Construyendo Babel

En el relato del Génesis, del Antiguo testamento, se cuenta la historia de la torre de Babel. En ella, la humanidad, salvada del diluvio, se asentó en la llanura de Senar (Babilonia). Y una vez allí, aquellos hombres y mujeres decidieron construir una torre tan alta que llegase hasta el cielo. Entonces Yahvé, el dios de Noé, al observar lo que juzgó como un acto de soberbia, hizo que los habitantes hablaran distintas lenguas. Así, al no poder entenderse, la torre se abandonó definitivamente. 

La antigua historia de la torre de Babel está de rabiosa actualidad. En realidad, lleva 40 años estándolo. El empleo de una lengua como elemento de división y enfrentamiento, de inmersión lingüística y ariete de construcción nacionalista, de exclusión de propios y ajenos de la ciudadanía común, nos sitúa hoy ante el primer y más grave problema que tiene nuestro país tras el golpe de Estado en Cataluña en 2017, de la condena por sedición en el juicio del procés de los principales dirigentes del Gobierno regional catalán -cuyas penas privativas de libertad, por cierto, ya estamos viendo que probablemente no cumplirán ninguna de las dos finalidades que le son propias: ni la retributiva ni la preventiva general ni especial. Para ese viaje no se necesitan… – y además, de la inquietante investidura de Sánchez con sendos pactos con los nacionalistas catalanes y vascos.

El asunto se llama Nación y ciudadanía. Y es que sin ciudadanía, sin derechos políticos, no hay derechos sociales. Estamos asistiendo a una mentira política, histórica y jurídica que sostiene que en España hay varias nacioncitas, a un intento de balcanización de la Nación lanzado al ruedo político por el nacionalista PSC y Podemos, precisamente cuando acabamos de sufrir un golpe de Estado ejecutado por separatistas. Y ciertamente, si partimos de que en España hay varias naciones, el debate necesariamente conduce a que existen diecisiete. Pero resulta que tras la cortina de humo de las nacioncitas lo que hay, lo que se esconde en realidad, es el problema de la igualdad. La igualdad frente al privilegio, la solidaridad frente al supremacismo de quienes se creen superiores al resto de sus hermanos de España (nación viene de natío, nacer). 

Los recientes pactos de Sánchez son un triste y alarmante paso cualitativo en la destrucción de nuestro país tal y cómo lo conocemos, y en la defunción del bienintencionado Estado autonómico, ya tocado de muerte por el golpe de Estado en Cataluña de octubre de 2017, (que tiene el precedente del golpe de Companys en 1934 contra la República). Y pone al descubierto un hecho objetivo: en 1978 los separatistas no llegaban al 10% en Cataluña mientras en 2018 rondaban más o menos el 40%. Sin lugar a dudas, el Estado autonómico ha disparado la tendencia centrífuga a la aldea y a la taifa hasta tal punto que ya proliferan los partidos particularistas incluso provinciales; Cantabria, Teruel, Canarias, incluso León reclama ahora la separación de Castilla (1), conscientes de lo bien que les ha ido a los separatistas vascos y catalanes con el negocio de la deslealtad. 

Curiosamente, nuestros vecinos franceses y portugueses no padecen este problema. Y es que la alternativa a la desintegración es sin duda Francia, la cuna de la democracia y de la revolución de 1789, donde el Estado personifica a la Nación y su proyecto democrático, nacional e integrador no deja espacios al privilegio y al supremacismo, a que unos se desentiendan de los problemas de otros. Francia hace gala del viejo y nuevo lema de igualdad, libertad y  fraternidad al que son alérgicos los separatistas.

Ciertamente, la transición española de 1975 fue la historia de un éxito en lo que respecta al proceso de paso de una dictadura militar a un régimen democrático en un plazo breve y sin violencia. Ello, en buena medida, se consiguió porque fue el propio aparato del Estado, ya al servicio del Rey, quien pilotó el cambio a partir de la aprobación de la denominada Ley de reforma política de 1977. Sin embargo, en la Constitución de 1978, los “padres” de la Carta magna cometieron errores de enorme gravedad, errores que siguen ahí, suponiendo inocentemente que los separatistas se contentarían con las autonomías. Y el mayor de todos esos errores fue diseñar un Estado sin Nación. Lo decía GARCÍA TREVIJANO (2) en 1994, la opinión pública está dominada por la hegemonía cultural de las ideas nacionalistas y autonomistas que sustentan la desnacionalización del Estado. En efecto, en estos 40 años de democracia, se ha desarrollado un proceso paralelo de destrucción nacional, de canibalización del Estado, de construcción de Babel a manos de separatistas vascos y catalanes con la cooperación necesaria de los sucesivos gobiernos de PSOE y de PP que miraban sistemáticamente para otro lado mientras engordaban al dragón. 

Ese Estado sin nación, ese Estado compuesto que va camino de la descomposición –ese es el destino de todos los Estados plurinacionales- elaboró un incompleto e inacabado reparto de títulos competenciales –artículos 148 y 149 CE- que puso en las manos de los separatistas vascos y catalanes y, como simple y mimética coartada, también de las 15 autonomías restantes- casi todos los resortes del poder; educación y sanidad públicas, vivienda, prisiones, etc,  incluso también se estableció la posibilidad de que las autonomías asumieran las competencias que, en principio, eran estatales- art. 150.2 CE (3)– y ahí tenemos a las autonomías metidas en la Justicia, en la que todos deberíamos ser iguales. Pues bien, hay que afirmar y repetir que aspirar a la España viva, a revertir ese patológico proceso en el que el Estado asuma todas las competencias inherentes al principio de igualdad, es un objetivo políticamente legítimo y democrático y una reforma constitucional en ese sentido resulta perfectamente deseable, siempre que se promueva por medios legales y con las mayorías suficientes. Y es que lamentablemente, ningún país puede sobrevivir sin un proyecto educativo común y sin que la fiesta nacional se celebre civilmente en los Ayuntamientos y en las escuelas. Aceptando una inmersión lingüística que conculca la Constitución, que destierra a la lengua común de una región y en cuatro décadas ha instruido eficazmente a generaciones en el separatismo. Indiferente a que a sus ciudadanos se les trate como a extranjeros, cobrándoles por la atención médica si tienen que ir a un sistema autonómico de salud que no sea el de la autonomía en la que residen.

De modo que al panorama disgregador que hemos descrito, no es ajena la interpretación falsa y torticera que desde el nacionalista PSC y Podemos se está haciendo del artículo 2 CE del que deducen que en España hay al menos tantas naciones como en la extinta Yugoslavia. El propio Pablo Iglesias la expuso en una entrevista en Antena 3, justo antes de las últimas elecciones generales de noviembre de 2019. Se trata de un debate interesado que perpetra una interpretación torticera de la Constitución y que, sin lugar a dudas, persigue finiquitar la soberanía nacional por la puerta de atrás. Y como los separatistas y sus aliados se creen superiores, mejores, más listos y más ricos, por eso desprecian a la ciudadanía y la Nación, la rechazan, abominan de ella y la persiguen porque la Nación y la ciudadanía simbolizan y personifican lo que ellos no soportan: la igualdad y la libertad. 

En nuestra opinión resulta claro que:

1º.- La Constitución Española de 1978 tiene un único sujeto constituyente que es la Nación española. Así lo dice su Preámbulo: La Nación española deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cúantos la integran, en uso de su soberanía.

2º.- La Constitución se basa en una realidad anterior a ella misma, se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, artículo 2 CE. Nunca se utiliza en la Constitución la palabra Nación referida a otro sujeto que no sea España. Jamás a las regiones o Comunidades autónomas que la integran. Y aunque es cierto que el artículo 2 continúa diciendo que la Constitución: reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas, en realidad, el término nacionalidad, tal y como figura en el texto solo puede ser sinónimo de región, nunca de Nación. Si bien, lamentablemente se podrá razonar que su inclusión junto a región, evidencia que el legislador constituyente quiso distinguir entre Comunidades autónomas de primera (País Vasco, Cataluña y quizá también, Galicia) y las 14 restantes que serían de segunda o tercera, como de hecho se plasmó a la hora del acceso a la autonomía. Esto hoy es completamente inadmisible e inaceptable, tanto como ese privilegio llamado Concierto económico.

3º.- Solo en la nación reside la soberanía, ese es el único sujeto soberano, Artículo 1.2.- La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Por tanto, solo el conjunto de los españoles –sujeto soberano- puede aprobar la amputación de su territorio, nunca una parte del mismo.

4º.- Último. Como resulta que la única Nación es España y solo en el conjunto de los españoles reside la soberanía, los españoles somos iguales ante la Ley y sujetos de los mismos derechos y obligaciones, políticos y sociales. Una cosa es consecuencia necesaria de la otra. Aquí reside lo que realmente los golpistas y supremacistas no soportan. 

Llegados hasta aquí, vayamos al momento político de hoy. Si el sanchismo y sus aliados comunistas están realmente dispuestos a provocar una crisis del imperfecto sistema de 1978 que, aún con sus notables defectos, nos ha proporcionado a los españoles 40 años de paz y libertad, si son demócratas, deberían intentar hacerlo siempre a través de la Ley lo que implica disponer de las mayorías cualificadas que exige la Constitución. No vale usar Estatutos de autonomía que no pueden ir en contra de la Constitución, ni tampoco mediante documentos inconfesables que solo vinculan, si es que vinculan a alguien, a los partidos firmantes. 

Si el sanchismo fuera más que una mera plataforma de poder, algo más que un mecanismo hagiográfico de su líder, poco más que una organización completamente huérfana de principios y convicciones como su jefe, jamás se hubiera sentado con los golpistas catalanes, humillándose y humillándonos a todos. Nunca hubiera asumido y legitimado el relato y el lenguaje separatista y suscrito un infame documento que líquida la igualdad y la soberanía nacional y cuyo único objetivo es destruir a la Nación. Jamás hubiese firmado un pacto humillante con los supremacistas vascos,  que les entrega Navarra y nos convierte al resto de españoles en parias. 

Urge pues que los ciudadanos que deseamos seguir siendo libres e iguales en ese ámbito histórico, territorial y humano, -la tierra de nuestros padres-, que nadie debe cercenar sin nuestro consentimiento, comprendamos que el golpismo catalán sólo tiene un objetivo: destruir España, mutilándola, canibalizando su cuerpo, enfrentando a unos contra otros, separando de su seno a Cataluña, Valencia, Baleares, y Aragón, reclamando incluso parte de Francia e Italia. El privilegio, como en todos los nacionalismos excluyentes, es su único objetivo   al que se pliegan y se someten de manera abyecta e interesada, esa falsa e impostora izquierda, que ni es izquierda ni es nada.

Los españoles del siglo XXI deberíamos recordar que en los Estados Unidos del siglo XIX, el presidente Abraham Lincolm, antítesis histórica del sujeto responsable de tal vergonzosa traición, en su discurso en el campo santo de Gettysburg, dijo: nación concebida en la libertad y consagrada en el principio de que todas las personas son creadas iguales… pone a prueba si esta nación, o cualquier nación así concebida y así consagrada, puede perdurar en el tiempo.

 

 

1- Diario EL MUNDO, núm. 10.961 de 29.12.2019. Entrevista al Alcalde de León, pág.12.

2- GARCIA TREVIJANO, Antonio, El discurso de la República, 4 edición, Madrid, 1994, pág. 47.

3- Artículo 150.2 CE: “El Estado podrá transferir o delegar  en las Comunidades autónomas, , mediante Ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación (…)”.


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