Así lo ha confirmado este sábado el abogado Javier Muriel, que ejerció la defensa del padre Román en el procedimiento que se siguió contra él por presunto abuso sexual, y que desembocó en un juicio celebrado el pasado año 2017 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada del que resultó absuelto.
De esta manera, el letrado ha confirmado la información publicada por el semanario religioso ‘Vida Nueva’, relata que el encuentro entre el Papa y el padre Román se celebró el pasado 12 de julio, y a él también asistieron otros dos sacerdotes señalados en el presunto caso de abusos sexuales.
De acuerdo a la información difundida por ‘Vida Nueva’, el Papa pidió a estos sacerdotes “perdón hasta en tres ocasiones, por el daño que les hubiera podido generar el hecho de que la Iglesia en general les hubiese dado la espalda”, así como por “aquellas llamadas al denunciante que, sin buscar juzgar, se convirtieron en un refrendo de credibilidad para él frente a los sacerdotes”.
Francisco les animó además “a seguir adelante” con su actividad pastoral, “con la generosidad de cualquier otro sacerdote”, según informa la citada cabecera de información religiosa.
La Audiencia de Granada absolvió al padre Román tanto por la falta “total y absoluta” de pruebas contra él como por la “inconsistencia del relato” del denunciante, que, a juicio de la sala, incluyó “graves contradicciones” y aspectos “absolutamente inverosímiles”. La sentencia, no obstante, fue recurrida ante el Tribunal Supremo.
Cuando el arzobispo de Granada, Javier Martínez, declaró como testigo en el juicio del llamado ‘caso Romanones’ afirmó que “jamás” se le había trasladado “la más mínima sospecha de una conducta sexual inapropiada” del padre Román.
El prelado afirmó que tras tener conocimiento de la denuncia por abusos se puso a disposición del denunciante. Aunque sacó los billetes para trasladarse a Roma, fue informado de que la Santa Sede ya estaba al tanto del asunto y, de hecho, fue decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe apartar del ejercicio pastoral al padre Román y dos sacerdotes más como medida cautelar.
El arzobispo incidió en que él no era competente para investigar los hechos, pues debe hacerlo la citada congregación, por lo que se limitó a tomar declaración a estos sacerdotes bajo secreto pontificio y sin revelarles la identidad de los denunciantes, en el marco de las indagaciones que realizó sobre este asunto.
En la documentación que remitió posteriormente a la Congregación para la Doctrina de la Fe definió la denuncia del joven como “verosímil” y agregó que, de confirmarse los hechos, esto “explicaría ciertas actitudes del grupo”, del que había recibido quejas por su carácter “hermético”.
No obstante, matizó que el expediente se centraba en los hechos denunciados y solo recogía una “investigación previa” y “no concluyente” de los mismos, en el marco de expediente canónico que entregó al Juzgado de forma “voluntaria” trgcas recibir autorización de sus superiores.
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