La ley del “Sólo sí es sí” de Irene Montero nació expresamente para rematar la presunción de inocencia masculina en España, convirtiendo en ley orgánica la incalificable consigna feminista del “hermana yo sí te creo”. Aunque este “detalle” de inconstitucionalidad flagrante haya pasado casi inadvertido al público en general. Porque ha sido deliberadamente ignorado por todo el arco parlamentario -salvo VOX- amén de sus medios de desinformación masiva. Lo que resulta paradójico es que, además, esta ley violadora de la presunción de inocencia haya generado un escándalo político-mediático por la única bondad que contiene: la mejora en la gradación y proporcionalidad de las penas “de sexo”.  Aunque esto no se pueda decir. Un escándalo mediático que ha aglutinado el mayor “consenso progre” conocido, incluyendo también a VOX. Lo que no quiere decir que este “consenso” tenga razón. Al contrario, estos “consensos” estratégicos se producen generalmente por la voluntad política de hurtar ciertos debates a la sociedad, cuando no por el puro miedo electoralista a abordarlos.

En relación a esta nueva ley feminista, y según el profesor Sánchez-Vera, catedrático de derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid, el consentimiento ahora se entiende que no lo hay, salvo prueba en contrario, y la existencia del “sí” la tendrá que probar la defensa. En síntesis, se establece que todo encuentro sexual es a priori una agresión. Los ciudadanos ya deberíamos saberlo. Y también deberíamos saber que el código penal español es de los más duros de Europa en lo referente a los delitos “de sexo”. Como documenta el catedrático de derecho penal José Luís Díez Ripollés, en España los delitos sexuales “han sufrido elevaciones de pena media docena de veces desde 1995” –sin contar con la actual- y siempre por motivos electoralistas. Hasta alcanzar la denominada “exasperación” de las penas. Hoy una violación se castiga en España tanto o más que un homicidio, en clara discrepancia penológica; pues la vida es un bien jurídico más valioso que la libertad sexual. Por ejemplo, en Suecia, -ese modelo tan elogiado por la progresía- el tipo básico penal para la violación es de tres años. Díez Ripollés ya había apuntado que “lo que el derecho penal español necesita es una sustancial rebaja de estas penas, las cuales han ido alcanzando, tras las sucesivas reformas, niveles inaceptables desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, cuando no del de humanidad.” La conjunción de penas bárbaras con una deliberada destrucción de la presunción de inocencia, abre la puerta de los horrores. La puerta a una lapidación penal -y legal- de inocentes, que podrían considerarse víctimas de un crimen de estado. ¿Cuántos hay? Nunca lo sabremos. Para el relato oficial, igual que las denuncias falsas “de género” no existen, los condenados sin pruebas por delitos “de sexo”, tampoco existen. A pesar de ser una práctica habitual, establecida desde 2001 por el Tribunal Supremo, y ahora convertida en ley orgánica. 

Pero la política va a lo suyo. Para el nuevo “consenso” del linchamiento populista, bajar las penas “de sexo” es algo innombrable: es pecado, machismo judicial, un error político, o un “efecto indeseable de la ley”. Cada cual acude a su particular -e interesado- calificativo. Pero todos coinciden en que es un tabú. Otro más del discurso institucional de odio contra los varones, que arrancó en 2004 con ZP y que desde entonces no ha parado -consensuadamente- de crecer. Hay un trasfondo oscuro al triste espectáculo mediático que el “consenso” siempre ofrece: que nadie dice la verdad. Que todos tienen motivaciones ocultas. El PP, desgastar al PSOE; el PSOE, desgastar a Podemos. ¿Y Podemos? Ante el tsunami mediático, tuvieron que confesar que el objetivo de esa selectiva bajada de penas no era nada humanitario, al contrario, trataba de promover mayor número de condenas contra los hombres. Como dijo la magistrada podemita Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, porque “Si las penas mínimas son altas, se quedan por el camino. Nadie impone penas altas. (…) Las penas que funcionan son la eficaces, las que se imponen.” Vox, por su parte, finalmente recurrió esta ley ante el Constitucional, amparado por el “consenso”. Lo que no le ha impedido sumarse sin matices al carro populista.

Según Javier Sánchez-Vera, La presunción de inocencia no es un principio más del proceso penal: es el proceso mismo. Y, si no se preserva la presunción de inocencia, en ese preciso instante habremos dejado de ser un Estado de Derecho. Ahora el nuevo consenso progre se apresura a “corregir” la ley Montero para evitar sus “efectos indeseables”. Obviando el mayor de todos: que obliga a los jueces a condenar sin pruebas. Que acaba así con el Estado de Derecho. Pero ni una sola voz autorizada que denuncie esta aberración. Ahora solo se dice lo que se piensa en privado. Otra vez. Ahora, de nuevo, ya no importan los hechos. Es el extrañamiento, otra vez, de eso que llamábamos democracia. Por más que la palabra, más gastada y vacía que nunca, resuene como una letanía en la boca de los que, por acción u omisión, contribuyeron a destruirla. Eso sí, por impoluto, cobarde, e innombrable “consenso”.

Diego de Los Santos

Autor del libro “Género singular”