La justicia popular discrimina a las víctimas de abusos sexuales

La Asociación de Víctimas de Abusos VERITAS, desconocida para el común de los mortales excepto para un grupo de personas y los medios de comunicación de Sevilla, ha puesto en marcha en una conocida plataforma de internet una campaña de recogida de firmas para que se reforme el Código Penal de tal manera que los delitos de abusos sexuales no prescriban, como hasta ahora, a los cinco años. Después de una semana de agitación en los medios y en las calles, en el gobierno y en la oposición, en los ayuntamientos y hasta en Europa, con las calles repletas de manifestantes y feministas destilando odio en las redes sociales, resulta que nadie, absolutamente nadie, de todos los que han exigido, en caliente, la reforma del Código Penal, nadie ha caído en lo rídiculo que supone que los abusos sexuales prescriban a los cinco años. Ni el ministro Catalá, ni el resto de los políticos populistas españoles que son, aparentemente, todos, ninguno ha reparado en tal despropósito. Han tenido que ser las 32 víctimas del psiquiatra Javier Criado las que hayan puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en internet ante la indiferencia de las administraciones, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, colectivos feministas y congregaciones religiosas que, a diferencia de la joven denunciante de Pamplona, no han querido ofrecer su solidaridad ni consideran hermanas a este numeroso grupo de mujeres que han denunciado haber sufrido terribles abusos sexuales por parte del afamado psiquiatra, un caso del que nunca sabremos la verdad porque los presuntos delitos han prescrito. La justicia popular, esa que dicta sentencias y provoca que todo un ministro arremeta contra un magistrado, esa que manda a la cárcel o a su casa a inocentes o culpables, que se nutre desde los púlpitos televisivos, no está para atender a las 32 mujeres, 32, cuyas vidas quedaron destrozadas por quien estaba llamado, precisamente, a aliviar sus dolencias. Las víctimas de Criado llevan recogidas 1.500 firmas en change.org para que se reforme el Código Penal y se amplíe el plazo de prescripción de los delitos de abusos sexuales. En el mismo portal de internet, una petición para inhabilitar a los magistrados que dictaron la sentencia a La Manada lleva recopilada casi millón y medio de firmas. Un caso cerrado en falso sin que nadie alzara la voz.




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