Asociaciones civiles democráticas dicen a Sánchez !Basta ya!

Este pasado 21 de enero, millares de ciudadanos se concentraron en la plaza de Cibeles de Madrid -a instancias del Foro España Cívica, la Fundación Libertad y Alternativa, y otras 73 asociaciones civiles democráticas- para expresar su apoyo a España, a la democracia y en la Constitución. El acto ha estado curiosamente precedido por la publicación de un manifiesto elaborado por personalidades del espectro de la izquierda socialdemócrata, en el que se criticaba la actuación del Gobierno de coalición del PSOE y de Podemos, aunque no existiera una relación de causa a efecto.

Manifiesto a la sociedad española ante el desorden constitucional

El 15 de enero se hizo público en Madrid y en Barcelona un  Manifiesto redactado por personalidades cercanas PSOE pre-sanchista, en el que se afirmaba que la coalición gubernamental presidida por Pedro Sánchez y apoyada por los parlamentarios independentistas había quebrado el proyecto histórico del PSOE comprometido en el cumplimiento de la letra y del espíritu de la Constitución,  expresión genuina del pacto de concordia alcanzado en la Transición. La decisión de un Gobierno coaligado a una fuerza política que propugna instalar un modelo plurinacional de corte confederal, coincide con las pretensiones de los secesionismos vasco y catalán de ruptura flagrante de la Constitución. “Si estos propósitos prosperaran, estaríamos a las puertas de un proceso que acabará destruyendo la nación española”.

Conforme a esta lógica destructiva, se están produciendo iniciativas legislativas que propician una mutación que transgrede la separación de poderes, priva a las Cortes de su primacía democrática, desactiva atribuciones esenciales del Tribunal Constitucional (TC) y suprime mayorías cualificadas y “quórums”  en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hundiendo el sistema de contrapesos irrenunciables qué harán trizas la autenticidad democrática de la Constitución. A la impunidad otorgada mediante leyes ” ad hoc” a los responsables de los hechos sediciosos en Cataluña, se añade la desprotección penal de la integridad de la Constitución y atenta contra el principio de generalidad de las normas jurídicas.

La reforma de las leyes orgánicas del TC y del CGPJ, mediante proposiciones de ley que eluden los informes técnicos consultivos, desapodera de controles técnico-jurídicos al sistema institucional y permite a la mayoría parlamentaria favorecer un proceso de demolición de la Constitución. La técnica de vaciamiento de los principios y reglas constitucionales es propia de los regímenes iliberales y, si se permitiera esta dinámica, el espíritu que animó a los constituyentes a crear en 1978 un Estado social y democrático de Derecho, tres poderes del Estado separados pero cooperativos y una monarquía parlamentaria se vería seriamente erosionado y el país volvería a las peores  épocas de su Historia.

Los signatarios hacían un llamamiento al PSOE para que recupere su proyecto  e instaba a los socialistas hoy silentes, que observan alarmados este proceso de deserción de sus compromisos constitucionales, a que alzaran la voz. También apelaban a los medios de comunicación, a los prescriptores de opinión, y a los intelectuales y académicos para que aportaran  reflexiones que contribuyeran a detener la intencionada inercia destructiva de la Constitución que protagonizan el Gobierno, sus socios y sus aliados, así como a la sociedad española en su conjunto para que reaccionara cívicamente ante estas políticas gubernamentales y legislativas. “Porque recluirnos en la pasividad o la indiferencia sería incompatible con el ejercicio responsable de la ciudadanía.. Quien se margine sintiéndose ajeno a los actuales acontecimientos, cuando crece en todos los países occidentales -y también en España-un fuerte movimiento que entrega los poderes democráticos a pretendidos líderes y sistemas populistas, acabará descubriendo demasiado tarde que se ha encaminado por el sendero de la servidumbre voluntaria rechazado por la inmensa mayoría de los españoles tras la dictadura”.

Estoy plenamente de acuerdo con este diagnóstico, aunque no tanto con el espíritu que lo inspira, ni con el tratamiento que propone. El escrito desprende un tufillo de superioridad moral de la izquierda, auto-detentadora del monopolio de la verdad. Excluye “ab initio” a la derecha -en la que no detecta energías, propuestas ni discurso adecuados para resolver la situación-, y tan solo hace un llamamiento marginal al PP y al “resto de las fuerzas de la oposición” para que cumplan serena y eficazmente sus deberes irrenunciables sin quiebra alguna. Pero, aunque el PSOE sea el problema, no significa que en él solo esté la solución. Para derrotar a un Gobierno fuertemente implantado -con todos los resortes del aparato estatal y de una propaganda “goebelsiana”- se requiere el concurso de todas las fuerzas políticas democráticas, sean de izquierdas, de centro o de derechas. No deja de ser revelador, que el Manifiesto no mencione las manifestaciones convocadas por la sociedad civil en Madrid y en Barcelona a favor de España, la democracia y la Constitución.

Motivación para asistir a las manifestaciones

La urgente necesidad de que todos participáramos en las manifestaciones en defensa de la democracia y de la Constitución ha sido clara y convincentemente explicada por personalidades como Andrés Trapiello, Fernando Savater o Cayetana Álvarez de Toledo. Según Trapiello, el independentismo se ha trasladado a Madrid y se ha instalado en La Moncloa. Si el discurso del Rey del 3-O fue fundamental para contrarrestar el secesionismo, también lo fue la gran manifestación constitucionalista del 8-O, que acabó con el mito de la existencia de un solo” poble catalá” que apoyaba incondicionalmente la independencia. Por eso, la manifestación convocada en Madrid para el 21 de enero podía ser tan importante como fue la del 8 de octubre. La propaganda del Gobierno ha tratado de hacer creer que ese día se manifestarían los fachas de Vox y sus aliados del PP, pero a la cita deberían acudir todos los que realmente quieran defender la democracia y la Constitución, con independencia de su ideología.

En opinión de Álvarez de Toledo, España es un país insólito donde los carnés de centrismo los reparten el nacionalismo xenófobo y la izquierda radical. No son de recibo las acusaciones socialistas contra el PP, ni resulta aceptable que dos partidos que gobiernan juntos no puedan manifestarse juntos. Por otra parte, no se puede juzgar la bondad de una iniciativa por la afiliación de las personas que la apoyen. En la época crítica en la que Fernando Savater y otros pocos valientes lanzaran el “!Basta ya!” en El País Vasco-, algunos hipócritas bienpensantes los acusaron porque a una de sus manifestaciones se había sumado un falangista, y Sabater les contestó: “¿Y qué?  Aquí estamos frente a ETA, no por Falange”. Según el proverbio español, “!Hágase el milagro, hágalo el diablo!”. Si para derrocar a un Gobierno tan intolerable como el de Sánchez se puede contar con el apoyo de Vox, bienvenido sea, aunque se pinte a su líder con cuernos y rabo. Cómo ha señalado Savater en su artículo “A Cibeles”, lo que pase o no pase en España dependerá de mí y de ti. “Si el Gobierno -sin llevarlo en su programa- suprime los delitos de quienes pretenden despedazar la nación para congraciarse con ellos, encumbra a los herederos del rentable terrorismo, aprueba leyes contra la igualdad penal de ambos sexos o contra las evidencias biológicas, formatea una memoria única del pasado y convierte a los altos tribunales en un coro de muñidores a su servicio, todo esto ocurre porque usted no se subleva para impedirlo”. Porque encogerse de hombros, tragar carros y carretas, y afiliarse a la secta del “!A mí qué! también es una postura política, aunque a veces la política requiera decir NO. “Somos muchos los que creemos que ha llegado el momento de decir NO, visiblemente, colectivamente, pacíficamente. Por eso, vamos la Cibeles”.

Cayetana ha criticado la ausencia en la manifestación de los líderes de su partido, al afirmar que las convicciones no se proclaman, sino que se muestran. “Por eso, cuando te llega la noticia de que los hombres y mujeres llamados a gobernar España no van a acudir a la manifestación, sufres más pena que enfado ¿Cómo convencer a los españoles de que Sánchez es un dictador en marcha, sino marchas cuando te convocan en defensa de la democracia? Concuerdo en que ha sido un grave error de cálculo del PP, la ausencia de sus principales líderes, Feijoo, Gamarra, Bendodo o González Pons. Feijóo ha tratado de justificarlo so pretexto de que no querían restar protagonismo asociaciones convocantes, pero no se lo cree ni él. La causa radica en el pánico del líder popular a que le pudieran sacar una foto con Abascal, como la de Colón, que tanto juego dio al PSOE  para mantener que la derecha y la extrema derecha eran la misma cosa. Aunque no me haya sorprendido la ausencia de Feijóo, que -como su compatriota Rajoy- prefiere mantenerse oculto tras la neblina galaica, sí me ha extrañado las de Díaz Ayuso y de Martínez Almeida. Resulta chocante que participaran en la manifestación los candidatos a las alcaldías de Barcelona o de Pamplona y no lo  hicieran los aspirantes a revalidar su mandato al frente de la Comunidad o del

Ayuntamiento de Madrid. Corre el rumor de que estás ausencias fueron impuestas por la dirección del partido. Si tal hubiera sido el caso, la responsabilidad de Feijóo habría sido doble. Cómo ha concluido Álvarez de Toledo su artículo  “Ya más o menos así”, “es la hora de los ciudadanos, de la responsabilidad personal que tantas veces has reivindicado como el principal atributo de un país civilizado. Lo importante es que, hoy al volver a casa y mirarte al espejo, puedas decir: Por mí no quedó”.

Desarrollo de la manifestación

Fui con tiempo suficiente al lugar de autos y tomé asiento en un banco en la esquina entre la calle Alcalá y la plaza de Cibeles, para seguir bien de cerca el evento. El acto estuvo mal organizado, porque apenas se podía escuchar la megafonía y se echaba de menos a un presentador competente, que informara al auditorio del desarrollo de los acontecimientos y calentara un poco el ambiente que estaba más bien frío, y no precisamente por la temperatura del día que fue casi primaveral. Lo único que pude escuchar fue la reiterada afirmación por parte de los intervinientes de que la manifestación no iba de izquierdas, de derechas o de centro, sino de demostrar que los ciudadanos no permanecían impasibles ante la grave erosión de las instituciones, el deterioro de la democracia y el debilitamiento del Estado. Tuve que esperar a leer hoy la prensa del día para conocer el contenido completo del manifiesto transversal elaborado por las asociaciones convocantes, qué ha sido calificado por el director de “El Mundo”, Joaquín Manso; de “reivindicación serena del proyecto sugestivo de vida en común que encarna la Constitución del 78”.La Vanguardia”, encabeza la noticia con el titular “La derecha sale a la calle contra Sánchez. Abascal aprovecha la ausencia de Feijó para tratar de capitalizar la protesta”, y “El País” incluye una pequeña noticia en el lateral de su portada bajo el título “Una multitud se manifiesta contra el Gobierno de Sánchez. Dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos participan en la marcha en Madrid”. En contraste, “El Mundo” encabeza su portada con el titular “Un gran clamor reivindica la Constitución y pide a Sánchez que se vaya. Una marcha multitudinaria en el centro de Madrid señala al Gobierno por desarmar al Estado, erosionar la democracia y deteriorar las instituciones”.

Según el Manifiesto, se reunía personas con diferentes sensibilidades para defender la democracia, la Constitución y una España unida de ciudadanos libres e iguales, movidos por la preocupación y el rechazo a la deriva política que ha tomado el país. “Hoy hemos visto cómo se han tomado todos los pasos para resolver el horizonte penal de los condenados vinculados a los socios del Gobierno, los sediciosos han sido indultados, los presos de ETA salen a la calle por la puerta de atrás, se modifica el Código Penal al dictado de los propios transgresores. ya no existe el delito de sedición y las penas por malversación de los políticos han bajado hasta el ridículo. Hemos visto cómo se colonizan masivamente instituciones y corporaciones con simpatizantes y miembros del partido del Gobierno. Se altera así el juegos de equilibrios y contrapesos necesario para el correcto funcionamiento de la democracia”.

Destacaba por su gravedad el asalto al TC, en el que el Gobierno ha designado como magistrados a un ex ministro y a una directora general de su total confianza. “Hemos visto también cómo se limitan las funciones, se ejerce presión o se deslegitiman  las instituciones u organismos que deben actuar con independencia y realizar una función moderadora o de contrapeso”. Señalaba que se ha batido el récord en el uso de decretos-leyes, se abusa de los mecanismos de urgencia en la tramitación de leyes, se evita la habitual vía del proyecto de ley para sortear la emisión de los informes preceptivos, se pretende hurtar todo debate sobre asuntos esenciales mediante la introducción de enmiendas totalmente ajenas al objeto de las leyes en las que son introducidas. Estimaba que el Gobierno pretende cambiar la Constitución mediante su tergiversación, su interpretación ideológica,  la presión a los tribunales, el control partidista de las instituciones y las vías de hecho. “Este plan está corroyendo muestra democracia, socavando nuestras instituciones y dividiendo a la población. Si no se detiene, terminaremos en una democracia defectuosa e incompleta,  en una España desprestigiada, decadente y menguada”.

Observaba que el PSOE prometió que no daría entrada en el Gobierno a los populistas, que nunca sostendría la gobernabilidad en quienes desde la Generalitat acababan de articular un golpe de Estado, e impondría el cumplimiento de las condenas de los sediciosos, No pactaría con Bildu e incluiría entre sus principales objetivos la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática. Una mayoría de españoles votó al Partido Socialista bajo esas premisas y no para que hiciera exactamente lo contrario. No se puede permanecer impasibles ante la grave erosión de las instituciones, el deterioro de la democracia y el debilitamiento del Estado. Los regímenes democráticos pueden mutar sin alzamientos militares a populismos colectivistas en los que se desmantela la esencia de la democracia liberal, y en los que la separación de poderes, el imperio de la ley, los derechos fundamentales y la libertad de empresa se convierten en meras caricaturas.

Por eso hacemos un llamamiento a la sociedad civil y a los partidos comprometidos con el orden constitucional y la soberanía indivisible de la Nación, para unirnos en un clamor que demuestre que rechazamos la deriva política que ha tomado España, un clamor que demuestre que los ciudadanos estamos dispuestos a defender democráticamente los valores de la Constitución y la unidad nacional, garante de la igualdad de derechos de todos”. El Gobierno y el PSOE deben tomar nota de la masiva oposición a los pactos y políticas denunciados. La ciudadanía exige una España unida y ciudadanos libres e iguales en derechos, una democracia fuerte con instituciones independientes, y una España -con vigor, inteligencia y energía para oponerse a sus enemigos y avanzar decidida hacia un brillante futuro común. “Esperamos que este multitudinario acto sea el primer paso para ello”. ¡Viva la Constitución, viva el Rey y viva España!

Salí del acto con un sabor agridulce. Por un lado, satisfecho porque se había celebrado una manifestación -el centro derecha y la derecha democrática son reacias a salir a la calle-y realizado de manera ejemplar, sin estridencias ni incidente alguno, en un ambiente pacífico y casi familiar, y porque había habido una impresionantes  participación, poco habitual por estos pagos. Entre las 31.000 personas contabilizadas al “ojímetro” por la Delegación del Gobierno en Madrid y el medio millón calculado por los organizadores hay amplio margen para la estimación, pero, desde luego, solo en el sector en el que yo estaba había mucho más de 31..000 personas. Por otro, había menos gente de lo que yo hubiera deseado, y la mayoría de los asistentes eran personas  de avanzada edad, con presencia de bastantes pocos jóvenes. La manifestación estuvo pobremente organizada -aquí cabría culpar al Ayuntamiento madrileño por su falta de apoyo-, y el ambiente era frío, deslavazado, y casi burocrático.

Lo más indignante ha sido la reacción del destinatario de la manifestación, que ha superado con creces los límites de su desvergonzado cinismo.  Sánchez dijo ante Macron que la Constitución se respetaba en toda España, incluida Cataluña (¿?) .Todos tenían derecho a manifestarse en defensa de sus ideales, fuera a favor o en contra de la Constitución. ”En Cataluña hubo manifestantes nostálgicos que defendieron una España rota y el sábado en Madrid otros manifestantes defenderán una España uniforme y, por tanto, excluyente. Entre esa manifestación y la de Madrid está la mayoría de los españoles, que queremos una España que respete la diversidad y  avance en derechos y prosperidad”. Y en términos rayanos con la obscenidad, Sánchez comparó en Davos su requerimiento al Gobierno de Castilla/La Mancha en relación con un inexistente protocolo sobre aborto con el “sangre, sudor y lágrimas” de Zelenski.

Si los extremos protestan contra mí -ha argumentado sofísticamente- YO estoy en el centro. Y esto lo dice sin despeinarse el presidente más extremista y sectario de los Gobiernos que ha habido en la democracia; y que -resaltando su supuesta centralidad- recluye en uno de los extremos del espectro político a la derecha y a la ultraderecha, que son en definitiva la misma cosa para él. Como le ha replicado acertadamente Feijóo, no se puede equiparar  una manifestación a favor del independentismo, la división y la separación de una parte del territorio español, con una manifestación a favor de la integridad de ese territorio y de la Constitución ¿Cómo va a ser lo mismo una manifestación en contra de la Constitución que otra a favor de ella?

Desjudicialización de la política

Sánchez está tratando de concluir a toda prisa el compromiso asumido con ERC de “desjudicializar” la política con el fin de liberar a sus dirigentes de cualquier tipo de condena y restituir todos sus derechos a los ya condenados por el Tribunal Supremo  (TS) por diversos delitos. De ahí la celeridad con la que se ha eliminado el delito de sedición del Código Penal y se han devaluado las penas de los condenados por el de malversación, cuando los autores no se beneficiaren personalmente del delito. El Gobierno quería dar por cerradas cuanto antes estas reformas que suponían una hipoteca en su contra para distanciarlas lo máximo posible del inicio de los periodos electorales. Este “desiderátum” , sin embargo, no se ha cumplido plenamente por culpa del auto del magistrado-instructor Llarena, que ha mantenido a Puigdemont, Comín y Ponsatí la acusación por el delito de malversación agravada, y se ha negado a reducir el periodo de inhabilitación a Junqueras y a los demás condenados por dicho delito.

Desde un punto de vista jurídico, no cabe desjudicializar la política, porque -como ha señalado Santiago Muñoz Machado-en un Estado de Derecho todo está sometido a la ley y no hay ninguna decisión política que quede exenta del control judicial. No obstante, desde el punto de vista político, el desarrollo del procés ha puesto a prueba al Estado de Derecho, aunque éste haya reaccionado debidamente a través de la actuación de los Tribunales. Sánchez se ha jactado de que -gracias a su actuación dialogante a través de la Mesa bilateral de negociación- el procés podía darse por concluido y -para dejar constancia de ello- ha celebrado en Barcelona la Conferencia en la cumbre con Francia. Esta afirmación ha irritado a sus aliados de ERC y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha afirmado que el conflicto no acabaría hasta que el conjunto de la sociedad catalana no hubiera podido votar  en un referéndum de autodeterminación, y el presidente del partido, Oriol Junqueras -que ha visto frustradas sus aspiraciones a que se pusiera término a su inhabilitación para poder presentarse a las próximas elecciones autonómicas- ha señalado que no se había  acabado nada porque continuaba la represión. ERC ha puesto de manifiesto su incongruencia al participar Aragonés en el inicio de la ceremonia de recepción de Macron, mientras Junqueras se manifestaba en la calle en contra de la celebración de la reunión.

En el plano judicial, los fiscales de la Sala de lo Penal del TS  han presentado un recurso contra la parte del auto de Llarena que excluye de su nueva Orden Europea de Detención y Entrega presentada tras la desaparición de la sedición, el delito de escándalo público agravado porque no equivalía a una despenalización de todos los hechos antes subsumibles en ella y comportaba la despenalización de los hechos que motivaron la condena por ese delito. La necesidad de aplicar retroactivamente las nuevas disposiciones del Código Penal en la materia obligaban a examinar las posibilidades de subsunción de los hechos en los tipos penales vigentes, por lo que, solo en el caso de que no fuera posible su encaje en la nueva normativa, cabría hablar de despenalización. No comparto esta opinión, ya que actos como los realizados por las autoridades catalanas en 2017 desbordaban ampliamente los límites de nuevo delito de desórdenes públicos agravados y se han despenalizado conductas anteriormente sancionadas en el desaparecido delito. De ahí que una de las asignaturas pendientes para un nuevo Gobierno de la Nación sea la de incluir en el Código Penal un delito contra el orden constitucional. Estimo que se trata de una discrepancia jurídica menor sobre la interpretación de un texto a la que no se le debe dar demasiado  importancia. Sí los fiscales consideran indispensable incluir en la nueva OEDE el delito de desórdenes públicos agravados, pues que Llarena lo incluya, ya que no  alteraría la situación.

Puigdemont ha presentado un recurso contra el auto de Llarena  por haber ignorado las reformas introducidas en el Código Penal, y solicitado que -en caso de que fuera rechazado- se planteara una nueva cuestión prejudicial ante el TJUE para que éste decida si el TS es competente para enjuiciar a un eurodiputado. Las peticiones son exorbitantes ya que está pendiente de pronunciarse sobre el tema el Tribunal europeo y serán sin duda rechazadas. El abogado general, Jean-Richard de la Tour, ya informó a favor de la entrega del prófugo a los tribunales españoles para su enjuiciamiento, y el TJUE parecía dispuesto la endosar la opinión de su letrado. La situación, sin embargo, podría cambiar dadas la supresión del delito de sedición y la deslegitimización realizada por el propio Gobierno de la sentencia condenatoria dictada por el TS.

La comedia é finita” y se acerca y el desenlace de la trama. Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas habidas y por haber, y ya es hora de que reciba su merecido. En la manifestación madrileña, multitud de ciudadanos lanzaron civilizada y pacíficamente su grito de “!Basta ya!” y les mostraron la tarjeta roja al presidente y a su Gobierno, expresando así la opinión de un gran número de ciudadanos. Ahora solo falta que seamos consecuentes y acudamos a las urnas a finales de año para expulsar democráticamente a Sánchez del poder.




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