Griñán se escuda en la Cámara de Cuentas que «no reprochó» el programa presupuestario de los ERE

El expresidente de la Junta  ha recordado que fue el encargado de proponer, cuando en 2011 comenzó la instrucción de la causa, al Consejo de Gobierno que «todo el 31L», desde el año 2001 hasta el 2010, se fiscalizara por la Cámara de Cuentas»

El expresidente de la Junta y exconsejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán ha resaltado que la Cámara de Cuentas «nunca» hizo «reproche» o «tacha, y, mucho menos, de ilegalidad» del programa presupuestario 31L con cargo al que se pagaban las ayudas investigadas en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos ni sobre las transferencias de financiación, usadas por la Consejería de Empleo para allegar fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y posteriormente la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para el abono de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

De esta manera se ha pronunciado reiteradamente el presidente de la Junta, a preguntas del fiscal y de su abogado, José María Mohedano, en la sesión de tarde de este miércoles del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y directas a empresas de los ERE.

«En ningún ejercicio ha hecho tacha alguna del programa 31L o de las transferencias de financiación» la Cámara de Cuentas tras ser informada y controlar las cuentas generales de la Junta cada año. En este sentido, Griñán ha resaltado que el control externo, en referencia a este órgano, tampoco hizo «tacha, y, mucho menos, de ilegalidad».

En la última pregunta del fiscal Manuel Fernández Guerra, que ha interrogado a Griñán durante unas cinco horas, el expresidente ha ratificado su declaración ante el Tribunal Supremo en la causa abierta por los ERE en abril de 2015, precisando lo que conocía de la causa, el escrito de elevación. A este respecto, ha resaltado que, según el instructor Alberto Jorge Barreiro, «no había malversación» en la causa investigada.

Griñán, que ha asegurado que «nunca» despachó con el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, ha manifestado que «ignora» que existiera un despacho entre la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el ex interventor general Manuel Gómez sobre el uso inadecuado de las transferencias de financiación, por el desfase en las cuentas del IFA/IDEA o por deficiencias de control. «Si existió, no me lo comunicó» Aguayo, ha añadido.

De otro lado y como ya hiciera ante el Supremo, Griñán ha señalado que no conocía el informe encargado a Garrigues por la Dirección General de Trabajo en 2009, al frente de la que se encontraba Juan Márquez, y en el que se decía que se estaban «dando ayudas al margen del procedimiento». «Es absolutamente inadecuado que se sometiera una cuestión del gabinete jurídico de la Junta a un gabinete externo y nunca debió solicitarse».

Tras una serie de preguntas del fiscal sobre el pago de pólizas o ayudas fuera del procedimiento por parte de la Dirección General de Trabajo, el representante el Ministerio Público ha cuestionado a Griñán si Manuel Recio –consejero de Empleo– y Antonio Ávila –consejero de Economía–, tras el proceso de revisión de expedientes de las ayudas tras conocerse el comienzo de la instrucción de la causa, le informaron de irregularidades.

Ha asegurado que «tenían obligación» de remitir al juzgado a través del gabinete jurídico si detectaban «algo irregular» en la revisión, ante cualquier apariencia o presunción de quebramiento penal». Además, ha considerado «no sólo discutible, sino censurable» algunas cuestiones de las detectadas en la revisión de expedientes.

De otro lado, ha explicado que el presupuesto del programa 31L para 2005 suponía el 16 por ciento del total de Consejería de Empleo. ¿Y sobre el presupuesto de la Junta?, ha preguntado el abogado defensor. «Eso es para nota», ha expresado Griñán, precisando que «no ha pasado nunca del 0,3 por ciento».

El abogado de Griñán ha exhibido un documento de una modificación presupuestaria, que ha tenido que ser subsanado por la Junta de Andalucía por un error al enviarlo a la sede judicial por falta de un folio, no sin antes contar con la protesta de la acusación del PP-A por entender que se trataba de una prueba documental nueva.

Tras esto y mientras se escuchaban en la sala donde se celebra la vista oral palmas por sevillanas desde la calle, Griñán ha admitido que «nunca» ha elevado una modificación presupuestaria al Consejo de Gobierno «sin el visto bueno» del secretario general técnico de Empleo –o de la Consejería correspondiente–, la firma del director general de Presupuestos y del informe preceptivo de la Intervención General.

Tras exhibirse las cuentas anuales de entidades sometidas al Control Financiero Permanente de 2003, 2004 y 2005, Griñán ha señalado que se evidencia que el resultado en IFA/IDEA es positivo y, en el último caso, déficit cero. De otro lado, se han expuesto los cuadros de los seis años que el expresidente estuvo al frente de la Consejería sobre el estado de liquidación de los presupuestos de gasto en la cuenta general formulada por la Intervención General y fiscalizada por la Cámara de Cuentas del programa 31L. «En ningún momento ha habido déficit, siempre fueron inferiores los gastos comprometidos y obligaciones reconocidas que los créditos disponibles», ha afirmado Griñán.

Por último, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, ha querido cuestionar a Griñán, tras algunas respuestas dadas en instrucción y en el juicio por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, sobre el conocimiento del Consejo de Gobierno, de los miembros de éste y del presidente de la Junta del programa 31L a través de las modificaciones presupuestarias.

Según ha reconocido el expresidente, el Consejo de Gobierno «conoce que el crédito presupuestado transfiere fondos del 31L a IFA/IDEA, que paga las ayudas que previamente concede la Consejería de Empleo», pero ha advertido de que el presidente, ni los consejeros que no sean de Empleo ni el Consejo de Gobierno «conocen la gestión del programa 31L».

Así, ha precisado, ante la insistencia del presidente del tribunal, que en la ficha de la modificación presupuestaria viene «claramente definido» la cantidad, a lo que se destina el crédito (ayudas sociolaborales) y el órgano gestor (la Dirección General de Trabajo)».

Tras concluir la declaración de Griñán, el próximo en subir al estrado para prestar declaración el próximo lunes 16 de abril, lunes de Feria de Abril de Sevilla, será el expresidente de la Junta Manuel Chaves, para quien la Fiscalía solicita diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.




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