El anteproyecto de memoria democrática es una aberración

El pasado 15 de septiembre, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley sobre la Memoria Democrática elaborado bajos los auspicios de la vicepresidenta primera del Gobierno. Según Carmen Calvo, el texto sigue la estela de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que abrió “abrió puertas para enfrentar a nuestro pasado, ha dado extraordinarios frutos y ha marcado el rumbo por donde teníamos que seguir trabajando”. Ha cambiado el calificativo de “histórica” por el de “democrática” para recoger los hitos de la lucha del pueblo español por sus libertades y derechos. ”La democracia española no se podía permitir estar un día más sin una ley como ésta. Si la de 2007 ya llegó tarde, imagínense como llega la de 2020”.

Pues la verdad es que no me lo imagino porque, si mala fue la ley de José Luis Rodríguez Zapatero, mucho peor es la de Pedro Sánchez. Pero, ¿por qué tiene tanta prisa la vicepresidenta? Según David Jiménez Torres, el anteproyecto fue aprobado el mismo día en que el Ministerio de Sanidad informó de 156 nuevos muertos por covid-19 y que FUNCAS anunciaba la caída este año del PIB en un 13%, y un día después de que la Fiscalía General del Estado recomendara la no admisión de las querellas presentadas contra el Gobierno por su manejo de la crisis sanitaria. Ante una situación marcada por la enfermedad, la muerte, el desempleo y el empobrecimiento, se anuncian medidas de raíz simbólica que mantengan a las bases satisfechas y movilizadas. Iván Redondo sabe que lo más cercano a una guerra cultural es el recuerdo de la guerra civil, y que no hay mejor manera para normalizar ante sus votante sus trapicheos con ERC y Bildu que mantener que, al otro lado de la línea ideológica, sólo hay franquismo.

En opinión de Jorge Bustos, Francisco Franco nunca sospechó que pudiera proyectar después de muerto una sombra tan alargada como la que proyectó mientras estuvo vivo. Claro que en política depende de quien maneje el foco, y en este caso lo hace el PSOE, primera productora nacional de ilusionismo mediático, aunque –con los salarios congelados y las pensiones tiritando- la propaganda no cala igual y, desde la cola del paro, el ardor militante se atempera. Por eso, los reprogramadores del eterno combate Franco-Sánchez no esperan hacer una gran bolsa, sino provocar a Vox lo suficiente para que entre al trapo y se active entre los socialistas y sus simpatizantes el pánico mitológico a la alternativa.

Para Javier Redondo, no hay nada imposible para el binomio Pedro Sánchez y Pablo “La pala de la memoria es el ungüento que alivia la inoperancia, ahúma la nulidad, solivianta atavismos, y pretende distraer el ojo de la persiana del negocia echada, la cola del paro, las ayudas sin cobrar, las arcas vacías, los apremios de Bruselas y las machadas de Bildu. El recurso a la memoria resulta un filón inagotable para los tercios de la división”. El anteproyecto extiende el franquismo hasta 1978 y revisa el papel del PSOE durante la transición. El partido acepta el relato de lo que era la izquierda marginal –asumido por Podemos- y pone en entredicho las leyes de Reforma Política y de Amnistía, que carecían de legitimidad al haber sido aprobado por las élites franquistas. A este respecto, conviene recordar el Tribunal Supremo afirmó en su sentencia de 2012 sobre Baltasar Garzón, que la Ley de Amnistía no fue aprobada por los vencedores detentadores del poder para encubrir sus crímenes, sino que fue adoptada por abrumadora mayoría en las Cortes Constituyentes como reivindicación de las fuerzas políticas ideológicamente contrarias al franquismo, por lo que ningún juez o tribunal podía cuestionar la legitimidad de tal proceso.
Para Rafa Latorre, el Gobierno trabaja para que la memoria de los españoles se vea afectada por una particular demencia que imponga el olvido de lo reciente y un vívido recuerdo de lo remoto. “El franquismo es la dopamina del PSOE, que necesita de la enésima forma legal en su eterno combate póstumo con Franco, por lo que el franquismo ha de permanecer siempre en trance de ser derrotado”. Es lo que en Román paladino se denomina “alancear al moro muerto” y -según Javier Maroto-, el Gobierno recurre al comodín de Franco para tapar su deficiente gestión y sus mentiras. Francisco Rossell ha estimado que la memoria democrática aspira a hacer del pasado el provenir que nos espera, mediante un recurso al antifranquismo sobrevenido por quienes resucitan a Franco para instaurar las bases de una tiranía, una estrategia que valga para tapar la negligente gestión del coronavirus. Trata de normalizar los apaños con ERC y Bildu, vinculando a todo el espectro a la derecha del PSOE con el franquismo. Para “El Mundo”-, si su gestión naufraga y los escándalos se le amontonan, acude a la tumba del dictador El anteproyecto está pensado para prolongar la guerra cultural entre españoles y se basa en una burda distorsión de las palabras para azuzar el revanchismo y exprimir la utilización maniquea del pasado a fin de condicionar el presente y ganar poder en el futuro. Cuando su gestión naufraga y los escándalos se le amontonan, el Gobierno acude a la tumba del dictador. Su necrofilia ya resulta grotesca.

Diferencia entre Historia y Memoria

Historia y memoria son dos términos distintos e incompatibles. Según Fernando del Rey, la Historia no es una ciencia exacta, no hay una única lectura del pasado y, en algo como una guerra civil, caben muchas memorias. La Historia es –o debe ser- objetiva y hay una sola Historia, aunque pueda haber diversas interpretaciones de la misma. Debe ser escrita por los historiadores y no por los políticos, pero –como ha señalado Julia Navarro- en la España de los últimos tiempos, la Historia la quieren escribir los políticos, y –según Fernando García de Cortázar, son los políticos los que deciden qué es Historia y cómo debe enseñarse, con lo que tratan de adoctrinarnos. La Memoria, en cambio, no es única y hay tantas memorias como individuos, por lo que es necesariamente subjetiva. Sería positivo que el Estado diera cobertura a las distintas memorias, pero respaldar oficialmente determinadas lecturas del pasado es una aberración incompatible con una democracia pluralista.

Del Rey ha expresado su comprensión con ciertas reivindicaciones de los movimientos de memoria histórica, si se trata de desenterrar cadáveres, entregar los restos a sus allegados y devolverles la dignidad, pero ve el peligro de que se cree una política oficial sobre el pasado, lo que en una democracia sería una barbaridad. El proyecto de recuperar la memoria de los perdedores resulta ambiguo, porque parece obviar que hubo otro bando que también tuvo sus víctimas. Vienen a mi mente los versos de Alonso de Ercilla en “La Araucana”: “Y habiendo cantado ya la victoria – de los contrarios hasta rebatidos- quedaron vencedores los vencidos”. Esto es lo que pretenden hacer los descendientes de los republicanos –entre los que se encuentran al parecer Sánchez e Iglesias- mediante la memoria histórica o democrática: aplicar la moviola y ganar la guerra civil, aunque sea de forma virtual y simbólica. Como ha observado Isabel San Sebastián, Sánchez pretende imponer una única visión sesgada y partidista de lo acontecido en España durante el último siglo, para así facilitar la magna siembra demagógica y falsaria. En opinión de “El Mundo”, sólo un calculado y mezquino interés político puede explicar la obsesión del Gobierno por abrir heridas de hace más de 80 años e ignorar otras que siguen desgarrando de manera obscena a los españoles y envenenando la convivencia social. Así, mientras la vicepresidenta Calvo volvía a poner de máxima actualidad de la guerra civil y el franquismo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pretende con su política de privilegios a los presos de ETA dar por superado el terrorismo de la banda, con el espurio objetivo de conseguir el apoyo de Bildu a los presupuestos.

Según Michael Sandel, la memoria histórica sólo puede convertirse en obligatoria cuando cuente con el consentimiento de toda la sociedad, no bastando la simple mayoría parlamentaria, ya que también se requiere la anuencia de las minorías. A juicio de Juan Antonio Garrido, la Ley de 2007 no sólo no obtuvo el consenso parlamentario, sino que con ella el Gobierno culminó la politización de la justicia.
Para Cayetana Álvarez de Toledo, la memoria no puede ser, por definición democrática, como tampoco puede ser totalitaria, fascista o comunista. La memoria no es una construcción política impuesta desde arriba, uniformemente roja o azul, sino que es un caleidoscopio formado por recuerdos personales, sesgos inconscientes y referencias sobrevenidas, y hay tantas como individuos. Para Santos juliá, memoria e historia son dos conceptos que no deberían convertir eno en sustantivo y otro en adjetivo. El sanchismo desprecia los hechos y construye una leyenda pueril y falsa. Miente al afirmar que la guerra civil tuvo como objetivo poner fin a la democracia y acabar con los demócratas, entre otras razones porque demócratas había bien pocos en uno u otro bando. Narra una novela épica y maniquea en la que la II República emerge como una Arcadia feliz agredida por los fascistas. Según Ricardo García Cárcel, el Gobierno impone el relato de la idealización de la II República, sin mancha alguna, y la estigmatización del franquismo, sin ningún matiz, con lo que estamos inmersos en un nuevo secuestro de la Historia.

Mas esta idealización de la II República no resiste a un riguroso análisis histórico. Como ha señalado Luis María Ansón, fue una catástrofe por su carácter excluyente, que condujo a la nación a una alternativa dictatorial Si el Frente popular ganaba la guerra, se impondría la dictadura del proletariado; si vencían los nacionales, derivaría hacia una dictadura fascista. Tras tres años cainitas de guerra incivil, el Ejército vencedor estableció una dictadura militar pura y dura bajo el mandato del Caudillo. El rey Juan Carlos I era consciente de que había que superar el destino cainita de la nación y establecer la concordia y la conciliación entre los dos bandos de la guerra civil. En eso consistió la Transición, pero por la conducta del Gobierno de Sánchez-Iglesias, la España sin vencedores ni vencidos se está desmoronando

Del Rey ha descrito objetivamente la situación. La República intentó construir una democracia parlamentaria en un país -según Juliá- de “liberalismo temprano y democracia tardía”. Cometió el gran error de establecer un marco que no tenía en cuenta los anhelos del mundo conservador, al que excluyó de la empresa. Al igual que la extrema derecha, ni los anarquistas ni los comunistas estaban comprometidos con la democracia –antes al contrario- y los socialistas se embarcaron en un rumbo desastroso. Su ruptura con la democracia burguesa comenzó en 1933 cuando, tras perder las elecciones, empezaron a preparar la insurrección. A raíz del triunfo de la coalición de derechas, las izquierdas se negaron a que entrara la CEDA gobernara y, cuando entró en el Gobierno de Lerroux en 1934, reaccionaron con una insurrección contra la República en Asturias, al tiempo que Lluis Company proclamaba la independencia de Cataluña. El Gobierno reaccionó mediante la intervención militar, la detención del Companys y sus consejeros, y su condena por el Tribunal de Garantías Constitucionales a 30 años de prisión. Según Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, las elecciones de 1936 fueron fraudulentas y no las ganó el Frente Popular. El asesinato de José Calvo Sotelo provocó un alzamiento militar -que se venía gestando-,y el inicio de la guerra civil, en cuyos dos bandos se cometieron crímenes de guerra y asesinatos en las retaguardias. La guerra terminó tres años más tarde con la derrota del bando republicano y el establecimiento de la autocracia de Franco, que -aunque contó con el apoyo de Hítler y de Mussolini- no estableció una dictadura fascista, sino una dictadura militar. Los vencedores aplicaron una política de feroz represión y –como ha señalado Miguel Vidal- no es de extrañar que los herederos del Frente Popular busquen la revancha y traten de borrar sus crímenes y blanquear sus conductas. La Ley de Memoria Democrática nos devuelve a 1936 y la izquierda empuja de nuevo a los españoles a la confrontación.

Contenido de la Ley

La exposición de motivos es sumamente reveladora del contenido de la Ley. Se trata de una mezcla del cuento de la buena pipa y de una muestra de manipulación y cinismo. Comienza afirmando que, desde el Holocausto, el impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un deber moral para evitar la repetición de los episodios más negros de la Historia. La principal responsabilidad del Estado es fomentar su vertiente “inclusiva y plural”. Sin embargo, no es ni una cosa ni la otra, ya que excluye a la España no republicana e impone un pensamiento único para luchar contra el supuesto totalitarismo de la derecha. Pretende reconocer y reparar la dignidad de las víctimas de todo tipo de violencia intolerante y fanática, pero sólo de las víctimas republicanas, pues las que no lo eran no merecían esa reparación. La sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas y dieron su vida “en defensa de la democracia y la libertad” –como los comunistas, los anarquistas y los separatistas-, mientras que el bando nacional pretendía perseguir a la democracia y acabar con los demócratas.

La Ley afirma que tiene como objetivo fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia y “preservar y mantener la memoria de las víctima de la guerra civil”, -aunque sólo de una parte de las víctimas- y de la dictadura fascista, para evitar que se repita cualquier forma de violencia política o de totalitarismo. Los republicanos, en cambio, no incurrieron en estas prácticas, monopolio de los nacionales. La Constitución se basó en un amplio compromiso social y político para superar las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la guerra civil y este consenso tuvo su reflejo en el espíritu de la Transición, que ha constituido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido España. Sin embargo, muchas de las medidas que contempla la Ley ponen en peligro los frutos de la Transición al reabrir heridas, alentar resentimientos y provocar desunión.

La nueva Ley complementa –al par que sustituye- la Ley 57/2007, de Memoria Histórica, que asumió una serie de obligaciones dirigidas a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la guerra, aunque sólo en el bando nacional, desentendiéndose de lo que ocurrió en el lado republicano. Magnifica las barbaridades que se cometieron en uno y blanquea y justifica las cometidas en el otro, convirtiendo a sus perpetradores en “héroes de la democracia”, como los 1.143 “chequistas” madrileños –hubo en Madrid 345 checas, 50 centros de detención y 24 cárceles oficiales-, de los que únicamente 91 rindieron cuentas a la justicia. Fueron asesinados 10.000 sacerdotes y religiosos, 13 obispos y más de 3.000 laicos por el grave crimen de ser católicos. Según manifestó Manuel de Irujo –nacionalista vasco que fue ministro de Largo Caballero- “la prisión confinada en las cárceles del Estado de sacerdotes y religiosos, sus fusilamientos, la continuidad del sistema verdaderamente fascista por el que se ultraja a diario la conciencia individual de los creyentes en la misma intimidad del hogar por fuerzas oficiales del poder público, todo ello deja de tener explicación posible”.

Durante mucho tiempo se ha mantenido que la violencia en la zona republicana fue obra de incontrolados, pero –como ha observado del Rey- hubo una violencia fría, coordinada y ordenada por parte de los responsables políticos. La Ley de Amnistía exoneró a los autores de delitos en los dos bandos, así como a los “maquis” y a personas que cometieron actos de terrorismo durante el franquismo –ETA, FRAP o GRAPO- .Si se abriera ahora el melón, también habría que pedir cuentas a muchos dirigentes socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas. La amnistía permitió el regreso de los exilados y la reconciliación de los dos bandos, como se puso de manifiesto con la constitución de unas Cortes presididas por la Pasionaria y Rafael Alberti. Según García Cárcel, el pacto de reconciliación implicaba el consenso de la superación de la memoria roja y azul y el abandono de los extremos de la bipolaridad, y durante años –con Gobiernos socialistas a la cabeza- pareció superarse cualquier tipo de venganza o resentimiento. Aunque digan los postuladores de la nueva Ley que con ella se trata de cerrar heridas definitivamente, cree que , por el contrario, se reabrirán éstas y sólo se conseguirá la reapertura de la memoria neofranquista y la nostalgia de la dictadura. Poner frívolamente en cuestión la solución de la Transición es de una temeridad increíble, que no puede acarrear más que desastres

La Ley tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, como reconocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y de los derechos y libertades a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Me parece excelente, aunque no lo sea tanto que se limite este loable objetivo al periodo de entre julio de 1936 y la promulgación de la Constitución, y que se excluya lo ocurrido en la República entre 1931 y 1936. La Ley considera víctimas a las personas que hubieran sufrido daños físicos, morales o patrimoniales que menoscabaron sus derechos fundamentales como consecuencias de acciones u omisiones que constituían violaciones de derechos humanos. El artículo 2 incluye una amplia lista de casos de la que se deduce la exclusión de las víctimas que vivieron en la República entre 1936 y 1939.

Se declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones impuestas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil o la dictadura, así como la ilegitimidad de los tribunales y órganos penales o administrativos que se constituyeron a tales efectos, incluido el Tribunal de Orden Público. Se trata de una decisión controvertida que ignora el principio básico de respeto a la cosa juzgada, que, de aceptarse, tendría considerables consecuencias jurídicas y económicas. Eso sí, para curarse en salud, la Ley exime al Gobierno de cualquier tipo de responsabilidad patrimonial”. ¿Propondrá el Gobierno la anulación de la sentencia de un tribunal de la República que condenó a muerte a José Antonio Primo de Rivera? Como ha observado Gacía Cárcel, resulta sorprendente que el Gobierno abra el problema jurídico de la anulación de procesos y sentencias usando como principal referente a Companys, un siniestro personaje que fue condenado por la República a 30 años de prisión por insurrección, y que encarceló y mando asesinar a miles de ciudadanos durante el tiempo que presidió la Generalitat. Su actual Presidente, el inhabilitado Joaquim Torra, ha exigido al Gobierno que pida perdón por la ejecución de su antecesor, y Sánchez parece dispuesto a arrodillarse una vez más ante el separatismo catalán y confesar compungido que lo siente tan profundamente como el suicidio del etarra Igor González. Mantenerse en el poder bien vale una excusa o unos indultos.

El artículo 7 de la Ley lleva por título “Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas”. Establece el 31 de octubre para rendir este homenaje, pero lo limita a las víctimas del golpe militar, la guerra civil y la dictadura. La Administración deberá tomar medidas para identificar las personas que lucharon por la libertad y por la democracia en el bando republicano, y va a tener que recurrir a la linterna de Diógenes para encontrarlas.

La Ley prevé la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los hechos producidos con ocasión de la guerra civil y la dictadura que constituyeran violaciones de los derechos humanos o del Derecho Humanitario. Se trata de un brindis al sol, porque –según Álvarez de Toledo-, al carecer de capacidad real para depurar responsabilidades penales a causa de la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos, tendrá como sórdida misión la revisión histórica para el señalamiento político, Dando muestra de su pobre conocimiento de Derecho penal y del internacional, la profesora Calvo pretende forzar el candado de la Ley de Amnistía con una apelación a los tratados internacionales sobre derechos humanos, que prevalecerían sobre la ley. Ignora el principio de irretroactividad, como destacó el ex-juez Garzón cuando se opuso a enjuiciar a Santiago Carrillo por los delitos de genocidio cometidos en Paracuellos, porque el citado delito no estaba tipificado en el Código Penal cuando se produjeron los crímenes, en virtud de la irretroactividad de las normas penales desfavorables.

La Ley concede facilidades para adquirir la nacionalidad española a los hijos y nietos de españoles exilados –eximiéndoles del requisito de residencia continuada en España durante un año- y a los miembros de las Brigadas Internacionales –permitiéndoles su adquisición por carta de naturaleza-. Iglesias ha afirmado que “ya era hora de decir desde el Gobierno a estos héroes y heroínas de la democracia: gracias por venir”. Es natural que se muestre agradecido a sus correligionarios marxistas, pues –salvo una minoría de voluntarios románticos- el grueso de la expedición estaba integrado por comunistas fanáticos a las órdenes de Stalin. Mientras el Gobierno se muestra reacio a conceder la nacionalidad a los saharauis -que fueron en su día españoles-, se muestra generoso con comunistas que no mantienen ningún vínculo con España. Menos mal que deben quedar bastantes pocos brigadistas.

Según Calvo, hay que recuperar la memoria de las víctimas que sufrieron represiones especialmente indignantes por su sexo, orientación sexual o etnia: las mujeres, el colectivo LGTBI y el pueblo gitano -¡y olé!-. Tirando de feminismo de reglamento, la Ley dedica una memoria especial a las mujeres, que sufrieron humillaciones, vejaciones, violaciones, persecución y castigo por el mero hecho de serlo. No soy consciente de este terrible drama, aunque todas estas violencias sí fueron infligidas a las monjas, pero no por ser mujeres sino por ser católicas. El Gobierno ha presentado una enmienda a la totalidad a un pasaje de la Biblia: ”Y creó Dios al hombre a imagen suya […] y lo creó macho y hembra” (Gen.1-27). El colectivo LGTBI no existía a la sazón; había algunos “maricas” –perdón por el uso de un término políticamente incorrecto, aunque sea más suave que el dedicado por Delgado a su colega Grande-Marlaska-, que abundaban en la baja Andalucía, donde eran tolerados e incluso apreciados, especialmente en los medios folklóricos. En cuanto a la etnia gitana –que merece todos mis respetos- no sé a santo de qué viene incluirlos en el paquete. Aprovechando que el Guadalquivir pasa por Córdoba, el Gobierno de Calvo ha anunciado la creación de una Comisión Estatal sobre la Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano. Si tanto se preocupa por las minorías, con mayor motivo debería la vicepresidenta –también conocida como “Dómina Cabra”- hacerlo por su pueblo natal e investigar el bombardeo del 7 de noviembre de 1938 por tres “stukas” de la aviación republicana, que causó 126 muertos –uno menos que en el bien aireado bombardeo de Guernica- y más de 300 heridos. Desgraciadamente, no había a mano ningún pintor fascista émulo de Pablo Picasso.

El Gobierno sigue obsesionado con la basílica del valle de los Caídos, cuya gigantesca cruz considera un provocador símbolo del nacional-catolicismo, aunque –en opinión de Jorge de Esteban- sirva para recordarnos a los españoles que tuvimos una estúpida guerra civil. Desahuciado Franco de su sepulcro, Sánchez ha ivan-redondeado la faena estableciendo que las criptas adyacentes a la basílica y los enterramientos existente en las mismas tenían carácter civil, declarado extinguida la Fundación de la Santa Cruz y expulsado del monasterio a la Orden benedictina. Item más, ha decretado que los restos mortales de los dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser, ni permanecer, inhumados en lugares de acceso público que puedan favorecer la realización de actos exaltación, enaltecimiento o conmemoración de los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil o la dictadura. De esta manera, ha condonado la prohibición de enterrar a Franco en la cripta de la catedral de la Almudena y sólo le ha faltado ordenar que sus restos sean cremados y las cenizas esparcidas sobre el pazo de Meirás. Ha sido un acto más de abuso de poder y de violación de derechos humanos, aunque se trate de Franco, al que tanto se ha acusado de hacerlo ¿Va el Gobierno a sacar de las criptas de la basílica del ex-Valle de los Caídos los restos mortales de los católicos sepultados ahora en un cementerio civil? Supongo que algo tendrá que decir la Conferencia Episcopal Española y la Santa Sede, aunque aquélla parece estar más bien en “modo avión”.

Ya metido en faena, el Gobierno ha decidido prohibir la Fundación Francisco Franco -¿por qué no la de Francisco Largo Caballero?- y modificar la Ley sobre Asociaciones y Fundaciones para considerar motivo de disolución de una asociación la exaltación del franquismo. Aquí cabe recordar que el franquismo no es una ideología como el fascismo, el nazismo o el comunismo, sino que fue una forma de autocracia pragmática para que el Caudillo conservara el poder. La Falange sí lo era –una mala copia del fascismo mussoliniano pasada por las esencias del imperio hacia Dios-, pero Franco la neutralizó con su integración en el Movimiento Nacional y la utilizó como chivo expiatorio para culparla de sus arbitrariedades y de sus insuficiencias. Con su socarronería galaica, Franco recomendó al director de “Arriba”, Sabino Alonso, que hiciera como él y no se metiera en política. Con la prohibición del franquismo, ¿no se está practicando la censura y recortando las libertades de opinión y de expresión?

Efectivamente, para García Cárcel, promover como cuestión fundamental la ilegalización del franquismo nos introduce en el sinuoso mundo de la libertad de expresión, eternamente invocada desde la orilla ideológica del Gobierno para justificar cualquier tipo de vejaciones a instituciones y personas del pasado y del presente. “Libertad, ¿para quién, para qué?”. La Ley Fundamental alemana considera anticonstitucional1es los partidos que pretenden destruir el orden constitucional, y prohíbe las asociaciones cuyos fines o actividades sean contrarias a las leyes penales o vayan dirigidas contra el orden constitucional. Francia prohibió la organización terrorista vasca Iparreterrak y España hizo lo propio con Herri Batasuna, aunque no llegó a ilegalizar a Bildu y a Sortu por la intervención del comando constitucional de Pascual Sala. El franquismo no es un partido político, sino –a lo sumo- una corriente de opinión muy minoritaria, y la Fundación Francisco Franco caerá más o menos simpática, pero no atenta contra el orden constitucional español. ¿Por qué no corrige el tiro el Gobierno y prohíbe partidos como la CUP o Bildu, y asociaciones como la Asamblea Nacional de Cataluña u Omnium Cultural?

Crítica del anteproyecto de ley

La adopción de la Ley de Memoria Democrática es una tentativa del Gobierno de apartar la atención pública de sus múltiples carencias y de la catastrófica situación sanitaria, política, económica y social provocada por su pésima gestión de la crisis del covid-19, mediante la inyección de grandes dosis de ideología a la que son sensibles sus socios y simpatizantes. Como ha observado Ignacio Varela, busca utilizar la historia como coartada para la evasión del presente.

La Ley es ante todo un gran error político, porque equivale a lanzar un torpedo a la línea de flotación de la nave de la Transición, que reabre viejas heridas y provoca la división entre los españoles. Según Daniel Gascón, se ataca el pacto de la Transición, en el que se produjo una transacción, por diseño o por conveniencia, y se utiliza la tragedia de la guerra civil para imponer un relato maniqueo que erosiona nuestro marco de convivencia. Divide a los españoles en buenos y malos, decreta la exaltación de los primeros y la condena de los segundos, deroga de facto la Ley de Amnistía que facilitó la llegada de la democracia y rompe el consenso de la Transición, que -como ha señalado del Rey- es lo mejor que se ha hecho en España en los últimos 300 años. Se acabó la transición pacífica, todo vuelve a abrirse y se instaura la ruptura, la división y el enfrentamiento ¿Es consciente el Gobierno de tamaña irresponsabilidad?

El anteproyecto es asimismo una monumental chapuza jurídica, pues ignora principios básicos del derecho como la irretroactividad de las normas penales, el “nullum crimen, nulla pena, sine lege”, la aceptación de la prescripción de los delitos, el mantenimiento de la “cosa juzgada, el respeto a los derechos adquiridos o la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

En opinión de García de Cortázar, identificar el espíritu democrático con buena parte de la izquierda republicana es una aberración histórica, un atentado que perjudica a los demócratas de izquierdas y de derechas. Que el Gobierno se aproveche de una situación excepcional para hacer esto resulta muy preocupante y nos toca a todos impugnarlo con todas nuestras fuerzas. Cabe concluir, pues, que -además de ser una maniobra de distracción- el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática es una aberración política, jurídica e histórica. Cortázar se ha mostrado optimista al expresar su esperanza de que la verdad histórica cosechada por los historiadores gane la batalla a la que los políticos tratan de colocarnos. Espero que –dadas sus buenas relaciones con las alturas en su condición de jesuita- Dios le oiga.




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