El ex vicepresidente del Sevilla FC, Manuel Vizcaíno, será juzgado por la Audiencia y se expone a dos años y medio de cárcel

El actual presidente del Cádiz es acusado de haber recibido una ayuda irregular de 300.000 euros de la sociedad de capital riesgo Invercaria, de la Junta de Andalucía

El Juzgado de Instrucción número 16 ha remitido a la Audiencia Provincial de Sevilla para su enjuiciamiento la causa abierta contra el exdirectivo del Sevilla y actual presidente del Cádiz C.F., Manuel Vizcaíno por una ayuda de 300.000 euros que la sociedad de capital de riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, entregó a su empresa Own Spa. Junto a Vizcaíno, para quien la Fiscalía reclama dos años y medio de prisión, se sentará en el banquillo junto a su hermana, María Ángeles Vizcaíno Fernandez, y el presidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo. Asimismo, la sociedad pública ha sido apartada de la acusación al no presentar cargos contra las tres personas investigadas. La información la avanza hoy Rocío Velis en El Correo de Andalucía y es continuación de la que ya se ofreció el pasado mes de noviembre.

En un auto dictado el pasado 22 de enero, el titular del juzgado, Juan Gutiérrez Casillas, envía esta pieza separada a la Audiencia para que sea repartida a algunas de las secciones penales dentro del turno especial de reparto de causas complejas. En el documento, el magistrado acuerda que se remitan «las actuaciones íntegras», quedando a disposición del «órgano judicial al que le corresponda el conocimiento de esta causa, si los hubiere, los efectos, los objetos intervenidos y las cantidades consignadas y/u ocupadas».

El magistrado también acuerda que sean apartados y «expulsados» del procedimiento como acusaciones particulares tanto la sociedad Invercaria, como la Agencia IDEA e Inverseed S.A, la empresa pública de Capital Semilla de Andalucía, «al no haberse formulado acusación contra ningún investigado en esta causa».

Esta pieza separada fue cerrada en noviembre de 2017, cuando el juez dictó el auto de procesamiento por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.




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