Astracanada en el Congreso

En la tarde del día 3 los españoles hemos sido atónitos testigos del lamentable espectáculo, que se produjo en el Congreso de los Diputados, que pone de manifiesto el grado de podredumbre y decadencia en el que ha caído la política española en general y la parlamentaria en particular. La presidente de la Cámara, Meritxell Batet, anunció compungida que la convalidación del Real Decreto-Ley sobre la reforma laboral había sido rechazada por 175 votos contra a174, para acto seguido corregirse afirmar exultante  que –según le habían hecho saber los “servicios” de la institución- la reforma había sido aceptada por ese mismo margen de votos, 175 a 174. Esta “performance” ha sido calificada de “esperpento”, “atropello democrático”, “pucherazo·, “cacicada” o “espectáculo dantesco”. Yo modestamente añado a este catálogo descalificador el castizo calificativo de “astracanada”. Se han producido a lo largo del proceso considerables errores de forma, de fondo y mixtos.

Errores de forma

El diputado del PP Alberto Casero recibió autorización de la Mesa del Congreso para votar telemáticamente desde su casa por encontrarse enfermo. Según el interesado, votó NO a la convalidación del Decreto, pero el sistema informático reflejó un SÍ. Al darse cuenta de esta inconsistencia, acudió al Congreso para tratar de corregirla mediante un voto presencial pero, por orden del vicepresidente socialista, Alfonso Gómez, se le impidió tener acceso al hemiciclo, porque –como ya había votado telemáticamente- no podía volver a hacerlo de forma presencial.

Puede haber ocurrido que –como han afirman Casero y el PP- se haya `producido un error telemático o que –como ha mantenido el PSOE- el diputado popular se haya equivocado al votar. Los socialistas han descartado el primer supuesto porque –según ha afirmado su vicesecretaria Adriana Lastra, jamás se había  producido un fallo técnico en las votaciones telemáticas y que el PP debería enseñar a sus diputados a votar. Si esto fuera cierto, ésta podría haber sido la primera vez que se produjera, pues –por mucho que haya avanzado la tecnología- las máquinas no son infalibles y también pueden cometer errores, sobre todo si se tiene en cuenta que no son totalmente autónomas y obedecen –o deben obedecer- al mandato humano. En esta época de deshumanización que padecemos, no puede prevalecer el automatismo de una máquina –por muy inteligente que supuestamente sea- sobre el libre albedrío y la voluntad del ser humano. Si existía la posibilidad de que se hubiera podido cometer un error informático, se debería haber realizado la investigación correspondiente por parte de la Mesa de la Cámara y hubo tiempo más que suficiente para hacerlo antes de que se iniciara la votación presencial, pero la presidenta Batet se negó.

Puede, por el contrario, que el voto contrario a las directrices de su partido se hubiera debido a una equivocación del diputado. El Reglamento del Congreso no contempla un protocolo de actuación para el caso en que se produjera esta eventualidad.

La Mesa impuso en 2012 la comprobación telefónica del voto de los diputados, pero en 2020 –ante la generalización del recurso al voto telemático a causa de la pandemia del Covid-19- la Mesa prescindió de este requisito y lo sustituyó por una doble comprobación informática a través de la intranet del Congreso. Según Elena San José, una vez que un diputado ha votado telemáticamente, no puede volver a hacerlo de forma presencial, salvo que lo autorice la Mesa, en cuyo caso se anularía el voto telemático. El PP y el propio interesado –que se personó en el Congreso a pesar de su gastroenteritis- informaron a la presidenta del Congreso con suficiente antelación de la falta de concordancia del voto telemático con la voluntad del votante, pero Batet se negó a reunir a la Mesa como era su deber, con lo que podría haber cometido un delito de prevaricación. 

Pablo Casado ha advertido a Batet que la demandará por este delito si la Mesa no reconduce la situación y acusado al PSOE de haber cometido un “atropello democrático”, porque no se podía contravenir la voluntad de un diputado para aprobar un “decretazo” por la puerta de atrás. Casero ha enviado un escrito a la presidente en el  que indica que se ha vulnerado su ejercicio fundamental al derecho de voto, porque no quería votar a favor de la convalidación del Decreto.  El PP pedirá que se reúna la Mesa y, si no lo hiciere, recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional. Vox también se ha unido a esta línea de acción y su portavoz adjunta Macarena Olona –abogada del Estado y cualificada jurista ha afirmado que se ha convalidado el Decreto gracias a que se ha hurtado a la soberanía nacional su voluntad mediante un pucherazo. Batet había tomado unilateralmente la decisión de impedir que Casero votara `presencialmente tras haberse advertido el fallo en su voto telemático. Vox agotará todas las instancias –incluida la penal- si llegara a la conclusión de que la presidenta había cometido un delito de prevaricación. Edmundo Bal –también abogado y buen jurista- ha pedido a la Mesa que aclare con cabeza sensata si se ha producido un error técnico en el voto telemático, y señalado que no le gustaría que su voto a favor de la reforma saliera adelante mediante un procedimiento que no fuera absolutamente limpio, transparente y legítimo.

La vicepresidenta Nadia Calvillo –que sabe mucho de Economía, pero poco de  Derecho- y Adriana Lastra –que no sabe ni Economía ni Derecho– han pontificado que el eventual recurso al Tribunal Constitucional tendrá poco recorrido. Afortunadamente, los jueces son casi los únicos que mantienen en España la democracia y el Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Gobierno. Vox ya ha ganado más de un caso ante los Tribunales.

Errores de fondo

Calviño ha afirmado que no hay que centrarse en los “detalles” –mostrando así su menosprecio por las formalidades jurídicas-. sino en que la reforma tiene un amplio respaldo social, al ser la primera pactada con los agentes sociales desde hace décadas , y que es un hito que nos va a permitir recibir 12.000 millones de euros –“à la recherche de l´argent communautaire”-.  No sé si la reforma tendrá amplio apoyo de la Sociedad, pero desde luego no lo tiene de buena parte del empresariado, pues la CEOE ha accedido al pacto de mala gana para evitar males mayores, porque la contrarreforma –aunque haya mantenido lo esencial de la reforma realizada por el Gobierno del PP- no es buena, ya que introduce elementos que van a dificultar la creación de empleo: recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos, rigidez en la contratación, prevalencia de los convenios sectoriales sobres los de empresa, limitación de la subcontratación, imposición de la contratación indefinida en sectores –como la agricultura, el turismo o la hostelería- que son necesariamente estacionales, reforzamiento de la capacidad de injerencia de los sindicatos…etc.

El superministro Félix Bolaños ha declarado que se siente orgulloso de pertenecer a un partido que, cuando da su palabra, la cumple. Se le debe haber puesto la nariz como a Pinocho. El PSOE no podía conciliar el sueño a causa de Podemos, no pactaría jamás con Bildu, haría cumplir las penas a los políticos catalanes condenados poe sedición y reforzar en el Código Penal los delitos de rebelión y sedición, derogaría la reforma laboral realizada por el Gobierno del PP…La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometió por sus ancestros marxistas que liquidaría la reforma, a la que ha calificado de “monólogo de la precariedad impuesto por la ominosa legislación del PP”. Esta ominosa normativa -ensalzada por la UE, la OCDE y el FMI- ha permitido mejorar considerablemente la situación laboral en España, especialmente durante el difícil período de la pandemia, con el establecimiento de los ERE –que la ministra desconocía-, e incluso el Gobierno ha sacado pecho atribuyéndose logros debidos a la regulación del PP que pretendía derogar. Díaz ha pasado de la derogación a la ligera modificación –para mal- de la legislación anterior y ahora presume de su mini-reforma, que e fruto del consenso entre los agentes sociales, refuerza la democracia  y supone “un cambio de paradigma absoluto”. No opinan los mismo sus infieles socios de coalición, que la han calificado de “estafa” –ERC-, “traición” –Bildu-, “chantaje” –PNV- o “fraude” –BNG-. No obstante, mostrado su malestar por la hipocresía del Gobierno –que tiene un concepto bastante peculiar de qué es una derogación-, prietas las filas de nuevo para seguir con un Gobierno progresista hasta el fin de la legislatura.

Según ha editorializado El Mundo”, en el Congreso se ha presentado “la enésima confirmación de una mentira”, porque, “tras años prometiendo la derogación e la reforma laboral del PP, Sánchez y Yolanda Díaz se disponían a aprobar  el nuevo marco de relaciones laborales, no como el calamitoso pendulazo prometido  por la demagogia izquierdista, sino como el fruto de un acuerdo de mínimos entre patronal y sindicatos. Un acuerdo forzado por Bruselas que, si bien reintroduce la rigidez en la contratación por la vía de  rehabilitar la  negociación sectorial –lo cual tendrá efectos perjudiciales en el empleo- consolida las líneas maestras de la reforma del PP”.

La verdad es que nadie entienda la lógica de lo que ha pasado y los extraños compañeros de cama que han aparecido a favor y en contra de la seudo-reforma. La han tenido que apoyar partidos del centro-derecha -como Ciudadanos, Coalición Canaria, PRC o PEdeCAT- y la han rechazado los aliados naturales del Gobierno Frankenstein -como ERC, Bildu, PNV o BNG-. El PP ha sido coherente con su posición: ¿Si algo funciona bien, por qué se quiere cambiar? Ciudadanos ha sido menos coherente, aunque su postura sea respetable. Aparte de aprovechar la ocasión para mostrar su vocación de centro-centrismo y distanciarse del PP y de Vox, ha contribuido a salvar buena parte de lo salvable y a distanciar a nacionalistas y filoetarras –ERC, PNV, JxC, BNG, CUP y Bildu- del Gobierno surrealista de Pedro Sánchez.

Errores mixtos

Se trata de errores en los que se mezclan el fondo y la forma, y que se ponen especialmente de manifiesto con la actitud de UPN, tanto de su dirección como de sus díscolos diputados que no han seguido las instrucciones de la central. La conducta de Sergio Salles y de Carlos García Adanero ha sido valorada de forma bien diferente por tirios y troyanos, incluso dentro de un mismo diario. Así. mientras el editorial de “El Mundo” señalaba que los diputados navarros que decidieron desoír la disciplina de partido honraban “la coherencia de su labor de oposición y reivindicaban el parlamentarismo ejercido en libertad, tan ajeno al servilismo partitocrático de nuestra cultura política”, una de sus columnistas-estrella, Lucia Méndez –que suele mostrar a menudo su sectarismo progre- ha comentado que a dos diputados a los que de repente les había dado un ataque de conciencia y se pasaban por el forro la decisión de la dirección de UPN, “convertir a estos dos parlamentarios en héroes de la resistencia es más que un chiste, es una majadería”. Según Méndez, cundo ya se tocaba con los dedos la derrota de Sánchez y Díaz, cuando ya se divisaba el grotesco escenario que nos esperaba en la UE, cuando el proyecto más importante de la coalición gobernante iba a ser enviado al infierno, sucedió lo impensable, lo que había “esculpido la época de Pedro Sánchez”.  Al PP lo castigó Dios  y -gracias al error de un diputado- la reforma laboral fue aprobada. Los liberales salvaron a la vicepresidenta comunista librándola del castigo que le querían propinar los socios más rojos de la investidura, en alianza con los nacionalistas vascos. Querían dar un escarmiento al Gobierno y dieron una patada al Consejo de Ministros en la persona de Yolanda Díaz, quien, “ni en sus peores pesadillas se pudo imaginar que su reforma histórica pasaría a la Historia con tan escasa épica y con raudales de extravagancia parlamentaria”. No comparto en esta ocasión la opinión de la excelente periodista y estoy más de acuerdo con la línea editorial del periódico.

El PSOE ha sacado la artillería pesada contra los diputados navarros como Rusia ante Ucrania y ha acusado a éstos de deslealtad y transfuguismo, y al PP de comprar sus voluntades. Según la sin par Lastra, sólo queda saber cuánto les han pagado por su deserción. Es patético acusar de transfuguismo a unos diputados que han sido coherentes con su ideología y seguido la trayectoria del PP, con las que su partido suele estar alineado. Su presidente, Javier Esparza, ha declarado que  se trataba de una jugada rara, que no podía permitirse ningún partido. “Han pensado en ellos y no en los ciudadanos”. ¿No habrá sido Esparza el que no ha pensado en los ciudadanos de España al distanciarse del partido con el que está estrechamente vinculado? Este súbito cambio de orientación y acercamiento al PSOE no se ha debido a un cambio de opinión, sino a una conveniencia táctica, pues acordó con el PSOE que apoyaría la convalidación del Decreto a cambio de que su filial navarra aprobara los presupuestos del Ayuntamiento de Pamplona y no apoyara la moción de reprobación presentada por los nacionalistas contra su alcalde, Juan Maya, lo que al final no ha hecho,.

Sayas ha destacado que no habían traicionado la ideología de UPN, sino todo lo contrario. Ellos no habían informado en ningún momento que apoyarían al Gobierno para que sacara adelante la reforma laboral y Esparza no los había llamado para indicarles cómo deberían votar. Con sinceridad y lucidez, Sayas ha dicho  que los diputados no son unos cojines que se ponen sobre un asiento para calentarlo, y tienen responsabilidades. Ha puesto el dedo en la llaga sobre uno de los problemas que muestran los abusos de la partitocracia en España, al pretender los partidos que los diputados de su Grupo parlamentario sean unas simples máquinas de votar siguiendo las instrucciones de sus aparatos dirigentes, lo que ha creado problemas de conciencia, como en el caso de Cayetana Álvarez de Toledo con el PP, Los partidos –de izquierdas y de derechas- ignoran a sabiendas el artículo 79-3 de la Constitución, que establece que “el voto de diputados y senadores es personal e indelegable”. Si cumplieran con esta norma básica del parlamentarismo democrático, no se produciría la astracanada que hemos tenido que soportar los españoles, avergonzados por nuestros políticos.




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