La inseguridad jurídica en España llega a ser comparable con cruzar a diario un campo de minas. El balance que dan más de diez años desde el crimen de Marta del Castillo, es de una indecencia judicial que da terror imaginar vernos en un día fatal de la vida propia, la de cualquiera, involucrados en un caso semejante, en un calvario similar al de sus padres. Sólo por descartar la más mínima posibilidad de un horizonte dramático de insoportable sufrimiento, la sociedad debería reivindicar con energía democrática la reforma urgente del Código Penal y del Poder Judicial.