Al caos sanitario y político se suma el caos jurídico

Al caos humanitario y políticos en que hemos estado viviendo estas últimas semanas por el Covid-19, se ha sumado el caos jurídico provocado por la injerencia del Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el proceso iniciado por el Juzgado de Instrucción no 51 de Madrid contra el Delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco, por su autorización de la manifestación masiva feminista del 8-M. 

Caos sanitario

El dúo dinámico formado por el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y su portavoz, Fernando Simón, sigue alentando la ceremonia de la confusión en relación con la contabilidad de las victimas de la pandemia y con los planes de desescalada y sus distintas fases. Respecto al recuento de fallecidos, el Ministerio ha cambiado por octava vez la forma de presentar los datos. Según Simón, se trata de una nueva propuesta con la que se busca ser más precisos, hacer limpia de datos y evitar duplicidades. Los ajustes van a continuar en los próximos días “porque todavía restan cientos que hay que ubicar en la serie y algunos se retirarán al no haberse confirmado el diagnóstico…No son valores fáciles de estimar ni tampoco válidos por sí mismos” (¿?)

Sigue, pues, la danza macabra de la muerte, en la que un día desaparecen 1.918 fallecidos y al día siguiente reaparecen 287. Lo mismo ocurre con la información sobre los contagios y las hospitalizaciones. Un domingo se contabilizan 235.772 infectados y 124.845 hospitalizados y el lunes 235.400 y 122.349 respectivamente. Los fallecidos se cifran un día en 28.752 y el siguiente en 26.834, y la OMS los sitúa en 29.036. y ninguna de estas cifras son veraces. El Ministerio de Justicia ha sido incapaz de establecer el número de víctimas mortales del Covid-19 con los datos  facilitados  por los Registros Civiles. Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las dos Castillas lo han averiguado por su cuenta y hallado que las cifras duplican a las facilitadas por Sanidad. Seguimos sin saber a qué atenernos. El inefable Simón ha afirmado que el hecho de que los datos de los Registros Civiles se hayan disparado en relación con la mortalidad no se podía achacar directamente al coronavirus y ha ligado el incremento a causas indirectas (¿?).

Según el sistema de Monitorización de la Mortalidad de Instituto Carlos III, se pasó en 24 horas de 30.000 a 43.034 fallecidos en su cálculo de exceso de mortalidad desde que comenzó la crisis. Se estimaba que se iban a producir 77.817 bajas y se han contabilizado 120.851, un 67.8% más de lo previsto. Unas cifras bien reales se pueden deducir de los datos de la Seguridad Social sobre las pensiones. Por primera vez e n la Historia, se ha producido una caída del  0.27%, y se ha reducido en algo más de 45.000 personas el número de pensionistas. En marzo-abril se han iniciado 35.512 expedientes de jubilación frente a los 49.728 incoados un año antes y la reducción en el número de prestaciones es mayor en las Comunidades más afectadas por el virus.

 Las pérdidas de vidas humanas ha sido de especial gravedad en las residencias de ancianos, sonde se han producido auténticas masacres, llegándose en alguna de ellas a un 100% de víctimas mortales. Esto no es más que el  aperitivo para el plato fuerte que nos prepara el Gobierno bipartito progresista con la Ley sobre la Eutanasia, uno de cuyos objetivos parece ser el de sanear las cuentas de la Seguridad Social a base de liquidar a improductivos ancianos, que son una carga para el Estado. Los viejos somos sujetos de riesgo no sólo por el coronavirus, sino también por las ansias eutanásicas del Gobierno. ¿Hay alguien  -aparte del virus- que sea responsable de estas considerables pérdidas de vidas humanas? El 14 de marzo, el Ministro Illa dijo que el tema de las residencias de mayores pasaba a la competencia del Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de  Derechos Sociales, Pablo Iglesias, pero, el interesado –que dedica más tiempo en entrometerse en competencias ajenas que en ocuparse de las propias- se ha quitado el marrón de encima diciendo que el tema era competencia de las Comunidades Autónomas. En sus declaraciones ante la Comisión de Reconstrucción, Iglesias ha tenido la desfachatez de acusar de las muertes al PP, debido a los importantes recortes realizados en la Sanidad Pública por los Gobiernos de Mariano Rajoy. Más fino aún, el socialista Rafael Simancas ha echado la culpa de la mortalidad en España en general a Madrid, por el mero hecho de existir.

Respecto a los planes de desescalada, el Ministerio de Sanidad se había negado a hacer públicos los nombres de los supuestos expertos científicos que decidían sobre el tránsito de una fase a otra y de los criterios justificativos para ello. Tras la presentación por parte de la Comunidad de Madrid de un recurso ante el Tribunal Supremo por la negativa del Ministerio, en dos ocasiones, a que la región de Madrid pasase a la fase 1, el Ministerio ha publicado los informes en cuestión. Sólo el segundo informe negativo sobre Madrid llevaba firma electrónica, colocada con posterioridad a la comunicación negativa. Los distintos informes han puesto de manifiesto la ausencia de criterios científicos y técnicos objetivos para decidir los cambios de fase y que los criterios aplicados eran de carácter político, produciéndose numerosos agravios comparativos.

Como ha señalado el diario “El Mundo” en su editorial de hoy, el baile de cifras de contagios y muertes que cada día ofrece Simón –al que califica de “Tezanos de la epidiemología”-no es admisible. Sus sucesivos cambios de metodología, su inacapacidad para hacer valer  el mando único en la definición de un criterio unívoco de contabilidad con las Comunidades Autonómicas, la ruptura de la serie estadística que impide valorar con rigor la evolución de la pandemia son  muestra de una irritante negligencia. Sobre su pésima gestión pesa no sólop la crítica de otros científicos, sino indicios de delito por imprudencia. Simón está al servicio de una estrategia premeditada de ocultación para escamotear a los españoles la verdadera dimensión de la pandemia”.

Caos político

Pablo Sánchez padeció sudores de sangre para sacar adelante la quita prórroga del estado de alarma debido a la oposición de JxC, ERC, PP y otros partidos menores. Jugó a dos bandas y consiguió el apoyo del PNV y de Ciudadanos, a cambio de una serie de concesiones, y la abstención de Bildu –que no necesitaba-, haciéndole considerables contraprestaciones. PSOE, Podemos y Bildu firmaron un acuerdo, que mantuvieron secreto hasta después de la votación en la que se decidió la prolongación.

El PSOE y Ps se comprometían a derogar de forma íntegra la reforma laboral de 2012 antes de la finalización del estado de alarma. Esto produjo un “shock” en el seno del Gobierno, que no había sido informado del pacto alcanzado. La Vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, afirmó que derogación era “absurda y contraproducente“ y obligó a Sánchez a modificar su compromiso al respecto. El ^PSOE sacó a última hora de la noche un comunicado por el que corregía la redacción del texto y se incluía el lenguaje adoptado en el acuerdo de Gobierno. Se señaló que se derogarían los puntos de la reforma más lesivos para los trabajadores, incluida derogación del despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, algo que el Gobierno ya había realizado. La portavoz de Bildu, Metxe Aizpurúa, afirmó que el acuerdo seguía vigente y de igual forma se expresó Iglesias, que recurrió al aforismo “pacta sunt servanda”. La CEOE recibió muy mal el pacto, tras los acuerdos con los Sindicatos sobre los ERTE en la mesa de diálogo social, y anunció su retirada de dicha mesa. 

 PSOE y Podemoss se comprometían asimismo a que la capacidad de endeudamiento del País Vasco y de Navarra se establecerían exclusivamente en función de sus respectivas situaciones  financieras”,  por lo que –al gozar de un régimen fiscal propio-,  tendrían más capacidad para endeudarse- Se daba a las corporaciones locales, forales, y autonómicas  mayor capacidad de gasto en las políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales de la crisis. Esta concesión provocó la crítica de los Presidentes de las demás Comunidades, que exigieron gozar de estos mismos beneficios. Por último, las dos formaciones darían cuenta al Grupo Parlamentario de Bildu de los avances en el desarrollo y grado de implementación de los acuerdos alcanzados. 

El pacto era grave no tanto por lo que establecía, sino por el hecho de que, con su firma, se blanqueaba abiertamente a un partido heredero de Batasuna/ETA  que hasta entonces había sido mantenido en cuarentena. No era la primera vez que el PSOE pactaba con Bildu, que apoyó la investidura de Sánchez, los  decretos-leyes abusivos y la candidatura de María Chivite a la presidencia de Navarra, a la que además aprobaron sus presupuestos. Pero hasta entonces, lo había hecho de forma vergonzante y negándolo -como Pedro al Señor- y mantuviera hipócritamente que nunca pactaría con los filoetarras. Ahora ya se le han quitado los remilgos y respalda abiertamente el blanqueo de Bildu. Arnaldo Otegui, no podía ocultar su satisfacción mientras exhibía ante las cámara el acuerdo que suponía su carta patente.

Ante las dificultades que había encontrado para conseguir la quinta prórroga, Sánchez se planteó la posibilidad de renunciar a una sexta ampliación y Carmen Calvo habló de la posibilidad de un Plan B, consistente en fortalecer las normas vigentes en materia de sanidad y de  seguridad. Sin embargo, ha anunciado finalmente que el Gobierno solicitará una última prórroga hasta el final de la desescalada. Sánchez tratará de aplicar su plan de simetrías variable s. Cs no parece haberse resentido de la faena que le hizo el presidente ocultándole el infame Pacto con Bildu y,  aunque su portavoz, Edmundo Bal,  le haya advertido de que no lo cuente como un socio, se abrió a la componenda, al ser un partido de Estado que buscaba el interés general de los españoles. No sé si eso debido a una postura consciente de nuevo equipo de Cs  o  a la  condición de político primerizo de Bal, el partido se muestra abierto a apoyar una sexta prórroga en su obsesión por demostrar que es un partido “de centro-centro”, que deriva a babor o estribor según sople el viento. Pone como condiciones que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos y que negocie los cambios legislativos necesarios para culminar la desescalada. Bien barato se lo pone.

Sánchez no está interesado en tornarse hacia el centro y sólo recurre a Cs cuando es incapaz de restaurar la unidad del Gobierno Frankenstein. De momento, después de haber flirteado con Bildu y pagado la correspondiente tarifa, le está tirando los tejos a ERC, que se deja querer y prestaría gustosa sus servicios amorosos, si no fuera por el chulo de JxC que la vigila de cerca. Por otra parte, para asegurarse el voto, siempre desinteresado del PNV, ha transferido al Gobiernos vasco las funciones y servicios que corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social en materia de Ingreso Mínimo Vital. Andoni Ortúzar lo ha considerado un primer paso y ha expresado la disposición del PNV a poyar la prórroga si el Gobierno permite al Gobierno vasco el ejercicio del 100% de sus competencias. 

Mientras tanto, el pirómano Iglesias juega su papel de bombero voluntario, acusa al PP de pasarse a la ultraderecha y a Vox de querer dar un golpe de Estado, aaunque no se atreva, y se erige en defensor de la Constitución y la democracia, cuando su sana intención es sabotearla desde el seno del Gobierno. El calificativo de “burro de Troya” que le ha endilgado Cayetana Álvarez de Toledo, quien no ha podido reprimir sus impulsos ante la continua provocación de Iglesias de lanzarle el dardo de Marquesa a modo de insulto. Creo que, aunque goce de atenuantes, Cayetana se equivocó al dejarse enredar en el toreo de salón del diestro “Coletas”, pues distrajo la atención de la plaza cuando Fernando Grande-Marlaska estaba a punto de recibir la puntilla. No es mi intención hacer juicio alguno sobre la conducta de Ibáñez Sr., pero –si como ha reconocido su hijo- militó en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, fue miembro de una organización terrorista. Yo mismo fui víctima y testigo de los ataques de comandos del FRAP y de los colegas del “Hombre de Paz” Otegui –otro de los aliados de Sanchezstein- contra la Embajada de España en Lisboa y la residencia de su Embajador, que fue casi derruida. A mí me tocó  regresar a Portugal para recuperar lo que quedó de la quema y guardo aun en mi poder filminas en las que se pueden ver las paredes del Palacio de Palhavá ensuciadas con el anagrama del FRAP.

Tras dos meses y medio de confinamiento y miles de muertos, Sánchez ha considerado que ya era hora de hacer un gesto hacia las víctimas del virus y de la incompetencia de su Gobierno y, eso sí, más rumboso que nadie, ha decretado diez días de luto nacional, la cifra más elevada en la democracia española y probablemente en las del resto del mundo. Las banderas ondearán a media asta, salvo en una determinada zona de Galapagar en la que, por exigencias del Vicepresidente, no puede haber ninguna bandera que comporte una ideología y, en su docta opinión, la rojigualda la tiene. Quizás actuaría de forma distinta si se tratara de la tricolor, que además cuenta con una franja del color de su partido/a. Por cierto, se ha encontrado recientemente una carta del General Vicente Rojo, Jefe del Estado Mayor del Ejército de la II República, en la que critica acerbamente al Gobierno republicanos por haber cambiado indebidamente la bandera rojigualda por la tricolor, al no tratarse de una enseña real, sino de la bandera nacional, creada en 1785 y aceptada en las Cortes de Cádiz.

Caos jurídico

Aunque los caos sanitario y políticos sean serios, han quedado eclipsados por el caos jurídico provocado por Marlaska, un juez otrora modelo para mayor inri. Todo parte de la celebración el 8 de marzo de una serie manifestaciones feministas multitudinarias en toda España, cuando hacía meses que se había conocido la implosión en China de la pandemia del coronavirus, se había extendido a Italia con gravísimas consecuencias y empezaban a sentirse sus efectos a nuestro país. Una persona presentó una querella contra el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber incurrido en el delito de prevaricación, al haber autorizado la celebración de la citada manifestación, que puso en peligro la salud y la vida de muchos españoles- La titular de del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, admitió a trámite la querella y pidió a la Guardia Civil del destacamento de Tres Cantos, erigida en Policía Judicial, que investigara la actuación del Delegado. Los agentes elaboraron un informe en el que estimaban que había sobrados indicios de que la actuación de Franco pudiera ser constitutiva de delito. En consecuencia, la juez instructora abrió un procedimiento penal y ha citado a Franco a que comparezca ante el Juzgado en concepto de investigado. 

Como ha manifestado al Vicepresidenta 1ª, Carmen Calvo, el 7 de enero  tuvo noticias “nada preocupantes” de lo que estaba ocurriendo en Wuhan e informó de ello a las Comunidades Autónomas para que se prepararan. Poco después se creó un Comité de Seguimiento en continuo contacto con las Comunidades, que temía transferidas las competencias en materia de sanidad. El 30 de este mes, la Organización Mundial de la Salud avisó de que era muy probable que se llegara a una situación de emergencia.

Según ha reconocido el Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, desde el 2 de febrero, técnicos de su Departamento habían celebrado reuniones con científicos para analizar la situación. El  día 4, la OMS anunció ya que se estaba en una situación de emergencia sanitaria y el Gobierno creó una Comisión Interministerial para hacer frente a la epidemia. El Ministerio de Ciencia propuso la adopción de una serie de medidas preventivas, pero -aunque el gobierno era consciente de la peligrosidad de la situación, el Gobierno no quiso tomar ninguna medida restrictiva para hacer frente a la pandemia, condicionado por las macro-manifestaciones convocadas en toda España para el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer y, hasta el día 14, no declaró el estado de alarma con el apoyo de casi todos los partidos políticos.

El 3 de marzo, la Secretaría General de Sanidad elaboró un informe sobre “Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19”,  que fue remitido a los Consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas. En él se recomendaba que los eventos  de categoría de competición profesional en los que se esperara una alta presencia de aficionados se desarrollaran  a puerta cerrada y sin público, y que las competiciones que no fueran profesionales se aplazasen o suspendiesen. Asimismo se instaba a las Comunidades Autónomas a que no organizasen en esos días congresos, jornadas, seminarios o cursos de formación de los profesionales sanitarios con el objeto de garantizar  la disponibilidad de este colectivo y evitar que pudieran actuar como transmisores de la enfermedad. Como señaló el Ministro Illa en rueda de prensa, tales decisiones eran un paso más para evitar concentraciones de contingentes importantes de personas que procedieran de zonas de riesgo, que pudieran contribuir a la expansión del virus.

El día 5, Illa y Simón se reunieron con los dirigentes de la Iglesia Evangélica en España para disuadirles de que celebraran en Madrid una Asamblea Internacional de su Iglesia por el riesgo del coronavirus. Simón les explicó la grave crisis sanitaria que atravesaba España –donde ya se conocían 22 casos de contagio- por lo que de ninguna manera podía celebrarse la Asamblea por los riesgos que provocarían la movilidad de los participantes y las concentraciones que se producirían, y la reunión no llegó a celebrarse. El día 6, la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio, emitió un comunicado en el que manifestaba que “los eventos multitudinarios de cualquier tipo con alta presencia de personas  procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado la transmisión del virus SARS-Cov-2 se consideran eventos de riesgo para la transmisión de este patógeno, y suponen un riesgo para la salud de la población”. Aparicio recomendaba el aplazamiento o suspensión de tales eventos hasta que se hubiera verificado por la autoridad sanitaria el control de la transmisión de la enfermedad y del riesgo asociado.

Pese a todas estas razonables advertencias, el día 7, el Ministerio de Sanidad autorizó la celebración de las manifestaciones masivas convocadas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Parece ser que Duque recomendó que no se celebraran, pero Sánchez no le hizo caso. Simón quitó importancia a las posibles consecuencias de las concentraciones en las manifestaciones y afirmó que no tendría inconveniente en que su hijo participara en ellas. El Gobierno no sólo no prohibió las macro-manifestaciones del 8-M, sino que alentó a la población a qué participase en ellas y estuvo representado al más alto nivel, pues –como pontificó la Vicepresidenta Calvo con premonitoria lucidez- las mujeres tenían que asistir porque en ello les iba la vida. Bueno, que se conozca, de las personalidades que encabezaban la manifestación, sólo resultaron infectadas por el virus machista la propia Calvo, las Ministras de Igualdad y de Administración Territorial, y la esposa y la madre del Presidente del Gobierno. Por mucho que en las pancartas que enarbolaban las alegres comadres de Madrid se dijera que el patriarcado mataba más que el virus, no parece que en siglos de Historia el machismo heterosexual haya matado tantos miles de españoles como el corona virus en dos meses y medio.

Incluso después de su lamentable celebración, el gurú sanitario del Gobierno afirmó que, si las manifestaciones del 8-M habían tenido algún efecto sobre la evolución de la pandemia, había sido marginal. Al mismo tiempo –y contradiciéndose a sí mismo- había advertido que una pequeña fiesta familiar podría causar una onda epidémica nacional. Como le ha contestado en twitter una persona bajo las siglas @janogarcia, fiestas con 30 personas podían producir efectos desastrosos, pero concentraciones de 100.000 manifestantes no, porque las fiestas feministas no producían contagios. 

Para saber lo realmente ocurrido en esos días de primeros de marzo, la juez Rodríguez-Medel ordenó a unos guardias civiles en funciones de Policía Judicial que examinaran la actuación del Delegado del Gobierno. Entre otras cosas, les pidió que investigaran el recorrido que había tenido las actuaciones del Ministerio de Sanidad, como el documento sobre “Reconocimiento de medidas”, el comunicado de la Directora General de Salud Pública o las decisiones de Simón, así como sobre quiénes habían decidido suspender una serie de eventos multitudinarios de diverso tipo. Los agentes presentaron a la juez un informe en el que se indicaba que había indicios incriminatorios sobre el proceder de Franco en los días de marras. Este informe secreto ha sido filtrado a los medios de comunicación y es de dominio público, pero –antes de ello- el Ministro del Interior y la Directora General de la Guardia Civil quisieron conocer su contenido, pues –como reconoció cándidamente María Gámez -que por ser neófita en las lides políticas no tiene aún el colmillo suficientemente retorcido- se trataba de una información delicada para el Gobierno y había que conocer lo que los agentes habían comunicado a la juez instructora. En consecuencia, el general Berrocal, el Jefe del Mando de Operaciones, Fernando Santafé y la Directora General pidieron al Coronel Javier Pérez de los Cobos, Comandante de la Comunidad de Madrid y jefe de los agentes autores del informe que les revelara su contenido. El Coronel les contestó que no lo conocía y que, aunque lo conociera- no se los podría revelar sin la autorización de la juez instructora. La fundada negativa de Pérez de los Cobos irritó sobremanera al Ministro, que -olvidando que había sido juez antes que fraile- decidió la su fulminante destitución.  Gámez le informó por teléfono de su destitución por no haber informado a sus superiores sobre el informe. Marlaska atribuyó en un primer momento el cese a la “pérdida de confianza”, pero, más tarde, lo calificó de decisión rutinaria de cambios de puestos, que había sido decidida con anterioridad al incidente.

La autoritaria e injustificada decisión de Marlaska ha sido criticada por las asociaciones judiciales y profesionales de la Guardia Civil y por los partidos políticos y medios de comunicación no “apesebrados”. La Asociación pro Guardia Civil ha afirmado que Pérez de los Cobos había sido cesado por cumplir las órdenes de la juez, y la distintas Asociaciones Profesionales han exigido explicaciones urgentes al Ministro de Interior. Los números 2 y 3 de la Benemérita, los tenientes generales Laurentino Ceña y Fernado Santafé, han dimitido por desacuerdo con la decisión del Ministro.

La Asociación Profesional de la Magistratura ha señalado que Marlaska ha podido infringir hasta ocho disposiciones de la Constitución, de la Ley de Fuerzas y Seguridad del Estado y el Real Decreto que regula la Policía Judicial. El artículo 126 de la Constitución establece que la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Los agentes de la Policía Judicial dependerán orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de la autoridad judicial que esté conociendo del asunto objeto de la investigación. Se  atendrán a las órdenes y directrices que hubieren recibido, sin que las instrucciones de carácter técnico de sus superiores jerárquicos puedan contradecirlas, e informarán del resultado de sus investigaciones a la autoridad judicial. Deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultados de su investigación y no podrán ser removidos de sus puestos ni apartados de la investigación concreta que se les hubiere encomendado hasta que finalice la misma o la juez competente adopte una decisión al respecto. La Asociación ha solicitado a Marlaska que restituya en el mando a Pérez de los Cobos hasta que finalice la instrucción del caso investigado. Según la Asociación Francisco de Vitoria ha habido un intento de  del Gobierno de obtener información sobre un informe de la Policía Judicial, y la Asociación de Fiscales ha hablado de intromisión ilegítima del poder ejecutivo en el judicial. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha acusado a Marlaska de desviación de poder  al destituir a Pérez de los Cobos por no haber revelado al Gobierno datos averiguados por la Policía Judicial en una investigación criminal. 

Los partidos de la oposición exigieron la comparecencia del Ministro del Interior  en el Congreso para que explicara su decisión y Marlaska fue asaeteado por las críticas de muchos diputados, que lo dejaron K.O.  Especialmente incisivas fueron las preguntas acusadoras de la diputada de Vox, Macarena Olona, que le recordó que, en sus tiempos de juez de la Audiencia Nacional, había ordenado a los agentes de la Policía Judicial que investigaban el “Caso Faisán” que sólo le informaran a él del resultado de sus investigaciones y no a sus superiores. Olona anunció que Vox presentaría una querella contra la Directora General de la Guardia Civil y contra el Secretario de Estado de Seguridad, y aseguró al Ministro que caería con la caída de sus subordinados, y pidió su dimisión. Voz ha presentado una proposición no de ley para pedir la reprobación de Marlaska por el Congreso y que el Gobierno lo destituya.

Marlaska, hundido en la miseria, mintió como un bellaco, balbuceó explicaciones confusas y poco convincentes, y no contestó a ninguna de las preguntas concretas que se le formularon.. Como ha comentado Jorge Bustos, nunca nadie mintió  tanto, ni se defendió tan mal, ni dio tanta pena por comparación de la imagen de juez íntegro que le devolvía el espejo, antes de venderse a un aventurero sin honor por unos años de cartera. Si aún le quedara un resto de dignidad y de autoestima, ya debería haber presentado su dimisión y, si no lo hace y el Presidente no lo destituye, el problema de Marlaska –como ha dicho Pedro J. Ramírez- se convertirá en el problema de Sánchez.

La destitución de Pérez de los Cobos ha sido acogida con regocijo por los independentistas catalanes, que le habían cogido la matrícula por su actuación durante los disturbios del 1-0 y por su impecable declaración ante el Tribunal Supremo en el juicio contra sus responsables. Gabriel Rufían comentó que no debía ser destituido, sino juzgado por su actuación, Jaume Asens que debería ser Pérez de los Cobos y no Trapero el que estuviera esperando sentencia, y la ANC que, en un país plenamente democrático, debería haber sido juzgado por la represión ejercida sobre el pueblo de Cataluña.

Los medios de comunicación afines al Gobierno –como “El País”-, se han lanzado en tromba para tratar de desprestigiar el informe de la Policía Judicial con titulares como “El informe de la Guardia Civil está plagado de errores. Omite  datos importantes y fechas claves. Se hace eco de noticias falsas” o “el informe contiene especulaciones y medias verdades”. Pero, lo especialmente grave, ha sido el lanzamiento de la Abogacía del Estado por el Gobierno contra la juez Rodríguez-Medel al presentar un recurso contra su auto de procesamiento, con unas malas formas que no son de recibo. Rosa María Seoane se ha ofrecido de nuevo para realizar la labor sórdida de zapa, al acusar a la juez de iniciar un proceso penal sin tener indicios, sobre la base de sospechas e hipótesis, y de abrir una causa general y prospectiva contra el Gobierno. Ha afirmado que era notorio que, hasta el 14 de marzo, no había resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria que limitara las concentraciones de personas y de que, de los hechos denunciados, no se desprendía ninguno de los elementos constitutivos de los delitos de prevaricación o de lesiones imprudentes. Tanto Seoane, como su jefa, Consuelo Castro, deberían haber seguido el ejemplo de los altos mandos de la Guardia Civil -que han presentado dignamente su dimisión- y no ensuciarse las manos como abogadas, no del Estado, sino de un Gobierno difícilmente defendible.

La Asociación contra la Gestión del Coronavirus ha ampliado la acusación a Franco por un delito contra las libertades, y pedido a la juez instructora que investigue a Fernando Simón por los delitos de desobediencia y denegación de auxilio, por haber cometido una flagrante dejación de funciones y puesto en peligro la salud pública. Por otra parte, Rodríguez-Medel ha enviado un recado al Secretario de Estado de Seguridad para recordarle que la Policía Judicial dependía exclusivamente de los jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal.

Según Rafa Latorre, el Gobierno está incurriendo en una degradación imparable y no queda una sola institución que no haya sido sacrificada a la pervivencia de Sánchez en el Gobierno, ya sea el Centro de Investigaciones Sociológicas, la Abogacía del Estado, la Guardia Civil o, últimamente, la institución judicial. El Gobierno ha lanzado una campaña triunfalista, cuyo lema ha sido que de la crisis sanitaria “salimos más fuertes”. Para David Jiménez Torres, esto no es cierto, pues las estructuras del Estado han sufrido un fuerte desgaste y ha aumentado el recelo de buena parte de los gobernados contra los gobernantes, de lo que dan testimonio las caceroladas. Hoy estamos más traumatizados y empobrecidos y con menos fe en el Gobierno y en las instituciones.


 

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