Terremoto en la Junta: Sánchez niega reformar la financiación autonómica

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha advertido este miércoles de que la reforma del modelo de financiación autonómica no es una cuestión que “admite aplazamientos” ni tampoco “acuerdos bilaterales” entre el Gobierno central con las comunidades autónomas

Así lo ha indicado en una atención a medios en el Parlamento andaluz después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya descartado reformar el sistema de financiación en lo que queda de legislatura y anunciado que negociará mejoras económicas para cada una de las comunidades autónomas hasta la convocatoria de nuevas elecciones generales.

El consejero andaluz de Hacienda ha querido remarcar que el que “las comunidades autónomas dispongan de recursos suficientes para hacer frente a competencias de las que son responsables no es un mero problema financiero, sino que es una cuestión de calado”, porque las autonomías tienen bajo su responsabilidad la “prestación de servicios fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos”.

En todo caso, ha revelado que por parte del Gobierno andaluz ya han hablado con la ministra de Hacienda y exconsejera del ramo en la Junta andaluza, María Jesús Montero, expresándole “nuestra preocupación”, y han quedado “a la espera de que se nos detalle en qué consiste esa idea”.

Arellano ha admitido que la reforma de la financiación autonómica “no es una cuestión fácil”, pero ha apostillado que el Parlamento andaluz “ha dado ejemplo” de que, si se aborda una cuestión que no es fácil a través del diálogo “es posible un acuerdo de muy amplio espectro”, y, en todo caso, se requiere “lealtad, transparencia y liderazgo para sacar esta cuestión adelante”.

Además, ha insistido en que “no es un asunto que sea un conjunto de acuerdos bilaterales” ni se puede hacer “en mesas individuales”, porque “están en juego cuestiones tales como la definición de los servicios públicos”, por lo que debe llevarse a cabo “en una mesa amplia y con espíritu de consenso”.




 

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