Donde todo se acaba

La ley del “Solo sí es sí” de Irene Montero nació expresamente para rematar la presunción de inocencia en España, convirtiendo en ley orgánica la incalificable consigna feminista del “hermana yo sí te creo”, aunque este “detalle” de inconstitucionalidad flagrante haya pasado casi inadvertido al público en general. Lo que resulta paradójico es que, además, esta ley violadora de derechos fundamentales haya generado un escándalo político-mediático por la única bondad que contiene, que es la mejora a la baja en la gradación y proporcionalidad de las penas en algunos supuestos. Sí, lo han leído bien.

Si no fuéramos una sociedad tan analfabeta y tan puritana sabríamos, como documenta el catedrático de derecho penal José Luís Díez Ripollés, que en España los delitos sexuales “han sufrido elevaciones de pena media docena de veces desde 1995” –sin contar con la actual- y siempre por motivos electoralistas. Hasta alcanzar la denominada “exasperación” de las penas de sexo. Hoy una violación se castiga en España con una pena igual o mayor que un homicidio, en clara discrepancia penológica; pues la vida es, obviamente, un bien jurídico más preciado que la libertad sexual. En Suecia, por ejemplo -ese modelo político tan elogiado por la progresía- el tipo básico penal para la violación es de tres años. Siguiendo a Díez Ripollés, “lo que el derecho penal español necesita actualmente es una sustancial rebaja de estas penas, las cuales han ido alcanzando, tras las sucesivas reformas, niveles inaceptables desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, cuando no del de humanidad”. Pero lo más terrible sucede cuando, a estas lapidaciones penales se le resta la presunción de inocencia. Cuando se condena así a un inocente, lo que tienen lugar debería calificarse sencillamente como crimen de Estado.

Pero esta realidad silenciosa no le interesa a la corrección política -una forma sutil de cobardía- que prefiere sumarse al barullo del linchamiento populista. En el que hoy convergen todas y cada una de las fuerzas del espectro político, incluido Vox, conformando así el mayor “consenso progre” conocido hasta la fecha. Un consenso para el que bajar las penas de sexo es pecado, o machismo judicial, o un error político, o una chapuza legislativa… cada cual acude a su particular -e interesado- calificativo. Pero todos coinciden en lo esencial, en que bajar las penas “de sexo” es tabú, algo que no se puede siquiera mencionar.

Aunque la realidad subyacente al tabú es aún peor que el triste espectáculo mediático que nos ofrece. El trasfondo oscuro de todo este asunto lamentable es que nadie dice la verdad, porque todos tienen sus motivaciones ocultas. El PP, desgastar al PSOE; el PSOE, desgastar a Podemos. ¿Y Podemos? Ante el tsunami mediático, han tenido que confesar que el objetivo de esa selectiva bajada de penas no era nada humanitario, todo lo contrario, solo trataba de promover más condenas contra los hombres. Como ha justificado públicamente la magistrada podemita Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, porque “Si las penas mínimas son altas, se quedan por el camino. Nadie impone penas altas. (…) Las penas que funcionan son la eficaces, las que se imponen”. Ahora ya todos contentos, porque a prisa y corriendo el Fiscal General del Estado ha dictado una instrucción a los fiscales para que incumplan la ley, pidiéndoles que ignoren el derecho fundamental a la aplicación de la pena más favorable al condenado. Vox, por su parte, ha anunciado que recurrirá esta ley ante el Constitucional; ojalá siga un discurso ilustrado -hoy ausente en la política española- con el acento en la defensa del Estado de Derecho, y no en las tentaciones populistas de sus miembros más retrógrados. 

El consenso progre ha permitido al feminismo -otra vez- sacar su teología fuera del debate político. Y así consagrarse como verdad revelada. A partir de ahí, ya puede imponernos la sexualidad del bien y del mal. Y decretar que toda relación sexual -salvo prueba en contrario- es un pecado machista y una agresión. Dinamitando de paso toda la arquitectura del moderno derecho penal europeo, y arrastrando con ella al propio Estado de Derecho.

En España ya no se juzgan actos, ni siquiera personas; ya si siquiera se juzga; ahora solo se condena. Como pasó -y continúa pasando- con la Ley de Violencia de Género de 2004. Madres, vigilen a sus hijos; esta nueva ley incentiva con cuantiosas indemnizaciones a las denunciantes. Padres que se divorcian, cuidado; para las relaciones de pareja la ley ha reservado una agravante, y usted no se beneficiará de rebaja penal alguna, todo lo contrario. Ya nadie está exento, por activa o por pasiva, de esta inquisición posmoderna que persigue a las personas por cuestión anatómica. Nadie podrá abstraerse de su sombría presencia; tampoco de sus consecuencias.  Sean pues todos bienvenidos a ese lugar oscuro donde todo se acaba. Donde la soledad, al cabo, tan necia como ciega, triunfalmente hacia la nada cabalga.

Diego de Los Santos

Autor del libro “Género singular”




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