Ley Zapatero) y de Memoria Democrática (Ley Sánchez). El desarrollo de este proceso ha sido magistralmente explicado por Daniel García-Pita en su libro “El caso Pemán: la condenación del recuerdo”.

Ley de Memoria Histórica

El antecedente de este proceso cabe situarlo en la sorprendente decisión del entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de abrir una investigación sobre los crímenes supuestamente cometidos por Francisco Franco y 48 dirigentes franquistas por el secuestro y la desaparición de personas durante la guerra civil y la dictadura. Ante el escollo para llevar a buen puerto su pretensión a causa de la imprescriptibilidad de las leyes penales, Garzón se inventó la teoría de que mientras no aparecieran los restos de los desaparecidos, existiría un delito continuado de detención ilegal, cuyo plazo de prescripción no comenzaría hasta que se hubieran he encontrado e identificado dichos restos.

Los españoles recorrieron pacíficamente el camino de la Transición política y se dotaron de una Constitución plenamente democrática, que fue aprobada por la inmensa mayoría del pueblo español. La Transición tuvo el extraordinario éxito de conseguir la reconciliación formal de los españoles de uno y otro bando, que se plasmó política y jurídicamente en la Ley de Amnistía de 1977. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió, sin embargo, dejar de lado la transición, el olvido, el perdón, la concordia, la reconciliación y la amnistía, y comenzó un proceso tendente a condenar a los vencedores y de exaltar a los vencidos en la guerra civil, y trajo a primer plano una memoria colectiva, una historia previamente retocada, para revivir un rencor que había desaparecido. A esta proeza la llamó “Memoria Histórica”.

El iluso Zapatero sintió sobre sus hombros la responsabilidad de cumplir los sueños que la generación anterior había abandonado durante la Transición. Para la izquierda española, aquélla tenía un cierto regusto de derrota y exigía volver atrás para realizar lo que la generación anterior había sido incapaz de llevar a cabo. Había que hacer algo llamativo que conmoviera a su electorado y parió la Ley de Memoria Histórica, intentando convertirse en el líder del cambio revolucionario que sus mayores habían sido incapaces de imponer en el proceso de la Transición. El presidente empujó la puerta que le había entreabierto Garzón.

Zapatero no se conformó con dictar normas que permitieran recuperar los restos de las personas desaparecidas y conceder a sus familiares las indemnizaciones correspondientes, sino que condenó el recuerdo de los vencedores de la guerra mediante la destrucción de cualquier signo que pudiera recordarlos, y la manipulación de la Historia, para que se olvidaran los acontecimientos ocurridos durante la II República y los desmanes cometidos en el bando republicano. Su principal timbre de gloria fue la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y el inicio de la secularización de ese espacio religioso. El principal fallo de la Ley era la ignorancia absoluta de las víctimas habidas en el campo republicano, que no se han beneficiado de las medidas previstas en la misma.

Ley de Memoria Democrática

Pedro Sánchez consideró que había llegado el momento dar un nuevo paso en la revisión de la Historia de España siguiendo el camino abierto por su predecesor, pero ampliándolo y radicalizándolo mediante su conversión en “Memoria Democrática”. Como afirmó en la presentación del programa socialista, aspiraba a que la memoria histórica se convirtiera en una política de Estado como memoria democrática de futuro. Dicha ley no podía ser una simple reforma de la anterior, sino que su esencia debería ser “la recuperación, salvaguardia y difusión de la memoria democrática, como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos, y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones, en torno a los principios valores y libertades constitucionales” ¡Por retórica que no quede! Sin embargo, el objetivo esencial de la Ley era criminalizar al objeto investigado y poner en cuestión la Transición. Pese a la exaltación de boquilla de la Ley de Memoria Histórica, ésta quedó derogada y hubo que comenzar de nuevo.

Según los promotores de la ley Sánchez, sus objetivos eran satisfacer el derecho al conocimiento de la verdad sobre una época singularmente importante en la Historia de España, y evitar que se repitieran los acontecimientos del trágico pasado. Para García-Pita, las medidas de compensación a los derrotados y la exhumación de las fosas comunes para devolver los restos de los enterrados a sus deudos para que pudieran darles una sepultura digna eran elementos positivos y ayudaban a la reconciliación, pero no tenía sentido socializar y nacionalizar el derecho a la piedad con los muertos y, menos aún, ofender a los vencedores con la condenación de su recuerdo, porque la ofensa no es un buen medio para lograr la reconciliación. Pese a la opinión generalizada de que la Transición facilitó la reconciliación entre los españoles, los memorialistas mantienen que se trató de un pacto de silencio mafioso aceptado por las élites franquistas ante la llegada inevitable de la democracia, y las izquierdas que la pactaron traicionaron los ideales que decían representar. Unos y otros pretendieron enterrar el pasado, pero lo hicieron en falso. Sostener que el proceso de Memoria histórica y democrática tiene por objetivo la reconciliación de los contendientes de la guerra civil es claramente una falacia.

Para cubrir el segundo supuesto objetivo de evitar que los españoles se salieran de la senda democrática, sería preciso rememorar con el máximo detalle el pasado fascista para evitar su repetición. Frente a la opinión de muchos historiadores de que el levantamiento contra la República se produjo por el desastre en que ésta había derivado y la amenaza comunista, los promotores de la Memoria Democrática ignoran la descomposición de la II República como antecedente necesario de la guerra civil. España era un país pacifico, feliz y democrático, contra el que se levantaron algunos militares traidores y unas minorías reaccionarias, cuyo objetivo era la imposición de una dictadura fascista. El levantamiento triunfó tras una guerra civil llena de crueldad por parte de los sediciosos, frente a una defensa legítima e intachable del bando republicano. Los rebeldes triunfaron con la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista, mientras que los republicanos apenas recibieron asistencia, salvo la de unos pocos brigadistas románticos. Terminada la guerra, los vencedores implantaron una dictadura y ejercieron una represalia feroz contra los vencidos. Los españoles vivieron políticamente esclavizados hasta 1978, cuando se aprobó la Constitución. La transición a la democracia fue un trámite trucado que se aceptó como un mal menor, pero que -pasado el tiempo- había que poner en evidencia y desmontar. La transición fue el pecado original de la actual democracia, del que solo nos podrá redimir un proceso rupturista protagonizado por la izquierda progresista.

Esta descripción de parte es un dogma que, o bien se acepta sin discusión, o se corre el riesgo de ser acusado de fascista. A lo largo de la guerra, la dictadura y la Transición, hubo una serie de traidores a la democracia y a España, que fueron injustamente glorificados por el régimen franquista y que ahora, con pleno conocimiento de la verdad, deben ser condenados mediante una “damnatio memoriae” total.  Semejante valoración, no obstante, se aleja bastante de la realidad. La República había abandonado los principios y valores propios de una democracia. Desde el fraude electoral que llevó al poder al Frente Popular en 1936 -puesto de manifiesto por Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa en su libro “1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular”-la deriva de España hacia un Estado marxista bajo control de la URSS era imparable. Siguió a ese pucherazo una historia de violencia antidemocrática, que se había iniciado con la quema de conventos, continuó con la sublevación revolucionaria de Asturias en 1934, y culminó con el asesinato por la policía de uno de los jefes de la oposición, José Calvo-Sotelo.

Como ha señalado el hispanista Stanley Payne, es totalmente falso que la República fuera democrática y legal hasta el final. Los líderes republicanos sabían que era necesario esconder y disfrazar la explosión obrera de cara al exterior, ya que sin la apariencia de democracia no se podía solicitar apoyo a los países que estaban en contra de la quema de conventos y de la colectivización de la tierra. Esa propaganda se ha mantenido como el mito político más resistente de la izquierda actual. El único de la primera mitad del siglo XX en Europa y en el mundo que se mantiene todavía intacto.

En el reparto de culpabilidades, los historiadores no se han puesto de acuerdo. Sin embargo, cabe destacar que fue la amenaza de una España comunista la que produjo como reacción el nacimiento de posiciones fascistas. En uno de los bandos coexistían comunistas y republicanos sinceros, y en el otro había fascistas y no fascistas, republicanos moderados y partidarios de la restauración de la monarquía. El culpable fue el que provocó y no el que reaccionó a la provocación. No se pueden olvidar las palabras pronunciadas por Francisco Largo Caballero en 1936:” Ahora, cuando nos lancemos por segunda vez a la calle, que no nos hablen de generosidades, ni de respetar personas y cosas. Vamos a tomar el poder como sea, para establecer la dictadura”. El pretendido objetivo de la Memoria Democrática de evitar que se reprodujeran los errores del pasado es otra falacia.

Los propulsores de la Memoria Democrática se encontraban con el serio problema de la pasividad de la generación de la guerra y de sus hijos a la hora de reclamar que se buscara la verdad, por lo que se hizo patente que el protagonismo del proceso reivindicativo no iba a ser asumido por las viejas generaciones. Como había que impulsar la búsqueda de la verdad “velis, nolis”, dado que no existía ningún voluntario, había que inventarlo, y el  informe de Pablo de Greiff sobre España, dio una pista útil al señalar que “la generación de los nietos son quienes han impulsado iniciativas en favor de la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”. Resulta paradójico que sean los nietos -que no tuvieron ningún contacto directo con lo sucedido durante la guerra civil y en la dictadura -los que ahora reclamen  lo que no pidieron sus padres durante más de treinta años de libertad en democracia, y se muestren deseosos de resarcirse de la derrota de sus abuelos y de una dictadura para ellos desconocida. 

Como ha señalado la Ley Sánchez, “la llamada generación de los nietos quiso conocer lo que pasó con sus antepasados y ha exigido la recuperación y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas republicanas. De esta manera, con el siglo XXI, se abre una nueva fase en las políticas de memoria que conecta con mayor claridad, aunque de manera paulatina, la memoria democrática de España con la memoria europea y con el derecho internacional de los derechos humanos, que se plasma en los principios internacionales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Como ha observado García Pita, cualquier propósito de manejar la historia con fines sectarios exige reescribirla o, al menos, retocarla, y para satisfacer ese empeño había que borrar cualquier manifestación que recordara la derrota: convertir el ”Vae victis!” –“¡Ay de los vencidos!”- en “Vae victoribus!” –“!Ay de los vencedores!”-, y convertir en mártires de la democracia a los derrotados. También había que  borrar las trazas de las tropelías cometidas bajo el régimen republicano, y resaltar las actuaciones condenables en el bando nacional. En una proyección de la censura hacia el pasado, los promotores de la causa de la Memoria se inspiraron en la novela “1984” de George Orwell, que modernizó los viejos sistemas de falsificación del pasado experimentados por la Unión Soviética.

Siguiendo este modelo, Sánchez ha creado el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática -por un tris no lo denominó “Ministerio de la Verdad”-, que cuenta  con una Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ayudada por múltiples entidades memorialistas y órganos y comisiones establecidos a nivel autonómico y municipal. El Gobierno ha creado un Registro de Entidades Memorialistas, un Banco Estatal de ADN de las Víctimas de la Guerra y de la Dictadura, un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática para investigar los hechos producidos con motivo de la guerra y de la dictadura, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y un Consejo Territorial de Memoria Democrática. Asimismo pretende crear una Comisión de la Verdad, lo que para Payne es ridículo y absurdo. “En la España actual se persigue el castigo. Es otro intento de tergiversar la historia. El único aspecto directo que me parece genuino y operativo de la ley de Memoria Histórica es el exhumar los restos que están en fosas, que -si bien no son tantos- merecen ser enterrados con una debida dignidad y reconocimiento. La Historia hay que dejarla en manos de los historiadores y no de los que intentan utilizarla como un arma política”.

El Gobierno de Sánchez emplea la Historia como coartada para la evasión del presente. Según Daniel Gascón, utiliza la tragedia de la guerra civil para imponer un relato maniqueo que destroza nuestro marco de convivencia. Como ya tuve oportunidad de afirmar en un artículo publicado hace dos años cuando se conoció el anteproyecto de la Ley, aparte de ser un elemento de distracción de la crítica situación económica que atraviesa España, la Ley de Memoria Democrática es una aberración histórica, jurídica y política.

Apoyo de los medios de comunicación afines

Los medios de comunicación afines al socialismo, encabezados por el diario “El País”, han acudido raudos a apoyar las maniobras del Gobierno para desprestigiar la transición y acabar con ella. Una prueba de ello es el artículo de Padilla anteriormente citado. La reportera acoge en su columna los libros que ha podido encontrar que eran críticos con la Transición, como “El mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982)” de Sophie Baby, “La transición oculta. Ni modélica ni pacífica”, de Luis Miguel Sánchez Tostado, “La secreta de Franco”, de Pablo Alcántara”, “Las otras víctimas. La violencia policial durante la transición”, de David Ballester, o “el TOP, la represión de la libertad”, de Juan José del Aguila.

Especialmente negativa y nociva es la obra de la francesa Baby, que pone en pie de igualdad -en un “totum revolutum”- el Batallón Vasco Español, los Guerrilleros de Cristo Rey, la ETA, el FRAP, el GRAPO, y el terrorismo del Estado español. Según Baby, la violencia política se sitúa en la médula misma del proceso de transición, y el objetivo perseguido por el Gobierno era el de inculcar en la opinión pública la idea de que la democracia suponía desorden, violencia y caos. Ha contabilizado 536 muertos producidos por lo que ha denominado  ”violencia contestataria” (¿?) -concepto sumamente vago y ambiguo en el que caben los casi 800 muertos por ETA y las víctimas inexistentes de los Guerrilleros de Cristo Rey-,  y 173 fallecidos a manos del Estado, qué detalladamente explicita como producidos por torturas, “incidentes policiales” y brutales represiones de manifestantes por las fuerzas de seguridad. Ante estos actos de violencia -concluye la objetiva observadora de la realidad española- cae por su peso el mito de la Transición pacífica, que recuerda más bien a los años de plomo de la Italia de los 70.

Padilla le da hilo a la cometa y considera como un dogma irrebatible que España ocupa, tras Cambodia, el puesto número dos en la notoria lista d personas desaparecidas en el mundo. No se puede, sin embargo, echarle demasiado en cara esta afirmación, puesto que no hace más que repetir lo dicho por Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados. Semejante aserto carece de cualquier fundamento, pero el presidente sigue el consejo de “repite incansablemente una mentira hasta que se convierta en una incontestada verdad”. Pese a los años que viene investigando la Comisión de la Memoria Histórica, sigue sin disponer de datos fidedignos sobre el número de desaparecidos durante la guerra civil y la  dictadura de Franco. Los memorialistas recurren a los datos incluidos en el fantasioso auto de 2008 del juez Garzón, de que entre 1936 y 1951 se produjeron 114.226 desapariciones ilegales. Consultada la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, contestó que no disponía de datos sobre España, pero que no creía que fuera realista situarla en el segundo lugar del “ranking” mundial de desaparecidos. Tampoco la ONU dispone de datos. Entre 2000 y 2018, los órganos correspondientes del Gobierno han exhumado 740 fosas comunes y tan solo han encontrado 6000 cadáveres, por lo que los datos no contrastados de Garzón carecen de cualquier verosimilitud. Es más que evidente que, en Rusia, China, Vietnam, la antigua Yugoslavia, Irak, la República del Congo, Ruanda, Argentina, Chile o Méjico se han producido más desapariciones que en España, sin necesidad de que haya habido una cruenta guerra civil. Sánchez no tiene el menor pudor en mentir abierta y conscientemente sobre cualquier tema, con tal de que le beneficie en su política prioritaria de auto-subsistencia personal.

La Transición española ha sido con toda justicia objeto de alabanza general  y se ha recomendado en todo el mundo como un modelo de transición pacífica de un régimen autocrático a otro democrático. Puedo ofrecer mi testimonio personal como embajador en la Federación de Rusia y en diez países desgajados de la antigua Unión Soviética -de Bielorrusia a Kazajstán y de Georgia a Uzbekistán- del enorme interés suscitado en estos Estados por la Transición española. Los dirigentes de algunos de ellos me pidieron amplia y detallada información sobre la experiencia de España con miras a seguir su modelo -información que les facilité-, pero, desgraciadamente sus deseos no se materializaron en la realidad.

Pese a ello, la izquierda radical de Podemos y los partidos nacionalistas la han criticado de forma desaforada. Como ha señalado Payne, la izquierda radical y los grupos nacionalistas han realizado, no ya una crítica a la Transición, sino un acto seudo histórico con fines políticos. “La transición tuvo mucho éxito y fue modélica, la primera en el mundo en esas circunstancias, que condujo sin violencia un régimen dictatorial a una democracia. Fue un logro cívico importante de los españoles, pero evidentemente se logró por medio de una negociación entre las élites, qué es lo que más critica la izquierda radical. Son argumentos poco históricos y menos honestos. La extrema izquierda quiere cambiar muchas cosas en el país, empezando por el relato de la Transición, para presentarlo como una operación falsa, una manipulación de las élites”.

El PSOE participó de forma responsable en el proceso de la Transición y contribuyó en gran medida a la reconciliación nacional y al establecimiento de una democracia en España. Su socio en el Gobierno, Podemos, siempre ha estado en contra de la Transición y, desde su creación, preconizó su liquidación y la apertura de un nuevo proceso constituyente para establecer la III República. Ha sido, por tanto, coherente en su actitud y mantenido que se ha producido un paréntesis en la historia democrática de España que se cerró en falso con la Transición y que debería cerrarse definitivamente y replantearse la cuestión de la forma del Estado, dando la posibilidad al pueblo español de pronunciarse en referéndum sobre la opción entre Monarquía y República.

 El PSOE de Sánchez, en cambio, no ha sido coherente con sus principios, pues -aunque tradicionalmente haya sido de ideología republicana – ha aceptado lealmente la instauración de la monarquía en España. Ahora, Sánchez -por motivos estrictamente personales- ha cedido a la nefasta influencia de su socio “podemita”, traicionado los principios inspiradores de  un partido de Estado con más de 100 años de historia, renegado de la Transición, propugnado el cierre de su exitoso período, y provocado la renovación del enfrentamiento guerra civilista entre las dos Españas. La Historia y los españoles no se lo perdonarán.




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