Déficit público

Pedro Medina Romero. Departamento de Economía

El impacto de la pandemia de COVID-19 en un mundo tan globalizado e interdependiente está siendo descomunal. Los 29,9 millones de casos repartidos por todo el mundo en el momento actual, de los que 575.000 se imputan a España, han obligado a tomar medidas contundentes, que en nuestro país han sido orientadas al aumento del gasto público. No cabe perder de vista que, no habiéndose desencadenado aún los efectos de la pandemia, esta tendencia ya se había ido observado en 2019, año que cerró con un déficit del 2,83% del PIB como consecuencia del decrecimiento de la recaudación fiscal y del aumento desproporcionado del gasto público (fundamentalmente centrado en pensiones, sueldos funcionariales y prestaciones por desempleo).

Según los datos del Ministerio de Hacienda referentes a 2020, que recogen hasta el mes de julio, se ha producido un incremento del gasto del 21,4%, dirigido a la gestión sanitaria y al aumento de las prestaciones vinculadas a los ERTEs y el desempleo, y una disminución del 15,8% de los ingresos del Estado, derivados del desplome del consumo (y con ello de la recaudación de impuestos como el IVA), de la caída de la renta y el patrimonio personales y empresariales, y de la destrucción de empleo, al que se vincula la contribución de los trabajadores a la Seguridad Social. Todo ello desagua en un déficit del 5,4% del PIB hasta el mes de julio, lo que en cifras absolutas constituye 60.413 millones de euros. 

A pesar de todo, el Gobierno sigue siendo optimista, quizá exageradamente, respecto al impacto de la pandemia: las previsiones sobre el déficit (que en el mes de agosto alcanzó el 6,12% del PIB) apuntan a un 13,9% a finales de año según el FMI; tres puntos y medio por encima de la cifra que maneja el ejecutivo (10,34% a finales del 2020). Esto ocurre en un contexto incierto para la aprobación de unos presupuestos que proponen un aumento del techo de gasto, para el establecimiento de una senda de déficit clara y para la elaboración del Plan de Reformas que será enviado para su calificación a Europa. La factura de todas estas medidas, lejos de ser sufragadas únicamente a través de los 140.000 millones de euros que, previsiblemente, enviará Europa y del aumento exponencial de la deuda pública (117,6%-123,2% a finales de año, según la AIReF), recaerá, en gran parte, en el bolsillo del contribuyente a través de un más que probable aumento de los impuestos, según apuntan las últimas negociaciones en torno a los PGE.




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